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Propuesta para la estación del tren. ministerio transportes

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, recibe este miércoles en Madrid, si no hay cambios de última hora, a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, para abordar en un encuentro institucional, el primero entre ambos desde que Carazo llegó a la Alcaldía, el proyecto de la integración de las vías del tren en la ciudad. 

Será el primer encuentro institucional entre el ministro de Transportes y la alcaldesa

Tras las duras críticas iniciales porque el ministro no aprovechó el viaje que hizo Granada a principios de mes a Granada para reunirse con la alcaldesa, que le había reclamado por carta en varias ocasiones ese encuentro, tanto Carazo como su gobierno han evitado ahondar en la reprobación. En su lugar, la alcaldesa ha aprovechado para buscar protagonismo en el proyecto, el que acaparó Puente anunciando en Granada la propuesta del Gobierno de España para la reivindicación histórica de la ciudad respecto a la entrada de las líneas ferroviarias.

El ministro anunció una propuesta de integración urbana del ferrocarril en Granada, en lugar del soterramiento que colectivos vecinales, instituciones granadinas y partidos venían demandando. La actuación, explicó el ministro,  permitirá transformar la ciudad y su movilidad en el entorno de las vías del tren al mejorar la permeabilidad, promover el despliegue de zonas verdes e itinerarios para peatones y bicis y reducir la contaminación acústica.

Según detalló, los trabajos planteados tienen un impacto mucho menor en la movilidad y en el tráfico viario y nulo en el tren, ya que son compatibles con la explotación ferroviaria, y tiene unos plazos de ejecución mucho más reducidos, por lo que la integración podría estar concluida en 2031-2032.

La integración blanda supone, además, un esfuerzo económico acotado y asumible por todas las administraciones implicadas (Adif, Ayuntamiento y Junta de Andalucía). Según ha explicado el ministro, la integración está valorada en unos 230 millones de euros, mientras que el coste del soterramiento se estima en unos 760 millones de euros, de los que la Junta y el Ayuntamiento tendrían que aportar 446 millones de euros, aplicando los principios recogidos en la Ley de Movilidad, que está tramitándose en las Cortes Generales.

Tras el anuncio del ministro, la alcaldesa ha evitado el choque y ha optado por recobrar el protagonismo que acaparó Puente anunciando la propuesta de integración en Granada

El trazo grueso de la propuesta no era nuevo. Por varias razones. La primera de ellas porque en noviembre del pasado año, con el PP ya acomodado en la Alcaldía y el ministro recién responsabilizado de su cartera, el gobierno local aseguró que había encontrado en el Ayuntamiento un esbozo de proyecto en esos términos. Surgieron las primeras críticas, tanto al Gobierno de España como al anterior equipo socialista, al que acusó de ocultarlo. En ese momento, en el tramo final de 2023, la alcaldesa se pronunció a favor del soterramiento, como hizo durante la campaña de las municipales. Incluso llegó a hablar de una estación con "configuración subterránea". 

No era nueva, como se ha apuntado, por una segunda razón: ya en enero de este año, en su primera comparecencia ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso para informar sobre las líneas generales del Ministerio que había comenzado a dirigir, Óscar Puente se mostró partidario de de "soluciones más amables y eficaces" que los soterramientos para integrar las vías. De nuevo las críticas no se hicieron esperar. El diputado del PP por la provincia Carlos Rojas dijo que Granada no podía ser "menos que otras ciudades". 

Todo esto es historia reciente para un proyecto del que se habla desde hace varias décadas y refleja como pocos los vaivenes de instituciones y partidos políticos. 

Este martes, el portavoz del equipo de gobierno local de Granada, Jorge Saavedra, que acompañará a Carazo en la reunión en Madrid, ha indicado que espera que el Gobierno central muestre una "actitud flexible para escuchar la voz de la ciudad" tras un encuentro mantenido con asociaciones de vecinos para explicar el proyecto de integración del ferrocarril que se va a analizar.

Ha destacado el trabajo técnico desarrollado por el Ayuntamiento con los colegios profesionales sobre el proyecto facilitado por el Gobierno y la apuesta de Carazo por conocer "el sentir de otros colectivos como puede ser Granada por el Tren".

Los barrios de Pajaritos, Rosaleda, Chana y Bobadilla son los que "directamente" se pueden ver más afectados por este proyecto de "transformación de la ciudad" que es también "una oportunidad" para "acabar con esa división" marcada históricamente por las vías del tren en esta zona al norte de la ciudad, ha añadido Saavedra, según recoge Europa Press.

La alcaldesa pedirá una mesa técnica para concretar el convenio a tres -Ministerio, Ayuntamiento y Junta- para la financiación

La alcaldesa tiene previsto pedir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la creación de una mesa técnica para la integración del tren a su entrada en esta ciudad andaluza, con base en un "convenio a tres" en el que también participe la Junta.

Para ello, "el soterramiento es una fórmula", y el Ayuntamiento acudirá a dicho encuentro "sin renunciar a nada", indicó a la prensa la alcaldesa después de que la Junta incluyera el proyecto en el documento que entregaba el presidente andaluz, Juanma Moreno, en La Moncloa a Pedro Sánchez en la reunión que mantuvieron el pasado viernes.

Es un proyecto que tiene que salir adelante "a tres bandas", insistió al respecto Carazo tras agradecer a Moreno su "compromiso" por participar en el mismo, siguiendo la línea del ejemplo de Almería.

A propósito de la propuesta del Ministerio y de la reunión, la Plataforma Provincial por el Tren ha trasladado un decálogo de propuestas que incluyen acondicionar la línea convencional para que pueda acoger un tren de cercanías. La plataforma ciudadana ha recordado que ha sido el único colectivo que siempre ha planteado una alternativa diferente al soterramiento por sostenibilidad, razones económicas y también para evitar la especulación urbanística. En este sentido, una de sus propuestas es evitar que la operación se financie a través de la construcción de viviendas.