El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, que controla la legalidad de los contratos de la Administración autonómica, ha rechazado por “infracciones legales insubsanables” el gran contrato de 201 millones que el Gobierno andaluz de mayoría absoluta del PP quería destinar a la sanidad privada, como plan de choque para ‘aliviar las listas de espera’.

Con este nuevo contrato millonario para la privada, ahora anulado, que sumaba en total más de 734 millones, la Junta de Andalucía pretendía derivar a pacientes en lista de espera de especialista y quirúrgica a la sanidad privada, incluso para operarse en otras comunidades autónomas limítrofes, como Murcia o Extremadura

Con este nuevo contrato millonario para la privada, ahora anulado, que sumaba en total más de 734 millones, la Junta de Andalucía pretendía derivar a pacientes en lista de espera de especialista y quirúrgica a la sanidad privada, incluso para operarse en otras comunidades autónomas limítrofes, como Murcia o Extremadura.

La decisión del Tribunal, al estimar parcialmente el recurso especial interpuesto por la una empresa de pruebas diagnósticas de Córdoba, ha obligado a la Consejería de Salud y Consumo a dar marcha atrás al contrato, según informó la cadena Ser en Andalucía.

Así consta en la Resolución de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS, a la que ha tenido acceso El Independiente de Granada.

En la resolución, el SAS acuerda el “desistimiento del procedimiento de adjudicación del acuerdo marco con varios empresarios por el que se fijan las condiciones para la contratación del servicio de asistencia sanitaria complementaria para pruebas diagnósticas a usuarios del SAS en centros sanitarios y servicios privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía y provincias limítrofes pertenecientes a otras Comunidades Autónomas”.

De esta forma, la Junta de Andalucía, como señala la resolución del SAS, se ve obligada a proceder al “archivo del expediente”

De esta forma, la Junta de Andalucía, como señala la resolución del SAS, se ve obligada a proceder al “archivo del expediente”.

El varapalo recibido por la Junta coincide con la reciente publicación de las listas de espera sanitarias, tras un año ocultándolas, que revelan que “más del 10% de la población de la provincia de Granada está en lista de espera quirúrgica y de especialista”.  En total, 70.000 pacientes esperan en Granada ser atendidos por un especialista y otros 24.000 para operarse., una situación insostenible.