Las universidades públicas andaluzas alertan de que los centros privados autorizados por la Junta carecen de la calidad exigida
Las dos universidades privadas autorizadas por la Junta de Andalucía en la última reunión del Consejo de Gobierno no responden a los criterios de calidad que deben exigirse a los centros universitarios. Así de contundentes se expresan los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas, que expresan su inquietud por este paso y reprochan al Gobierno andaluz que anteponga otros criterios al de la calidad y excelencia.
Como recuerdan los rectores en el comunicado que han hecho público, no es la primera vez que han cuestionado la viabilidad de los proyectos que acaban de ser autorizados. En su momento, tras una reunión del Consejo Andaluz de Universidades, estas dos nuevas universidades recibieron un voto desfavorable de todos los rectores. "Este rechazo no estuvo motivado por el carácter privado de las propuestas, sino por considerarse fundadamente que no cumplían con los requisitos establecidos en el Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades" y "por no disponer dichas universidades de informes plenamente positivos en lo que a su calidad se refería".
Ese rechazo se fundamentó detalladamente en un pliego de alegaciones que no ha sido tenido en cuenta por la Junta.
A estas dos universidades cuyo anteproyecto de ley se acaba de aprobar se suma una tercera, explican los rectores y rectoras que recuerdan que, mientras la Junta da luz verde a estos proyectos, cuya calidad está en entredicho, las universidades públicas siguen necesitando "un modelo de financiación que mejore las condiciones laborales" de su personal docente, investigador y de servicio y que les permita "poder avanzar en la mejora de la calidad" de la docencia, la excelencia investigadora y también ampliar el número de plazas en las titulaciones con alta demanda para "poder prestar con garantías el sesrvicio público que nos corresponde".
Reproducimos a continuación el comunicado de los rectores y rectoras de las universidades públicas de Andalucía
En el día de ayer los rectores y rectoras de las universidades públicas de Andalucía tuvimos conocimiento de la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de los anteproyectos de ley para el reconocimiento de dos nuevas universidades privadas que pronto pasarán, por lo tanto, a formar parte del Sistema Universitario Andaluz.
Cabe recordar que estas dos nuevas universidades recibieron en su día el voto desfavorable de todos los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas firmantes en la sesión del CAU en la que procedía emitir informe previo. Este rechazo no estuvo motivado por el carácter privado de las propuestas, sino por considerarse fundadamente que no cumplían con los requisitos establecidos en el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios entonces en vigor y por no disponer dichas universidades de informes plenamente positivos en lo que a su calidad se refería. De hecho, en su momento, las universidades públicas andaluzas enviaron a la Consejería con competencia en universidades un pliego de alegaciones donde se daba fundamentación detallada a estos argumentos.
Este anuncio, junto con el conocimiento de que dos nuevas universidades privadas más han iniciado también su tramitación y una tercera la comenzará próximamente, despierta una gran inquietud entre las comunidades universitarias, pues, al mismo tiempo que se asiste a este crecimiento exponencial de la oferta privada en la Educación Superior, las universidades públicas seguimos necesitando un modelo de financiación que mejore las condiciones laborales de nuestro personal docente e investigador y de servicios y que nos permita poder avanzar en la mejora de la calidad de nuestra docencia, nuestra excelencia investigadora y ampliar el número de plazas ofertadas en las titulaciones con alta demanda para poder prestar con garantías el servicio público que nos corresponde.
En este sentido, los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas queremos expresar, una vez más, nuestra convicción de que los criterios de calidad y racionalidad de la oferta universitaria deben anteponerse a cualquier otro criterio de interés u oportunidad y que solo una Educación Superior pública que reciba una financiación digna y suficiente puede garantizar los valores de progreso, bienestar y justicia social en nuestra comunidad autónoma.
Firmantes:
- Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector de la Universidad de Almería
- Francisco Piniella Corbacho, Rector de la Universidad de Cádiz
- Manuel Torralbo Rodríguez, Rector de la Universidad de Córdoba
- Pilar Aranda Ramírez , Rectora de la Universidad de Granada
- Ma Antonia Peña Guerrero, Rectora de la Universidad de Huelva
- Juan Gómez Ortega, Rector de la Universidad de Jaén
- José Angel Narváez Bueno, Rector de la Universidad de Málaga
- Miguel Angel Castro Arroyo, Rector de la Universidad de Sevilla
- Francisco Oliva Blázquez, Rector de la Universidad Pablo de Olavide
Según informó la Junta este martes, el Consejo de Gobierno ha aprobado los proyectos de ley mediante los que se reconocen las universidades de naturaleza privada CEU Fernando III y Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) en el marco del sistema de enseñanza superior de Andalucía. De igual modo, ha tomado conocimiento del rechazo por parte de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la solicitud de implantación de la Universidad de la Costa del Sol y de la renuncia a continuar con el proceso de tramitación de otras dos instituciones académicas más: la Universidad Internacional del Mediterráneo (UNIMED) y la Universidad Internacional Lucio Anneo Séneca (UNILAS).
En el caso de las instituciones CEU Fernando III y UTAMED, una vez obtenido el visto bueno del Consejo de Gobierno, ambas normativas se trasladarán ahora al Parlamento para su debate y, en su caso, aprobación, tal y como establece el marco legislativo vigente definido por la Ley orgánica de Universidades del Estado y por el Real Decreto que la desarrolla, así como por la norma autonómica en la materia. De acuerdo con estos textos jurídicos, la puesta en marcha de este tipo de propuestas académicas en la comunidad debe llevarse a cabo mediante ley tras el respaldo del Parlamento.
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