La apuesta privatizadora de la Junta llega a la universidad
La Junta de Andalucía ha autorizado los trámites para implantar dos nuevas universidades privadas en la comunidad, la Universidad Fernando III el Santo y la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed), esta última vinculada al consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y con participación, como socio minoritario, del grupo Vocento.
La apuesta por estos dos proyectos privados por parte de la Junta han suscitado polémica y, a las críticas de partidos políticos y sindicatos, se suma la advertencia de las universidades públicas. Sus rectores y rectoras advierten de que se deben aplicar las mismas exigencias de calidad y reclaman una adecuada financiación para la red pública, aún no resuelta.
Según la información difundida por la Junta, la Universidad Fernando III, auspiciada por la Fundación San Pablo CEU, impartirá docencia mediante modalidad presencial. Se ubicará en el municipio de Bormujos, en la provincia de Sevilla, y contará con dos centros: la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas y la Escuela Politécnica Superior. Su oferta de títulos se compone de ocho grados y cinco másteres en materias relacionadas con la Administración y Dirección de Empresas, Marketing y Gestión Comercial, Relaciones Internacionales, Derecho, Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Auditoría de cuentas o Business Analytics y Big Data, entre otros.
La universidad de la empresa vinculada a Imbroda tendrá carácter online y contará entre sus socios con Vocento
Por su parte, el proyecto docente y de investigación de Utamed, impulsado por la entidad Sapere Aude Arco Mediterráneo SL, tendrá carácter ‘online’ -aunque su sede estará en Málaga- y se articulará a través de cinco centros: las facultades de Empresa Digital, Tecnología y Derecho y de Humanidades y Ciencias Sociales, una Escuela de Doctorado, un centro de I+D+I y otro de emprendimiento y transferencia. Asimismo, la enseñanza proyectada por esta institución se compone de 14 titulaciones: seis grados, siete másteres y un título de doctorado. Las disciplinas que se podrán cursar están relacionadas con las nuevas tecnologías, Marketing Digital, Derecho, Educación, Emprendimiento e Innovación, entre otras. Con carácter general, esta oferta académica está dirigida a un alumnado con dificultades para conciliar la vida profesional y la formación universitaria.
Esta última es la promovida por el Instituto Medac, la empresa dedicada al ámbito de la enseñanza de Formación Profesional que fundó Imbroda y de cuyo accionariado se vio obligado a salir cuando fue nombrado consejero. Precisamente esa vinculación y el hecho de que Medac haya aumentado su oferta en FP en estos años ha tenido siempre en el punto de mira a Imbroda, que ha recibido duras críticas, y hecho que se deslicen dudas sobre un presunto trato de favor a la que fuera su empresa. Una empresa, Medac, que se ha revalorizado. El pasado año fue adquirida por un fondo estadounidense por 200 millones de euros.
Los rectores y rectoras reclaman que se exija "los mismos estrictos requisitos de calidad que se demanda a las universidades públicas"
Ahora, las críticas aumentan. Y las reacciones no llegan únicamente de la esfera política y sindical, que las hay, sino de las universidades públicas andaluzas. Sus rectores y rectoras han expresado su convicción de que "cualquier incorporación de una nueva universidad al sistema universitario andaluz, o cualquier ampliación de la oferta de titulaciones en las ya existentes, debe pasar siempre por la exigencia a estas instituciones de los mismos estrictos requisitos de calidad que se demandan a las universidades públicas andaluzas, tanto en el ámbito de la formación académica, como también en el de la implantación y desarrollo de políticas de investigación y transferencia del conocimiento, que deben estar suficientemente acreditadas, así como en el de la puesta en marcha de programas de responsabilidad social, siendo obligación ineludible de las autoridades competentes y de la Agencia Andaluza de Evaluación (DEVA) velar por el cumplimiento de estos requisitos desde el momento de su creación y durante todo el desarrollo de sus actividades, de la misma manera que lo hace con las universidades públicas de esta comunidad autónoma".
En segundo lugar, ha expuesto su reivindicación de que "la creación de nuevas universidades de carácter privado se produzca, en todo caso, al mismo tiempo que se atiende al necesario fortalecimiento de las universidades públicas andaluzas, en cuanto a la financiación adecuada y suficiente para la correcta cobertura de sus necesidades de plantilla e infraestructuras materiales y en cuanto a las políticas necesarias para ampliar y actualizar su oferta de nuevas titulaciones de Grado y Posgrado y mejorar las relacionas con el tejido social y productivo. Solo con estas condiciones las universidades públicas andaluzas podrán continuar siendo una fuente de innovación y progreso para sus respectivos territorios y el principal agente de ascenso social y bienestar de la ciudadanía".
El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, al manifestarse sobre este asunto a preguntas de los periodistas, ha negado vínculo entre el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y el grupo empresarial Utamed. "Él dejó todas las actividades hace mucho tiempo" en la empresa, dijo Marín, quin respecto al crecimiento de universidades privadas en Andalucía agregó: "no sé cuál es el problema de que los chavales puedan formarse aquí y no tengan que marcharse fuera".
"¿El consejero pertenece a ese grupo?", se preguntó Marín en su respuesta, apuntando entonces "que yo sepa no, no sé qué relación tiene" Imbroda con el grupo promotor de Utamed, así como ha defendido en paralelo que "hay una apuesta clara por la educación pública" del Gobierno andaluz.
El vicepresidente de la Junta, según información de Europa Press, defendió que el acto administrativo adoptado por el Consejo de Gobierno sobre el inicio de tramitación de ambos proyectos de ley creadores de las dos universidades privadas es continuar con una iniciativa que es "una propuesta aprobada por el Ministerio de Educación, viene del Ministerio, lo que hacemos es refrendarla", en referencia a la pregunta de que ha habido un pronunciamiento contrario del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y esgrimir que "la tramitación no es ésa".
Los dos proyectos fueron autorizados en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada el pasado 7 de febrero. Antes, en diciembre, el consejero de Universidades, Rogelio Velasco, había defendido la implantación de universidades privadas. "La competencia es buena en todos los mercados", dijo entonces Velasco.
Informes en contra del Consejo de Universidades Andaluz y del Ministerio
Desde CCOO, la secretaria general de la Federación de Enseñanza en Andalucía, Marina Vega, expresó el "rechazo" del sindicato a la implantación de estas dos nuevas universidades privadas, exigiendo al Gobierno andaluz que "centre sus esfuerzos en reforzar el sistema universitario público, un modelo que ya es de calidad, que genera talento y contribuye a la creación de puestos de trabajo".
El sindicato explicó que actualmente la oferta formativa universitaria existente en Andalucía la componen diez instituciones públicas y la Universidad privada de Loyola. "Esta nueva oferta de instituciones privadas lo único que persigue es cargarse el sistema universitario público andaluz amparado bajo una política de privatización basada en la asfixia económica de las universidades públicas con un modelo de financiación que no da ni para pagar las nóminas y los gastos de mantenimiento", afirmó Vega.
En este sentido, en un comunicado recogido por Europa Press, añadió que "la ciudadanía debe saber que tanto la Utamed como la Fernando III el Santo (vinculada a la Fundación San Pablo CEU Andalucía) fueron rechazadas el pasado mes de diciembre por el Consejo Andaluz de Universidades (CAU). Este órgano, compuesto por los rectores y rectoras de las universidades púbicas, emitió un informe desfavorable que, si bien es obligatorio durante el proceso para la tramitación de la Ley, no es vinculante".
Además, indicó que los técnicos del Ministerio de Universidades "también han emitido un informe negativo" donde se pone de manifiesto "la falta de garantías sobre la sostenibilidad económica de los futuros campus, una deficiente planificación del profesorado y la imposibilidad de asegurar prácticas obligatorias externas".
CCOO exige a la Junta que "centre sus esfuerzos en reforzar el sistema universitario público"
Vega recordó que "es competencia directa de las comunidades autónomas velar por el cumplimiento del decreto de creación y reconocimiento de universidades, ya en vigor", algo que CCOO considera que "no se está haciendo". "Se están saltando la norma en beneficio de intereses privados afines al equipo de gobierno".
Tanto el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, como el de Universidades, Rogelio Velasco "nos quieren hacer creer que este proyecto viene a ocupar un terreno baldío que sumará y no restará a los estudios superiores andaluces. Sin embargo todo apunta a que estas dos nuevas iniciativas engrosarán la lista de lo que ya conocemos como universidades chiringuito", criticó.
"Nos oponemos frontalmente a que se implanten estos centros y seguiremos en la lucha por defender la enseñanza pública", resumió la secretaria de la Federación de Enseñanza.
La oposición pide explicaciones a Imbroda
Desde el PSOE andaluz, su vicesecretaria general y portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz, consideró, en unas declaraciones en Granada, que la aprobación de estos proyectos es un ejemplo más del "deterioro" de lo público, con un Gobierno, el de PP y Ciudadanos, que apuesta por lo privado. "No hay dinero para las universidades públicas, se recorta su presupuesto y sin embargo el Gobierno andaluz aprueba dos universidades privadas, en contra del criterio del Consejo Andaluz de Universidades y de los rectores".
"No estamos en contra de las universidades privadas, estamos en contra de que se asfixie la pública para darle alfombra roja al negocio de la privada. Siete universidades privadas está estudiando el gobierno andaluz en Andalucía, es indudablemente un cambio de modelo", apostilló.
Ángeles Férriz, la pasada semana en Granada. psoe-A
Por otra parte, Unidas Podemos por Andalucía ha recriminado al consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, por "utilizar su cargo" para autorizar la primera universidad privada online de Andalucía.
La portavoz de Unidas Podemos por Andalucía y secretaria de Servicios Públicos de Podemos Andalucía, Libertad Benítez, ha considerado que existe un "evidente conflicto de intereses" y ha acusado al titular de Educación de comportarse como un "lobista" de la educación privada dentro de la Consejería de Educación, según una nota de este partido recogida por Europa Press.
Benítez ha afirmado que el consejero Javier Imbroda "tiene intereses por ampliar sus negocios en la FP, ya que es él quien se encarga de diseñar cuántas plazas saldrán en las oposiciones".
Por ello, según la responsable de Servicios Públicos de Podemos Andalucía, la creación de la universidad privada Utamed es la prueba de que "tenemos al lobo cuidando de las ovejas".
También se han pronunciado desde Adelante. La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciado que los diputados no adscritos procedentes de dicha fuerza política preguntarán en el Parlamento andaluz al consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, por la "autorización" concedida por parte del Gobierno de la Junta de PP-A y Ciudadanos (Cs) "a una universidad privada que cuenta con solo siete meses de existencia, sin experiencia en el mundo universitario, con tres informes en contra de la Junta, el Ministerio y las universidades públicas, e impulsada, casualmente, por la empresa que fundó el propio Imbroda".
Así lo han señalado desde Adelante Andalucía en un comunicado en el que han criticado que Imbroda "haya incentivado la puerta giratoria con retroactividad, ya que primero crea él la empresa, la engorda favoreciendo la FP privada frente a la pública, después vende su empresa a un fondo de inversión por 200 millones de euros, y le abre por último la puerta a la universidad privada".
"Un negocio redondo", señala Teresa Rodríguez, quien se pregunta si Imbroda "está devolviendo favores o si ésta va a ser su puerta giratoria"
"Un negocio redondo", ha apuntillado Teresa Rodríguez, quien se pregunta si Imbroda "está devolviendo favores o si ésta va a ser su puerta giratoria", ya que "lo cierto es que su política educativa está dirigida hacia la privatización y el continuo fomento del sector privado educativo".
Al respecto, la portavoz de Adelante Andalucía ha anunciando que los diputados no adscritos alineados con esta formación preguntarán en el Parlamento directamente al consejero por este "asalto contra la educación pública".
Para Teresa Rodríguez, Imbroda debe explicar "por qué, pesar de tener tres informes en contra, aprueba una universidad de sus amigos". "No queremos encontrarnos dentro de un año con una noticia de que Imbroda se convierte en directivo de una universidad que él mismo aprobó unos meses antes, eso sí que es infame", ha resaltado la también parlamentaria andaluza.
Teresa Rodríguez ha opinado además que "no hacen falta más universidades privadas", sino "más inversión en educación para bajar la ratio y que las clases no estén saturadas, para contratar más profesores, más orientadores para los que más lo necesitan, o poner en marcha nuestra ley de bioclimatización, que está parada a pesar de haber sido aprobada porque no le dan fondos", según ha abundado.
"Hay un sinfín de reivindicaciones de la comunidad educativa que Imbroda conocería si se relacionara con ella y no solo con la privada", ha concluido la diputada.
