El 20 de diciembre de 1973 ETA había atentado mortalmente contra Luis Carrero Blanco, que encarnaba la línea más inmovilista del régimen y que estaba encargado de perpetuar el franquismo sin Franco; Carrero, que era “lo más parecido a un amigo que tuvo Franco”, como lo definió Preston. Carlos Arias Navarro le sucederá en la Presidencia del Gobierno en el inicio de una crisis energética de calado en todas las economías occidentales y en un contexto internacional desfavorable para las dictaduras: la caída del régimen griego de los coroneles y, en Portugal, el triunfo de la Revolución de los Claveles en abril de 1974 que acabó con el salazarismo. Pero Arias era más de lo mismo y, desde sus inicios, dejó claras sus intenciones reaccionarias cuando en enero de 1974 nombró a Cruz Martínez Esteruelas como ministro de Educación. Ese ministro que había sucedido al estrafalario Julio Rodríguez, el que se sacó de la manga el estrambótico calendario académico que había retrasado el inicio del curso 1973/74 hasta el mes de enero de 1974 y que se conoció como “año académico juliano”. Partidario de la teoría de las élites, una de sus primeras medidas fue la Ley de la Selectividad para acabar con la masificación universitaria y un decreto por el que, una vez agotadas las cuatro convocatorias de una asignatura, se acababan las posibilidades de estudiar, al tiempo que creó unos tribunales especiales para la represión académica.

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Cartel convocando manifestación contra las tasas académicas y contra el número clausus el 23 de septiembre de 1976. Copia en AHCCOO-A.

La Universidad seguía siendo, para el régimen, un problema de orden público y la política de Arias respecto a la Universidad nada tuvo que envidiar la de épocas anteriores

El Gobierno Arias, por tanto, seguía poniendo todo su énfasis en que el problema de la Universidad española era, básicamente, la crisis de autoridad que, a todas luces, y a su juicio, impedía meter en cintura a la disidencia universitaria. No descendía al problema de fondo, la falta de libertades y los pírricos recursos económicos destinados a la educación superior, que hasta 1977 no llegaban a la tercera parte de la media europea. Su respuesta siempre fue la misma: la represión. Así, a comienzos de 1975, ya siendo ministro Carlos Robles Piquer –cuñado de Fraga-, se volverán a cerrar muchas universidades como la de Valladolid, Salamanca o Valencia, era recurrente la entrada de la policía en los recintos universitarios o la presencia indiscreta de “secretas” en pasillos y aulas tomando nota de todos aquellos actos subversivos y de sus dirigentes por si se les podía denegar la prórroga del servicio militar, no concederles el certificado de buena conducta o impedirles que ingresaran en las milicias universitarias. La Universidad seguía siendo, para el régimen, un problema de orden público y la política de Arias respecto a la Universidad nada tuvo que envidiar la de épocas anteriores. La represión no languideció, antes al contrario, se endurecieron las medidas penales contra los agitadores ante los que no cabía dar ninguna imagen de debilidad. La naturaleza política de Arias no podía entender que la solución de la Universidad pasaba, precisamente, por dejar de incluirla en el apartado de orden público y de imponer las decisiones por la fuerza mediante sucesivos decretos o normativas restrictivas de la necesaria autonomía universitaria.

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Texto del cartel retirado por la policía en la Facultad de Filosofía el 4 de diciembre de 1975 sobre estudiantes detenidos. Archivo Gobierno Civil.

El aumento de la protesta obrera y estudiantil durante el primer semestre de 1975, por ejemplo, se respondió por el Gobierno con más policía en los recintos universitarios y culminó, por extensión, a toda la sociedad española, el 26 de agosto de 1975 cuando aprobó una durísima "ley antiterrorista" mediante el Decreto-Ley 10/1975, que posibilitaría el siguiente 27 de agosto el cierre de semanarios como Destino, Posible y Cambio 16. Esta ley ampliaba la pena de muerte y se dirigía contra:

El 26 de septiembre de 1975, en un Consejo de Ministros presidido por Franco, se discute la posible suspensión de las ejecuciones de once personas condenadas a la pena de muerte, las de los tres miembros de ETA y otros ocho miembros del FRAP. De todos ellos, fueron perdonados dos mujeres –que estaban embarazadas- y otros cuatro hombres. Las ejecuciones tuvieron lugar el 27 de septiembre, en medio de una protesta generalizada en medios nacionales e internacionales.

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Primera página del auto de prisión para Alicia Baches Baches, miembro de las Plataformas Universitarias de Estudiantes del 10 de octubre de 1975. Cedida por Alicia Baches.

A unos meses de la muerte del dictador, en Granada, el centro de atención de la policía seguía siendo la Universidad y el movimiento obrero

La primera protesta con más consistencia en Granada se producirá con ocasión del encierro en la Curia de 35 obreros y dirigentes de CCOO contra el paro, en abril de 1975, así como el apoyo que reciben con otro similar en la Iglesia de San Isidro. Las acciones posteriores a estos acontecimientos, con manifestaciones y escritos de solidaridad, son los que acaparan toda la acción represora durante el primer semestre en forma de multas, detenciones y encarcelamientos. Posteriormente, a partir del decreto antiterrorista, se producirá una clara ofensiva gubernamental contra toda la disidencia a partir del mes de septiembre de ese año, centrándose la actividad represora de la Brigada Político Social (BPS) contra los delitos de asociación ilícita y propaganda ilegal. Desde comienzos de septiembre hasta finales de octubre de ese año se habían producido en Granada –como se recogía en los medios de comunicación- una treintena de detenciones, centradas en el ambiente universitario, aunque probablemente llegaran al medio centenar. (Diario Ideal, 30-10-75, p. 15). A unos meses de la muerte del dictador, en Granada, el centro de atención de la policía seguía siendo la Universidad y el movimiento obrero.

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Notificación al Gobierno Civil de la policía sobre carteles retirados en Filosofía el 12 de noviembre de 1975. Archivo Gobierno Civil.

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Texto del cartel retirado por la policía en la Facultad de Filosofía el 12 de noviembre de 1975 sobre “La organización de estudiantes”. Archivo Gobierno Civil.

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Cartel retirado por la policía el 18 de noviembre de 1975 en el que se denuncian torturas a varios estudiantes. Archivo del Gobierno Civil. 

Efectivamente, a comienzos de septiembre se producirán una serie de detenciones en cascada relacionadas con las Plataformas Universitarias de Estudiantes (PUE). Es probable que la detención viniera dada porque un miembro de la BPS encontrara papeles comprometedores de las PUE en casa de una sobrina suya a la que le “dan una tanda de hostias” y, desde la tortura, dijera algunos nombres relacionados con esa organización. (Entrevista a Fernando Wulff). A partir de ahí tiran del hilo y muchos militantes de las PUE irán a parar a la comisaría. Algunos de los detenidos son Bruno Alcaraz Massat, José Antonio González Alcantud, Juan Jesús Gallegos Díaz, Francisco Muñoz Muñoz, José Vicente Pascual González, Alicia Baches Baches, Gádor Flores Navarro y Fernando Wulff Alonso, así como Juan Ángel Sainz Guerra, aunque éste pertenecía a las Plataforma Unitaria de Profesionales en la Facultad de Derecho. A la mayor parte de ellos se les abrirá el Sumario 1.393/75, serán multados e ingresarán en la cárcel, aunque ninguno fue juzgado posteriormente por ello.

La actitud de la policía en algunas de estas detenciones delata una agresividad desproporcionada con la militancia estrictamente universitaria de algunos o algunas de sus militantes

La actitud de la policía en algunas de estas detenciones delata una agresividad desproporcionada con la militancia estrictamente universitaria de algunos o algunas de sus militantes, sólo explicable porque buscasen pisos francos de militantes de organizaciones terroristas o para dar un escarmiento ejemplar. Por ejemplo, detendrán en su domicilio de la calle Azacayuela Alta a Alicia Baches Baches y Gádor Flores Navarro con un despliegue espectacular de policía en la calle taponando posibles salidas, así como un registro a golpe de pistola. La primera saldría en libertad después de estar varios días en comisaría, pero Alicia Baches sería conducida al Juez de Instrucción que decretó su ingreso en prisión, una multa de 250.000 pesetas y la apertura del expediente en el TOP.  Permanecerá en la cárcel de Granada casi tres meses, de donde saldría 3 días antes de la muerte del dictador. Se le instruye procesamiento  en el TOP, expediente 2.769/75. Al mismo tiempo se le impuso una fianza de 30.000 pesetas, que pagó su familia.

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Información de la policía a Gobernador Civil sobre actividades en torno a la petición de amnistía del 24 de enero de 1976, en la que se detallan algunas detenciones. Archivo del Gobierno Civil. 

Otro intento de detención espectacular es la de Fernando Wulff Alonso, donde dos jeeps de la policía, junto a algunos números de la BPS, subfusil en ristre, se presentan en su casa para detenerlo

Otro intento de detención espectacular es la de Fernando Wulff Alonso, donde dos jeeps de la policía, junto a algunos números de la BPS, subfusil en ristre, se presentan en su casa para detenerlo. Él no se encuentra allí, lo que no impidió el registro. Sin embargo, cuando se presenta en su casa, unas horas más tarde, su madre le insiste en que se entregue y, aunque sopesa algunas posibilidades –como exiliarse-, al final, decide entregarse porque en el balance personal que hace de la situación era mejor probar que él podía “aguantar a esos tíos” (refiriéndose a la policía). Para Fernando Wulff no se trataba sólo de un acto heroico de resistencia antifranquista, sino porque la policía franquista le parecía despreciable  Se presentará en la comisaría de Los Lobos, donde queda detenido. Ese mismo día lo trasladan a la Comisaría del Albaycín y, al día siguiente, otra vez a Los Lobos, donde será torturado durante los diez días que estuvo allí. Luego, el juez de instrucción le incoa expediente en el TOP y lo envía a la prisión provincial, donde permanecerá un mes, aproximadamente.

A mediados de septiembre se producirán otras detenciones relacionadas con la campaña contra la pena de muerte de militantes de ETA y del FRAP. Concretamente el día 13 de septiembre algunas estudiantes repartían propaganda contra esas penas de muerte. Serán detenidas, encarceladas y multadas con 500.000 pesetas, Mercedes Belbel Bullejos, Ana María Catena Delgado, Matilde Córdoba Fernández y Ángeles Hurtado Castillo. Derivado de estas condenas, será interrogado por un Coronel del Gobierno Militar de Granada y, posteriormente, por el Juez de Instrucción,  el dirigente del PTE, Roberto Mayoral Asensio. La comparecencia ante las autoridades militares y judiciales venía dada por la interpretación que Roberto Mayoral había hecho de estos fusilamientos en una mesa redonda que se había desarrollado en la Facultad de Ciencias. Roberto Mayoral considera que Nicolás López Calera, que moderaba la mesa redonda, hizo un papel importante para que no le imputaran nada las autoridades, aunque, según él, el coronel que le interrogó fuera al mismo tiempo testigo, instructor y parte del caso. Después de los interrogatorios quedó en libertad sin cargos.

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Nota informativa del Gobernador Civil de Granada al director General de Política Interior del 22 de enero de 1975 sobre actividades de los profesores Margarita Birriel y Juan de Dios Luque. Archivo Gobierno Civil.

Durante ese mismo mes serán detenidos, entre otros, algunos dirigentes de partidos comunistas clandestinos, como Manuel Monereo Pérez (PCE), los militantes del PTE, Esteban Rodríguez Ocaña (que estaba disfrutando un permiso militar para hacer los exámenes de septiembre), Julia García Leal y Amalia Tesoro Amate, al tiempo que Roberto Mayoral Asensio, a la sazón Secretario General de ese partido, tendrá que escapar del acoso policial a un piso franco en Madrid.

El mes de octubre seguirá siendo especialmente represivo, en la misma medida en que llegaban las noticias de la enfermedad del Dictador. En ocasiones, por ejemplo, la policía entrará a saco en las facultades para retirar carteles y llevarse detenidos a quienes los confeccionaban. Así, el 27 de octubre, por ejemplo, se detendrá a ocho alumnos/as de Medicina en el momento en que confeccionaban carteles “subversivos”. Ese mismo día fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad gubernativa, tras el registro efectuado en sus despachos, los abogados laboralistas de CCOO Fernando Sena Fernández y Miguel Medina Aceytuno, así como el médico Ildefonso Prieto Muñoz y otras dos personas más.

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Panfleto de la Joven Guardia Roja distribuido en la Universidad de Granada el 23 de octubre de 1975 sobre la represión a sus militantes. Copia en AHCCOO-A

Asimismo, la Guardia Civil detendrá al dirigente del MCA, Antonio Córdoba Fernández, junto a José Estepa Montero y un estudiante vasco cuando portaban propaganda de ese partido. Ese mismo mes detendrán a estudiantes del PTE/JGR como María de los Ángeles Argote Molina, por pertenencia a ese partido y a Domingo Díaz del Peral o Manuel Domínguez Cerrato, multados con 350.000 pesetas cada uno de ellos. De María A. Argote se dice que “participó a mediados del mes de febrero en una manifestación, siendo responsable de la colocación de un cartel subversivo en la Facultad de Derecho y participar en la siembra de trescientos ejemplares de panfletos en la Plaza del Triunfo el día 7 de septiembre y el 19 en la Avenida de Dílar de esta ciudad”. De Díaz del Peral, que “le ha sido intervenida, en su domicilio, una multicopista, con diversos útiles”. (Archivo Histórico del Gobierno Civil de Granada. Escrito del Gobernador al Director General de Política Interior, de 10.10.75. Caja 1325-A).

La actividad policial no descansará en los días previos al anuncio cierto de la muerte del Dictador

La actividad policial no descansará en los días previos al anuncio cierto de la muerte del Dictador. Es tal el nivel de represión en esos momentos que la propia policía se inventa una organización fantasma titulada “Coordinadora de Fuerzas Políticas y Grupos Autónomos” que, según la fuente policial, actuaba en la Universidad. La nota de prensa que remite a los medios, foto incluida, es pura fantasía propagandística, porque estaba más pensada para tranquilizar a las bases sociales del franquismo y en ella, además de dar cuenta de 27 detenidos, relata exhaustivamente todo el material incautado, de enormes proporciones. (Diario Ideal 12.11.75, portada y p. 24).

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Fotografías de Antonio Córdoba, Esteban Rodríguez, Gádor Flores, Julia García Leal, represaliados al final de la dictadura. Todas ellas de Alfonso Martínez Foronda. La última, de Fernando Wulff Alonso, sacada de internet. 

No obstante, el mes de noviembre es especialmente represivo. El 10 de noviembre la policía había detenido a diez militantes del PCE y de la Junta Democrática de Granada, como Herminia de las Mercedes Ruiz Fernández, cuando repartía propaganda de dicha Junta.  El día 11 de noviembre se había desautorizado una asamblea en el Colegio Universitario de Almería –dependía entonces de la Universidad de Granada-, a resultas de la cual serán detenidos el profesor de Filosofía Pedro Molina García y los estudiantes Miguel Moya Guirado y Francisco Aznar, pasando a la prisión provincial el profesor y el primero de los alumnos, lo que produjo un paro generalizado en este Colegio Universitario en solidaridad con los detenidos. Ese mismo día serían detenidos en Casería de Montijo con propaganda los estudiantes José Rodríguez Alaminos y Rafael Fernández Rodríguez. El 12 de noviembre detendrán a Carmen Morente Muñoz y a Encarnación Martín Rivas, después de poner un cartel en la Facultad de Filosofía y Letras. Ese mismo día el sacerdote Pope Godoy y los estudiantes de teología Leonardo Marín Malave y Florián Martínez Alfaro fueron detenidos al medio día en el interior de la Catedral mientras repartían propaganda, “mil quinientos ejemplares”, sobre la convocatoria de oración y ayuno contra el paro en Andalucía. El 15 de noviembre se producirá una caída de una veintena de militantes del PTE/JGR entre los que están varios estudiantes del Colegio Universitario de Jaén como Fernando Sánchez Mármol y Daniel Campos López. Pero también en ese mes había sido detenido el estudiante de 17 años Tomás Navarro Aparicio, militante de la CNT, que una vez detenido “se le dejó completamente desnudo días después de conocerse las autolesiones de otros dos detenidos”. Esos dos autolesionados eran los también detenidos José María Ruiz Povedano y Bruno Alcaraz Massat. Finalmente, el 29 de diciembre de ese año, detendrían en Almería a la estudiante Beatriz Iribarne Sánchez por repartir octavillas reivindicando la amnistía.

El activismo de los universitarios irá creciendo desde la muerte de Franco –a pesar de la represión- y se acentuará a comienzos del año siguiente, teniendo como eje la reivindicación de la autonomía y las libertades democráticas

Un número de detenciones muy abultado, pero que mostraba varias cosas: una, que en la Universidad se habían implantado ya un número considerable de organizaciones –fundamentalmente “comunistas”- a la izquierda del PCE como el MCA, la LCR, OIC o el PTA y otras como las Plataformas Universitarias, aumentando el número de los disidentes; pero también que la policía, a estas alturas, no podía desarticularlas tan fácilmente. A diferencia de las detenciones a comienzos de los setenta –que afectó fundamentalmente al PCE y a las CCOO- y que lograba paralizarlas temporalmente, ahora se había cambiado de táctica y se actuaba en pequeños grupos que no ponían en peligro sustancial todo el andamiaje organizativo. La propia Dirección General de Seguridad reconoce en enero de 1976 que “cuando se ha sorprendido a los autores de estas acciones, su detención no ha permitido desarticular la organización”. Aún así, el activismo de los universitarios irá creciendo desde la muerte de Franco –a pesar de la represión- y se acentuará a comienzos del año siguiente, teniendo como eje la reivindicación de la autonomía y las libertades democráticas.

Bibliografía:

• MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso (Coord.); SÁNCHEZ RODRIGO, Pedro; RUEDA CASTAÑO, Isabel; SÁNCHEZ RODRIGO, José María; CONEJERO RODRÍGUEZ, Miguel y RODRÍGUEZ BARREIRA, Óscar: La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-1981), Vol. I y II, Córdoba, El Páramo, 2012.
• MARTÍNEZ FORONDA,  Alfonso: La lucha del movimiento obrero en Granada por las libertades y la democracia. Pepe Cid y Paco Portillo: dos líderes, dos puentes. Fundación de Estudios y Cooperación de CCOO-A, Granada, 2012.
• SARTORIUS, Nicolás: El final de la dictadura. La conquista de la democracia  en España (noviembre  de 1975-junio de 1977), Ediciones Temas de Hoy, 2007, p. 153.
• Sumario a Alicia Baches Baches, en AHCCOO-A.
• Archivo Histórico del Gobierno Civil de Granada. Escrito del Gobernador al Director General de Política Interior, de 10.10.75. Caja 1325-A; Caja Dirección General de Política Interior, 1975-78, subcarpeta, partes del Gobierno Civil
• Dirección General de Seguridad, Informe policial correspondiente del 15 al 31 de enero de 1976.
• Entrevistas a Fernando Wulff Alonso, Gádor Flores Navarro, Matilde Córdoba Fernández, Carmen Morente Muñoz, Roberto Mayoral Asensio, Esteban Rodríguez Ocaña y Julia García Leal,  en AHCCOO-A.
• Diario Ideal, 30 de octubre de 1975; Diario Ideal 12.11.75, portada y p. 24.ç

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Alfonso Martínez Foronda. Licenciado en Filosofía y Letras, profesor de Secundaria e históricamente vinculado al sindicato CCOO, en el que ocupó distintas responsabilidades, como investigador ha profundizado en el movimiento obrero y estudiantil.

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Este es un espacio para el recuerdo y el homenaje a las víctimas del franquismo.



Para que nunca se olvide. Para que nunca se repita.



En colaboración con  

y las asociaciones memorialistas de la provincia de Granada.

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