¿Cómo es posible que para acreditar la propiedad de un bien la Iglesia católica pueda utilizar una mera certificación eclesiástica? Es la pregunta que se hace Manuel Navarro, responsable de Granada Laica, al analizar, en una conversación con El Independiente de Granada, el informe presentado por el Gobierno con las inmatriculaciones de la Iglesia. En el caso de Granada, de los 244 bienes inmuebles que detalla ese listado, en 167 de ellos el título utilizado para su registro fue esa certificación, mientras que sólo 77 utilizaron uno distinto.

No debería ser legal, apunta Navarro, que ha detectado carencias en el informe enviado al Congreso de los Diputados. Una de las principales, el hecho de que no aparezcan bienes importantes cuya inmatriculación está constatada. El caso más significativo es el de la Catedral de Granada.

El informe no cita a la Catedral granadina, sin embargo, el trabajo preparado durante años por Granada Laica consiguió acreditar, mediante nota de Registro, que había sido inmatriculada, como ocurre con otros bienes inmuebles de Atarfe, Moclín, Alhama, Almuñécar, Armilla y Albuñol que tampoco son mencionados. 

Navarro se muestra igualmente crítico con la falta de datos respecto a los bienes inmuebles. No están, como advierte, debidamente identificados. 

El informe supone "revertir la carga de la prueba", advierte Manuel Navarro

A su juicio, el informe pretende de alguna manera "legitimar el expolio" de la Iglesia católica. Y supone "revertir la carga de la prueba". Es decir, quien considere que esa propiedad no es de la Iglesia deberá recurrir a la vía judicial -o administrativa- para reclamary demostrar que la propiedad es suya.

La prueba de que el informe tiene "trampa" está, según advierte, en la rapidez con la que responsables eclesiásticos se han apresurado a expresar su satisfacción por avalar el listado la legalidad de las inmatriculaciones. "A ver quién le mete mano a estos 35.000 bienes. ¿Quién va a denunciar? Ni hay recursos ni medios, es impensable", agrega para insistir en que se trata de "una trampa total y absoluta". 

Que una parroquia o una ermita sea propiedad de un arzobispado puede entenderse -aunque hay casos en los que vecinos de una aldea han logrado probar ante un juez que era el ayuntamiento el que pagaba facturas de la luz o reparaciones y que incluso era utilizada para salón de actividades del municipio-, pero cómo explicar que eres el propietario de un momumento como la Giralda. En el caso de Granada, llama mucho la atención el caso de Santa María de la Alhambra, bien inmatriculado por el Arzobispado de Granada que se encuentra dentro del recinto monumental de la Alhambra, que es Patrimonio de la Humanidad. 

Y por ello Navarro alude al caso de Francia. Los bienes son del Estado y se cede el uso, que implica asumir el mantenimiento. 

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