La Cámara de Cuentas de Andalucía ha pedido a las universidades andaluzas que adopte medidas para una mayor racionalización de los órganos de representación y los procesos electivos, para "hacer más ágil los procedimientos de decisión, conseguir mayor profesionalización y una mayor transparencia de la gestión y de su control".

En el informe de 'Fiscalización de las cuentas rendidas por las universidades públicas de Andalucía', correspondiente al ejercicio 2012,

El ente fiscalizador precisa que el presupuesto inicial agregado de las universidades de Andalucía fue de 1.798,39 millones, un 2,80 por ciento superior a 2008. A lo largo de 2012 se ha modificado en un 40,54 por ciento, obteniéndose un presupuesto definitivo de 2.527,44 millones.

El informe ha apuntado una serie de "limitaciones" para realizar el análisis de la eficacia, eficiencia y economía de la gestión docente, como es el hecho de que "ninguna universidad andaluza disponía de un sistema de gestión y control de costes"; o el hecho de que "durante el periodo examinado han concurrido distintos planes de estudios diferentes, con una información ausente de homogeneidad, con numerosas incoherencias y de enorme provisionalidad". Ante tales circunstancias, el ente fiscalizador no ha querido obtener resultados sobre el coste de la gestión docente, "al presentar inconsistencia y débil razonabilidad".

El informe apunta una serie de conclusiones, como "ausencia en la Ley Orgánica de Universidades (LOU), en la Ley Andaluza de Universidades (LAU) y en el resto de normativa de regulación de la enseñanza superior 'no presencial'", por lo que se insta a la Junta a que la regule.

El ente fiscalizador ha indicado que "salvo la UJA de forma parcial y limitada, el resto de universidades no soportan sus presupuestos anuales con un detalle de los programas por objetivos, actividades o recursos", por lo que recomienda la elaboración de fichas de programas que definan objetivos, actividades, recursos humanos y financieros, magnitudes de medición e indicadores, vinculados a presupuestos y plan estratégico.

El informe apunta la falta de regulación respecto al plazo que ha de transcurrir desde que la Junta recibe las cuentas rendidas por las universidades hasta que estas son remitidas a la Cámara de Cuentas; y añade que aún no se ha llevado a cabo el Plan General de Contabilidad adaptado a las universidades, aunque aparece en la LOU y la LAU.

Este informe indica diversas incidencias en cuanto a la información que debe contener y presentar las cuentas anuales de las universidades y de sus entidades dependientes; así como se advierte de "ciertas debilidades de control interno, así como de la falta de homogeneidad y uniformidad de criterios respecto a quién o qué figura, categoría, puesto, regulación, funciones y responsabilidades, alcance o dependencia debe ser la encargada del control interno de la universidad".

Ante esto, la Cámara de Cuentas ha recomendado "la recapitulación de los procedimientos de gestión, administración y control que permita corregir los defectos y que se sometan a la regulación autonómica, en tanto que esta materia no se normalice y se unifique".

Otras conclusiones

El informe apunta asimismo "un elevado número de órganos de gobierno y de representación, así como de sus miembros, los cuales, al cierre de 2012, se habían incrementado en un 5,85 por ciento respecto a 2008", por lo que el ente fiscalizador recomienda adoptar medidas "con vista a una mayor racionalización de los órganos colegiados de representación, con el fin de hacer más ágil los procedimientos de decisión, mayor profesionalización y especialización y más transparencia de la gestión".

 Asimismo, se manifiesta, de aquellas universidades que contando con entidades dependientes participadas, "la falta de información y de rendición de cuentas anuales conjuntamente con las de la universidad".

El informe apunta que "no consta que la Junta haya llevado a cabo ninguna actuación" en materia de normas y procedimientos para el control de las inversiones, gastos e ingresos mediante auditorías, por lo que recomienda al Gobierno andaluz "mayor implicación y que ponga en marcha actuaciones de control de inversiones, gastos e ingresos".

Actividad financiera

Por otro lado, el informe indica que todas las universidades aprobaron presupuesto antes del inicio del ejercicio y todas han cumplido el principio de publicidad, "si bien ninguna incluye la RPT y en el caso de Huelva, Málaga y Pablo de Olavide tampoco las 'Normas de ejecución del presupuesto'". El ente fiscalizador apunta que la Junta no ha dictado las 'Normas para el desarrollo y ejecución del presupuesto de las universidades', por lo que se insta al Gobierno andaluz a que "lleve a cabo la encomienda de la LOU para el desarrollo y ejecución de los presupuestos de universidades", y así introducir "uniformidad y homogeneidad" en su gestión.

Asimismo, se advierte del "elevado número de expedientes de modificación de presupuesto" aprobados con posterioridad al cierre del ejercicio, "dando vía libre para que se autoricen gastos para los que podría no disponerse del crédito suficiente". Añade que las cuentas anuales y las liquidaciones de presupuesto "no ofrecen la información suficiente y detallada de las modificaciones presupuestarias".

El 'periodo medio de cobro del ejercicio corriente' necesario para recaudar los derechos que al cierre de 2012 se encuentran pendientes de cobro, alcanza un valor de 168,2 días y que se muestran por encima en Almería, Granada, Internacional, Jaén y Málaga.

El informe apunta que "aún persisten universidades que reconocen derechos por tasas y precios públicos en el momento del cobro y no en función de la corriente real de bienes y servicios que representan, lo cual supone incumplir el principio de devengo".

Se informa de que "no se realiza un adecuado corte de operaciones al cierre del ejercicio, lo que trae la imputación de gastos de ejercicios anteriores y al ejercicio siguiente de gastos del ejercicio corriente, ocasionando la sobrevaloración o infravaloración de las magnitudes".

En la mayoría de las universidades se pone de relieve un elevado número de cuentas bancarias debido a una "gestión excesivamente descentralizada por centros, departamentos e incluso por proyecto".

Actividades investigadora y docente

Por otra parte, se manifiesta que los indicadores de la actividad investigadora de 2012 "acusan una evolución creciente respecto a 2008", y se destaca que la actividad investigadora de las universidades en 2012 "ha sido mucho más eficaz y eficiente que en ejercicios anteriores".

El informe apunta que la satisfacción de la oferta docente en 2012, en la enseñanza presencial, fue del 85 por ciento, lo que significa "un discreto sobredimensionamiento de la oferta docente del 15 por ciento, similar a las universidades españolas, del 12 por ciento", mientras que en la no presencial "se ajustan oferta y demanda" y en títulos propios el sobredimensionamiento de la oferta docente es del 54 por ciento.

Se concluye que "la carga docente es de 23 créditos impartidos -18 en grado y cinco en máster- frente a los 20 en el conjunto de las universidades españolas", lo cual indica la "sobrecarga docente" del profesorado en las universidades andaluzas.

De esta forma, el informe propone 18 recomendaciones, encaminadas a "mejorar la gestión económico-financiera de las universidades, con independencia del deber que tienen de cumplir la legislación". Asimismo, el informe recuerda que se han presentado 26 alegaciones. De estas, cinco son admitidas en su totalidad y dos de forma parcial. Los centros que presentaron alegaciones fueron las de Cádiz, Córdoba y Sevilla.