El grupo popular en la Diputación de Granada ha propuesto al Gobierno socialista de la institución que aumente la dotación presupuestaria de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, de tal forma que se convierta en una herramienta para los granadinos ante los efectos negativos que se están derivando de la crisis del coronavirus (Covid-19) y se ponga en valor.

"Es imprescindible dotarla de más medios y recursos dada la situación a la que nos enfrentamos por la crisis del Covid-19", expone en un comunicado el diputado provincial del PP Antonio Narváez, que plantea también un incremento en la cantidad anual que la Diputación abona al Colegio de Abogados de Granada por la tramitación de cada expediente, que asciende a los 249,33 euros, y el máximo total por ejercicio, que actualmente es de tan solo 37.383 euros, según el convenio de 2018.

"La Diputación de Granada debe garantizar que la Oficina de Intermediación Hipotecaria pueda seguir realizando su labor en estos momentos y una vez concluido el estado de alarma, dado el previsible aumento de los casos de riesgo de ejecución hipotecaria, sin que ello produzca un colapso del servicio, que perjudicaría gravemente a todos los afectados", subraya Narváez.

El diputado popular ahonda en que la emergencia social derivada de la grave crisis sanitaria va a incidir con "especial virulencia" en las familias más vulnerables y el Gobierno de la Diputación de Granada "debe estar al lado de los granadinos en estos difíciles momentos".

Recuerda también que la referida oficina fue puesta en marcha durante el mandato del PP en la Diputación, es la herramienta que ofrece "asesoramiento y ayuda" a los vecinos de los municipios menores de 20.000 habitantes en riesgo de perder su vivienda y reincide en que el Gobierno provincial "debe dotar de una mayor visibilidad y poner en valor este servicio", dando a conocer su labor y las alternativas que ofrece a la hora de mediar con las entidades bancarias el pago de las hipotecas para personas en situación de riesgo social.

No obstante, reflexiona que el asesoramiento también debe ampliarse a aquellas personas que tengan una vivienda en alquiler y se vean perjudicadas por la crisis económica y laboral.

"La verdadera política social es la que está cerca de los ciudadanos y sus necesidades. Hablamos de familias que se enfrentan a un escenario de incertidumbre cuando lo que necesitan más que nunca son certezas por parte de la Institución Provincial", apostilla.

En este sentido, el diputado popular afirma que ésta debe ser la "única prioridad" del presidente provincial, José Entrena, "más preocupado por tapar las deficiencias en la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, que en atender los problemas reales de los granadinos que se enfrentan a una crisis desconocida".