La Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Granada inicia este lunes el proceso de levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la construcción de la línea eléctrica aérea a 400 kilovltios (kV), doble circuito, Caparacena-Baza.

El 22 de agosto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el anuncio de la resolución de la Delegación del Gobierno de Andalucía que establecía los plazos para la ejecución del proceso de expropiaciones, que se inicia este lunes, en la localidad de Cortes de Baza, y que continuará en días sucesivos en los distintos municipios afectados hasta el 12 de noviembre, que culminará el proceso.

Según ha explicado en un comunicado la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, Red Eléctrica de España (REE) ya ha tramitado los permisos constructivos con los diferentes organismos competentes y así, estima que las obras puedan iniciarse "en breve".

Una vez puesta en marcha esta infraestructura, se espera que se convierta en uno de los mayores polos de energías renovables de España, capaz de generar electricidad para una población de 660.000 habitantes y crear 15.000 empleos directos e indirectos, según la Subdelegación.

López Calahorro ha expuesto que "el nuevo eje permitiría el aprovechamiento del elevado recurso renovable existente en esta zona de la provincia", principalmente en el norte de Granada y Almería, que actualmente cuenta con multitud de proyectos con un alto grado de madurez técnica y avance administrativo, y cuya ejecución depende de esta infraestructura.

Además de estos proyectos económicos, el nuevo eje va a contribuir, según la subdelegada del Gobierno, a mejorar la oferta de otros servicios públicos, como colegios, agua, servicios de sanidad o instalaciones deportivas, que mejorarán al contar con una infraestructura que minimicen los cortes de suministro.

Se trata, en definitiva, de una "infraestructura vital" para mantener la vertebración territorial y social de Andalucía oriental y para el futuro económico y el bienestar y progreso de casi 100 municipios y de los ciudadanos que en ellos viven, ha concluido la subdelegada.