El equipo de gobierno del PP tiene la "plena y absoluta" confianza en que la investigación abierta por la Fiscalía de Medio Ambiente por posibles irregularidades en la operación urbanística de la manzana en la que se construyó el pabellón deportivo Mulhacén se archivará. Ha sido Francisco Ledesma, concejal en funciones estos días, quien ha dado explicaciones a los periodistas. Ledesma ha atribuido la denuncia que ha originado esta investigación, presentada por el empresario Ramón Arenas, a que el Ayuntamiento frustró su intento de "pelotazo urbanístico" con la parcela de la que es propietario. 

Según la versión del equipo de gobierno, Arenas compró por 400.000 euros una parcela municipal que, según el pliego de condiciones, iba destinada a equipamiento docente. Posteriormente intentó revenderla, a través de un contrato privado, por 1,5 millones de euros para construir un aparcamiento público, una operación que detecta y deniega el Ayuntamiento, según Ledesma, quien ha asegurado que,  frustrarse esa operación, el empresario hipotecó el terreno por 2,5 millones de euros. 

"Se está intentando especular y el Ayuntamiento y este equipo de gobierno del PP no va a permitir especulación", ha manifestado el edil.

Ledesma ha reconocido que hubo un error de medición en los terrenos, motivo por el que las actuaciones urbanísticas investigadas invadieron 300 metros de la parcela de Arenas. Técnicamente lo ha calificado como "un error de cabida". El Ayuntamiento ha negociado con el empresario para tratar de subsanarlo por la vía civil. Ha desvelado que han mantenido muchas conversaciones en las que el Ayuntamiento le ofrece pagarle los 400.000 euros de los terrenos a cambio de su devolución. Pero la hipoteca se lo impide, porque el empresario debería devolver los terrenos libres de carga. Al respecto ha añadido que esa opción "no le interesa" porque lo que busca es, en palabras de Ledesma, "dinero". Reclama 6 millones al Ayuntamiento por no poder haber desarrollado la actividad para la que compró la parcela. También se le ha ofrecido una parcela próxima. 

Ha cuestionado el alcalde en funciones los argumentos del denunciante para señalar a altos funcionarios y a él mismo como secretario de la junta de gobierno local. En este punto ha asegurado que su misión como tal es únicamente "visar" los acuerdos de esa junta, que llegan con los informes preceptivos de técnicos y funcionarios.

Ha repetido este mensaje cuando los periodistas le han preguntado si el Ayuntamiento modificó las actuaciones urbanísticas previstas en esta manzana para beneficiar a otro empresario, aspecto que sostiene el denunciante e investiga la Fiscalía. El alcalde, la concejala de Urbanismo y él como secretario de la junta de gobierno actúan con informes técnicos y su responsabilidad es visarlos. "Total y absoluta confianza en el trabajo de los funcionarios y los técnicos municipales. Aquí no hay una cuestión política", ha sido su respuesta.

Como argumento a favor de la legalidad de la operación, el alcalde en funciones se ha referido al hecho de que la Junta de Andalucía no haya intervenido al respecto, a pesar de que Arenas llegó a remitirles hasta tres escritos, como expone en la denuncia ante la Fiscalía. Ve en ese hecho la inexistencia de "impedimentos administrativos". La denuncia, que ha llegado a calificar de "disparatada", "se cae por su propio peso", ha dicho Ledesma que ha rechazado también que se hubiera intentado, durante el proceso administrativo, variar el coste de la operación investigada para eludir al Consejo Consultivo. 

El expediente urbanístico investigado es "muy complejo", similar al que se puede dar "en todos los ayuntamientos de este país", ha dicho insistiendo en la legalidad de la operación. 

El alcalde, los concejales, los altos funcionarios y los técnicos denunciados han presentado ya las alegaciones correspondientes ante la Fiscalía. El Ministerio Público ha abierto una investigación al considerar que esa denuncia se infiere, "ab initio",  que los hechos denunciados podrían constituir un delito contra la ordenación del territorio; prevaricación administrativa; prevaricación común; falsedad; malversación de caudales públicos; y tráfico de influencias.