El Juzgado de Instrucción 9 de Granada ha continuado este martes la ronda de declaraciones por las supuestas contrataciones irregulares de altos cargos en Emucesa durante la etapa de gobierno del PP y lo ha hecho con dos extrabajadoras investigadas, las cuales han asegurado que sí desempeñaron la labor para la que fueron contratadas en el cementerio, pero que no guardan documentación alguna que lo evidencie porque lo impedía "la cláusula de confidencialidad" de sus contratos.

 

En la causa están investigados un total de seis trabajadores que se beneficiaron de estas contratos presuntamente irregulares, el gerente de Emucesa y las personas que presuntamente realizaron las contrataciones en sus respectivas etapas como consejeros delegados, la concejal del PP María Francés y el exedil de este mismo partido Eduardo Moral.

 

La primera de las trabajadoras ha declarado que fue contratada en 2012 por María Francés, a la que conoce porque fueron compañeras de carrera, además de que está afiliada al PP desde que comenzó la carrera. Ha sostenido que dependía jerárquicamente de ella y que se le dijo que "no tenía que acudir a las instalaciones de Emucesa", sino que debía estar donde fuese requerida por la consejera delegada, según consta en su declaración judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press.

 

Según ha declarado, su trabajo se centró en asesorar a Francés, principalmente en lo relativo a la información económica, para lo que usaba su ordenador y correo personal. Afirma que aportó todo su trabajo a la concejala y que no se quedó con copia alguna por la cláusula de confidencialidad que había en su contrato, "viéndose además compelida a borrar" lo que a este respecto hubiera en su ordenador.

 

La otra extrabajadora de Emucesa, que sigue empleada en el Ayuntamiento de Granada en la actualidad, ha relatado que fue contratada por Eduardo Moral y desempeñó su labor en Emucesa de 2009 y 2011, afiliándose al PP al año de estar empleada en la empresa que gestiona el cementerio.

 

Su labor consistió, según ha dicho, en asesorar al entones consejero delegado, tanto respecto al cementerio como en el resto de sus áreas, encargándose ella "de todas las problemáticas en relación con la prensa".

 

Afirma que le dijeron que "su trabajo era con Eduardo y que ella trabajaba en la plaza del Carmen", aunque en el contrato sí se establecía que su lugar de trabajo era las dependencias de la sociedad. También ha atribuido a la cláusula de confidencialidad el que no le haya sido "permitido guardar nada" del trabajo que realizó durante este tiempo. La previsión es que las declaraciones del resto de trabajadores investigados culminen en junio.

 

El informe jurídico que Emucesa ha trasladado al Juzgado concluye que entre 2003 y 2012 se beneficiaron de estas contrataciones supuestamente irregulares seis personas con un coste de más de 300.000 euros. Sólo consta que una de ellas asistiera a la empresa y realizara algunos trabajos.

 

Según el asesor jurídico de la entidad, la contratación del resto "se realizó realmente para fines ajenos a la actividad de Emucesa", lo que conllevaría la aplicación de recursos económicos de una sociedad mercantil que tiene carácter público y "capital entonces íntegramente municipal".