El colectivo de intérpretes de lengua de signos que trabaja en centros educativos públicos se ha vuelto a manifestar esta mañana en la puerta de la delegación del Gobierno de la Junta, donde se ubica también la delegación de Educación, para protestar por su precariedad laboral y reclamar mejoras en sus condiciones de trabajo.

Los intérpretes traducen las clases a alumnos sordos y son contratados por las empresas a las que Educación adjudica cada curso ese servicio "al mejor postor", afirman, con presupuestos cada vez más reducidos, y salarios y régimen de trabajo  "donde no se respeta ni las más mínimas condiciones de dignidad profesional", según indican en un comunicado que ha sido leído durante la concentración.

El colectivo lamenta que la respuesta de la Junta sea "la indiferencia", pese a que el Gobierno andlauz prometió en 2007 que los intérpretes iban a pasar a ser personal laboral de Educación y a dejar de externalizar el servicio. Pero los intérpretes acumulan más de una década de servicio en los centros en los que se los contrata a principios de curso, se van al desempleo en verano y vuelven a ser contratados al inicio del curso siguiente cuando se vuelve a adjudicar el servicio, con salarios cada vez más bajos, y reducciones de 400 euros en los últimos dos años para sueldos ya de por muy bajos.

A este respecto, el grupo parlamentario de Podemos Andalucía informó hace unos días de que está estudiando plantear la creación de una comisión en el Parlamento andaluz sobre los servicios subcontratados por la Administración pública andaluza, según dijo su portavoz parlamentaria, Teresa Rodríguez, tras reunirse con representantes de los intérpretes de lengua de signos en centros educativos públicos.