La Cámara de Cuentas detecta incumplimientos legales en la gestión del Parque de las Ciencias
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha emitido “opinión desfavorable sobre el cumplimiento de legalidad” en su informe fiscalizador del Parque de las Ciencias de Granada durante el ejercicio 2023, segundo año de Luis Alcalá al frente del museo interactivo de Granada, gestionado por un consorcio que lidera la Junta de Andalucía.
“Las actuaciones desarrolladas, durante el ejercicio 2023, por el Consorcio Parque de las Ciencias en las áreas objeto de fiscalización no resultan conformes con el marco normativo de aplicación"
La “relevancia de incumplimientos” constatadas en las principales áreas de gestión del Consorcio son de tal envergadura que la Cámara de Cuentas subraya que “las actuaciones desarrolladas, durante el ejercicio 2023, por el Consorcio Parque de las Ciencias en las áreas objeto de fiscalización no resultan conformes con el marco normativo de aplicación”. A esta conclusión llega el organismo fiscalizador tras examinar la organización y funcionamiento de la entidad; el régimen patrimonial, presupuestario, contable y de control de la actividad, la financiación; la gestión del personal y la contratación administrativa.
El informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, consultado por El Independiente de Granada, indica que el “Consorcio, como entidad sometida a contabilidad presupuestaria no se ha integrado en la Cuenta General debido a que, por tercer año consecutivo, no ha rendido los siguientes documentos” y cita los que conforman los estados financieros; el estado de remanente de tesorería y el estado del resultado presupuestario que se han de incluir en los estados presupuestarios; la cuenta de operaciones extrapresupuestarias y la memoria que desarrolla la información contenida en los estados contables y de las normas de reconocimiento y valoración aplicadas. Lo que conculca la obligada transparencia.
Todo ello, además, vulnera hasta cinco preceptos legales, incluidos los de los propios estatutos del Consorcio, en el que están representados cinco consejerías: la de Desarrollo Educativo y Formación profesional, cuya titular lo preside; la de Universidad, Investigación e Innovación; la de Turismo; la de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y el Instituto Andaluz de Prevención Riesgos Laborales, dependiente de la de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. También figuran el Ayuntamiento de Granada, la Diputación, la Universidad de Granada y el CSIC.
Para empezar, reprocha la Cámara de Cuentas que el “contenido de los Estatutos vigentes presenta deficiencias, incoherencias y, en algunos casos, una falta de actualización que deriva” en numerosos incumplimientos
Para empezar, reprocha la Cámara de Cuentas que el “contenido de los Estatutos vigentes presenta deficiencias, incoherencias y, en algunos casos, una falta de actualización que deriva” en numerosos incumplimientos.
Entre ellos, cita que “los sistemas de información implantados en el consorcio no disponen del certificado de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8 de enero) ni están adaptados al Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010, de 8 de enero)”.
Además, advierte que hasta la fecha ningún trabajador contratado proviene de algunas de las Administraciones consorciadas y el régimen laboral aplicable es el II Convenio colectivo del personal laboral. “Este régimen regulador contradice lo establecido en el art.40 de los Estatutos y la disposición transitoria segunda que establecen que el régimen jurídico y retribuciones del personal laboral al servicio de la entidad no procedente de las Administraciones participantes será el de la Administración Pública de adscripción”.
También censura que desde la constitución del Consorcio “debiera haber aprobado los Reglamentos de Organización y de Régimen Interior, así como, un inventario del patrimonio de la entidad” y reprocha a la presidencia que no ejerciera sus competencias “para llevar a cabo las convocatorias con carácter ordinario de las dos sesiones que, como mínimo, habrían de formalizarse por el Consejo Rector y por la Comisión Ejecutiva en el año 2023”.
Entrada al museo interactivo. IndeGranada.
ara empezar, reprocha la Cámara de Cuentas que el “contenido de los Estatutos vigentes presenta deficiencias, incoherencias y, en algunos casos, una falta de actualización que deriva” en numerosos incumplimientos
En otra advertencia, señala que la aportación anual ordinaria de los miembros del Consorcio “no se ajusten a los porcentajes de participación que corresponde a cada uno de ellos según los Estatutos”.
Sobre el organigrama aportado y publicado “carece del nombre de los responsables de cada puesto” que preceptúa la ley de transparencia pública de Andalucía (LTPA), así como la datación del mismo con el fin de que sea conocida la fecha de aprobación, tal y como se dispone en las resoluciones del Consejo de Transparencia y Protección de Datos”.
Sorprendentemente, según el informe de la Cámara de Cuentas, la dirección del Parque no presentó al Consejo Rector, para su aprobación, la memoria de gestión económica de la entidad correspondiente al ejercicio 2023, ni se ha cumplido lo estipulado sobre cierre del ejercicio presupuestario de 2022 y apertura del ejercicio presupuestario de 2023.
También incumple el “principio contable del devengo” correspondientes a la aportación anual de financiación de la Diputación de Granada, por importe de 487.367 euros y del servicio de explotación de la cafetería, por importe de 22.751 euros, “cuando los actos administrativos que acreditan la realización efectiva de los citados servicios fueron expedidos durante los ejercicios 2021 y 2022, respectivamente”.
Además, del servicio de explotación de la cafetería se han reconocido 136.923 euros sin la correspondiente cobertura legal que acredite el derecho de cobro, ya que el contrato de concesión administrativa se extinguió con fecha 14 de agosto de 2022, lo que incumple el art.4 de la citada Orden de 2015.
La carismática torre del Parque de las Ciencias. IndeGranada.
Incumplimientos con la plantilla
Sobre el personal, el convenio colectivo no incluye las necesidades funcionales que recogen el Plan de ordenación de recursos humanos, aprobado por el Consejo Rector el 8 de junio de 2022, lo que ha ocasionado que la RPT no incluya nueve categorías profesionales, aun cuando, constan como efectivos reales existentes en 2023.
“No hay aprobada una plantilla que recoja las plazas dotadas económicamente del ejercicio, tal y como prevén los artículos 15 del convenio y 26 de los Estatutos"
Además, “no constan actas de la Comisión de Seguimiento que acrediten, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7, la supervisión del cumplimiento de lo pactado en el convenio y la revisión anual de los aspectos económicos” ni “los puestos de la RPT no están clasificados conforme a la estructura funcional, ni incluye el número y características de cada uno ni la descripción concreta de sus funciones ni requisitos exigidos para su desempeño, información que se requiere”.
En otro duro reproche, constata que “no hay aprobada una plantilla que recoja las plazas dotadas económicamente del ejercicio, tal y como prevén los artículos 15 del convenio y 26 de los Estatutos. Tampoco se incluye en el Anexo de Personal el conjunto de puestos de trabajo dotados en 2023, tal y como se establece en el art. 26, de la Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023”.
Contratos
En el año 2023 constan vigentes 35 contratos no menores cuyo importe global asciende a 15.185.514 euros, 270 contratos menores, con un importe total de 1.114.302 euros y 31 convenios, de lo que solo “6 presentan efectos económicos para el Consorcio”.
Y precisa que de la revisión realizada se han detectado los siguientes incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público:
- Art. 99.2 en los 9 contratos menores adjudicados para el servicio de aseguramiento de riesgos generales Parque de las Ciencias, por un importe global que asciende a 81.581 euros.
- Art. 118 2 y 3 en dos contratos menores de obras, por importes de 43.744 euros y 41.886 euros.
- Art.29.4 en la prórroga de un contrato no menor formalizada en 2022, ya que responde a una situación imprevista, supera el periodo máximo fijado (nueve meses), modifica las condiciones del contrato y el anuncio de licitación del nuevo contrato no se publicó con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.
- Artículos 63.4 y 346.3 y el art. 31 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la JA y sus entidades instrumentales, ya que existen diferencias entre el Registro de Contratos del Sector Público, el Portal de la Transparencia de la JA y la relación aportada por la entidad. Asimismo, este hecho origina el incumplimiento del art 15 de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía y la Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Presidencia de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
- En tres convenios se incumple el art. 49.f) de la LRJSP, correspondiente a la obligación de constituir una comisión para el seguimiento de las acciones reflejadas en los mismos.
