El agujero económico por servicios extraordinarios supera el medio millón de euros
Las irregularidades en la gestión del PP en TG7, a un paso de la Fiscalía
IU, Vamos Granada y Ciudadanos lamentan que se demore la decisión, pospuesta a la próxima reunión de la Comisión de Control, y subrayan que cuatro informes municipales constatan la cuestionada gestión del PP.
Imagen de la sesión que se celebró a puerta cerrada. indegranada
La Comisión de Control de TG7 tampoco ha aprobado en su reunión de este martes las medidas para depurar responsabilidades por el agujero económico generado en la televisión local durante la gestión del PP. Una cuestión formal esgrimida por los populares, al no figurar la adopción de medidas en el orden del día, ha obligado a convocar una nueva reunión para aprobar estos pasos, entre ellos, llevar a la Fiscalía las irregularidades detectadas.
Ciudadanos, Vamos Granada e Izquierda Unida lamentan que se retrase una decisión que creen necesario agilizar, ante los informes municipales -hasta cuatro- que constatan el mal proceder en la televisión local con el concejal del PP Juan Antonio Fuentes como responsable del servicio.
Además de trasladar a la Fiscalía el agujero económico en la televisión local -para lo que se solicitará un informe específico antes de dar ese paso-, se plantea aplicar la Ley de Transparencia al concejal del PP y abrir una investigación reservada para tramitar el correspondiente expediente disciplinario a la exdirectora de la televisión, Cristina García, que entró a formar parte de la plantilla municipal.
El gobierno local advierte de que "las irregularidades administrativas no implican responsabilidad disciplinaria ni penal"
Estas "irregularidades administrativas no implican que exista responsabilidad disciplinaria ni penal", extremo que se va a delimitar ahora a través de diferentes vías, según ha detallado a Europa Press el presidente de la comisión y portavoz del equipo de gobierno local, Baldomero Oliver (PSOE).
La conclusión de esta comisión se dirimirá en una sesión extraordinaria prevista para dentro de 48 horas en la que se solicitará a la Junta de Gobierno que se inicie un procedimiento de información reservada respecto a la anterior cordinadora de TG7 y un procedimiento de aplicación de las responsabilidades a las que hace alusión la Ley de Transparencia en relación con el edil del PP Juan Antonio Fuentes.
Todo ello para que, si así lo determina la asesoría jurídica en su informe, se dé traslado de los hechos a la Fiscalía.
El portavoz del gobierno local ha subrayado que el equipo de gobierno no "quiere ni puede prejuzgar nada" sino seguir el procedimiento estipulado para delimitar si las irregularidades apuntadas por los técnicos conllevan responsabilidades disciplinarias o penales.
Estas "irregularidades administrativas no implican que exista responsabilidad disciplinaria ni penal", extremo que se va a delimitar ahora a través de diferentes vías, según ha detallado a Europa Press el presidente de la comisión y portavoz del equipo de gobierno local, Baldomero Oliver (PSOE).
La conclusión de esta comisión se dirimirá en una sesión extraordinaria prevista para dentro de 48 horas en la que se solicitará a la Junta de Gobierno que se inicie un procedimiento de información reservada respecto a la anterior cordinadora de TG7 y un procedimiento de aplicación de las responsabilidades a las que hace alusión la Ley de Transparencia en relación con el edil del PP Juan Antonio Fuentes.
Todo ello para que, si así lo determina la asesoría jurídica en su informe, se dé traslado de los hechos a la Fiscalía.
El portavoz del gobierno local ha subrayado que el equipo de gobierno no "quiere ni puede prejuzgar nada" sino seguir el procedimiento estipulado para delimitar si las irregularidades apuntadas por los técnicos conllevan responsabilidades disciplinarias o penales.
Al término de la sesión, el portavoz de IU, Francisco Puentedura, que ha venido reclamando que se lleve a la Fiscalía las irregularidades detectadas y el resto de medidas, ha explicado que la mayoría de los grupos coinciden en que ni el antiguo responsable político del servicio, el concejal del PP Juan Antonio Fuentes, ni la exdirectora "han podido dar explicaciones" sobre el más de medio millón de euros en servicios extraordinarios y los 400.000 que llegaron vía patrocinio directamente a la productora que la gestionaba, sin pasar por la contabilidad municipal.
Hay cuatro informes municipales, del secretario, los directores generales de Contratación y de Economía y del interventor, que señalan "irregularidades graves", como la existencia de facturas sin soporte jurídico ni presupuestario, ha recordado el edil que ha considerado que ante esta situación, ha añadido Puentedura, "lo evidente era adoptar medidas". Estas son la apertura de expediente a la exdirectora de la televisión, como empleada pública que es y tras la correspondiente investigación reservada, aplicar la ley Transparencia al concejal Fuentes y, por la vía judicial, poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos para que determine si hay algún ilícito penal.
El edil de IU ha dicho no enteder cómo esta propuesta, que plantea su formación y cuenta con el respaldo de Ciudadanos, Vamos Granada y que el propio gobierno local considera que es "el camino a seguir", no se ha logrado votar en la sesión de hoy. El PP, según ha explicado Puentedura, en un "intento de dilatar" la adopción de estas medidas, han señalado que no se podía votar porque no estaban incluidas en el orden del día.
IU ve "sorprendente la debilidad" del gobierno local a la hora de tomar decisiones
De esta forma, se deberá convocar una nueva reunión en 48 horas. "En nada ayuda a la transparencia aplicar estas medidas dilatorias en algo ya claro", ha lamentado el edil de IU que considera "sorprendente la debilidad a la hora de tomar decisiones" del gobierno local, en un asunto en el que "habría obtenido una mayoría clara por un pufo en la televisión local que ha costado más de medio millón de euros sin soporte legal y 400.000 euros no integrados en la contabilidad muniipal", ha censurado.
Para Vamos Granada, "las graves irregularidades que pesan sobre la gestión de TG7 en la última etapa del PP han quedado sobradamente acreditadas tras la lectura de hasta cuatro informes técnicos demoledores".
Vamos Granada señala la "obligación legal" de los concejales de denunciar estas irregularidades
Dichas irregularidades, incluyendo facturas y gastos por más de medio millón de euros que no contaron con respaldo legal ni presupuestario, y la creación de un sistema de contratación publicitaria de forma paralela al Ayuntamiento, apunta la formación, "merecen ser investigadas judicialmente llegados a este punto". Consideran además su "obligación legal" como concejales de poner los hechos y el expediente administrativo en conocimiento del Ministerio Fiscal. "De lo contrario, podríamos incurrir en responsabilidad por omisión del deber de vigilancia. Además, si se concreta la firmeza de la sentencia y el Ayuntamiento debe finalmente abonar el más de medio millón de gastos que nunca debieron producirse, hay que activar todos los mecanismos necesarios para que las personas responsables devuelvan el dinero público que hayan gestionado irregularmente", ha declarado su portavoz, Marta Gutiérrez.
El grupo municipal destaca que como conclusión de estas sesiones de la Comisión de Control se ha encomendado la elaboración por escrito de unos acuerdos, que a priori cuentan con el visto bueno de todos los grupos menos el Partido Popular, pero que se someterán a votación final y que incluyen: el traslado a Fiscalía de los hechos irregulares, para lo que se solicitará antes un informe jurídico, además de activar los procedimientos administrativos que correspondan, como son el procedimiento de información reservada para esclarecer la responsabilidad de la ex directora Cristina García, y el proceso sancionador del art. 28 de la Ley de Transparencia, por las actuaciones del concejal Juan Antonio Fuentes.
Vamos Granada subraya la necesidad de "celeridad en los tiempos, dada la urgencia y la importancia de todo este asunto".
Por su parte, la portavoz adjunta del grupo municipal de Ciudadanos, Lorena Rodríguez, ha apelado a la "responsabilidad del equipo de gobierno" para iniciar las acciones que se estimen oportunas para "esclarecer las irregularidades que se ciernen sobre la gestión de la televisión pública municipal TG7".
A su juicio, "ya se ha traspasado sobradamente la esfera política" y existen "jurídicas que requieren del inicio de los procedimientos oportunos para depurar responsabilidades con las máximas garantías de transparencia".
"Desde Ciudadanos consideramos que se debe contar con las garantías legales que nos aporta nuestro sistema jurídico para determinar el ámbito de responsabilidad de las irregularidades en la gestión de la televisión", ha aseverado Rodríguez, quien ha pedido "celeridad en el proceso" para evitar posibles prescripciones.
La edil ha puesto de manifiesto que, en aras a la transparencia, su grupo pedirá la celebración de una convocatoria extraordinaria de la comisión control de TG7 después de que este viernes se produzca la votación de las liberaciones, con la intención de que el equipo de gobierno pueda explicar a todos los grupos los razonamientos y los avances que se han producido en ese sentido.
Durante su intervención, Rodríguez ha resaltado las conclusiones de los cuatro expedientes técnicos que existen: el de Intervención, el de asesoría jurídica y el de contratación, además del realizado por el secretario de la corporación, todos ellos con varios puntos en común en los que profundizan. Concretamente, el informe del secretario hace especial hincapié en los tres posibles motivos de nulidad de pleno derecho que existen, puesto que nos encontramos ante un contrato administrativo de servicios, "adjudicado por un órgano municipal que no tenía competencia por razón de la materia y sin seguir un previo procedimiento de contratación administrativa".
Ciudadanos se atribuye haber impulsado una nueva etapa en la televisión al inicio del mandato
La edil ha recordado que su grupo acordó al principio de este mandato la necesidad de poner en marcha una comisión de control y seguimiento de TG7 como uno de los 50 puntos imprescindibles para permitir la gobernabilidad de la ciudad. Entre los objetivos de la comisión estaba el fortalecimiento y desarrollo de la producción interna, garantizando el máximo aprovechamiento de los medios humanos y materiales de los que dispone el servicio municipal de televisión, así como la definición de una parrilla de contenidos plural. "Tras sucesivos escándalos producidos en el entorno de la televisión, pedimos un cambio en la dirección política y en la dirección técnica de TG7 para garantizar la apertura de una nueva etapa marcada por la transparencia y sin ningún tipo de sombra de sospecha en su gestión", ha concluido Rodríguez.
La plataforma de afectados de TG7 valora positivamente la propuesta que llevará a votación la comisión delegada municipal en la que se investiga la nefasta gestión de los anteriores responsables de la televisión municipal de Granada, el concejal Juan Antonio Fuentes y la exdirectora del medio, Cristina García, "actualmente recolocada como personal laboral en la concejalía de Derechos Sociales".
"Es absolutamente necesario para la recuperación de la transparencia en TG7 que se adopten los tres puntos que se votarán este jueves: apertura de expediente de información reservada a la ex directora, incoación de expediente sancionador al concejal Fuentes y traslado del caso a la Fiscalía".
En este sentido la plataforma recuerda que "es dinero público, más de 800000 euros al menos, el que se gastó sin los controles pertinentes, sin ningún tipo de fiscalización, tal y como se desprende de los informes, hasta cuatro, elaborados por técnicos municipales. La gravedad de estos hechos es más que patente".
"Consideramos también que cuando la sentencia que obliga al ayuntamiento a pagar más de 500.000 euros a la anterior productora, CBM, en virtud de estos gastos provocados por los exresponsables de la televisión sea firme, deben activarse los mecanismos para que sean ellos los que respondan con su patrimonio y no los granadinos con sus impuestos".
La plataforma señala que la gestión de Fuentes y García, "además de un gran daño a las arcas municipales provocó el despido de toda la plantilla de la televisión, grandes profesionales que se vieron sometidos a la peor dirección posible".
La plataforma elogia la gestión del concejal popular Francisco Ledesma, que "consciente de la desastrosa gestión anterior, puso los cimientos como mejor pudo para enderezar la situación", y también la del actual concejal responsable de TG7, Baldomero Oliver, que ha demostrado "su apuesta por este medio público y su empeño en esclarecer las actuaciones anteriores".
"Nuestro agradecimiento se extiende también muy especialmente a los grupos municipales de Ciudadanos, Vamos Granada e Izquierda Unida, que están apostando por la transparencia como único camino para que TG7 cumpla el cometido que deben tener las televisiones públicas. Esperamos del mismo modo que la apuesta del Consistorio sea recuperar los puestos de trabajo en TG7 que se perdieron a causa de la irresponsabilidad en la gestión pública que han demostrado los anteriores gestores".
