"72 horas es el plazo que la Agencia de la Vivienda de la Junta de Andalucía ha dado a Nati y su hija, después de que la movilización ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil paralizaran el desahucio que estaba previsto para el pasado 21 de Junio", dice Alberto Matarán, secretario general de Podemos en Granada.

Tras celebrarse este domingo la coordinadora provincial de Podemos en Granada, “llama la atención que Mariela Fernández Bermejo, delegada de Vivienda de la Junta de Andalucía en Granada, no sea capaz de inaugurar el metro en cuatro meses pero vaya a desahuciar a una mujer sola con su hija en 72 horas, así que esperamos que se centre en inaugurar de una vez el metro de Granada y deje de atacar a las personas más frágiles de nuestra ciudad”, afirma Matarán.

Tanto la delegada de la Junta como el gerente de AVRA justifican este desahucio con unos argumentos claramente imprecisos, dice Podemos, que destaca dos: señalan que Nati tiene alternativa habitacional cuando sólo se le ofrecen alojamientos temporales y compartidos como si ahora mismo no tuviera una vivienda y acusan a Nati y a su hija de usurpación de una vivienda en 2015, cuando el padrón demuestra que la habita legalmente desde 2013.

Finalmente, Nati, después de haber sido víctima de violencia de género, "ha sido víctima de maltrato institucional, y ha sufrido amenazas graves por parte de la administración como retirarle la custodia de una hija por la que está luchando día a día, o retirarle un salario social que le corresponde legalmente, o incluso eliminarla de la lista de demandantes de vivienda", indica Matarán.

Respecto a esta última cuestión, “desde Podemos Granada exigimos que estas listas sean públicas y transparentes, porque a día de hoy no sabemos ni cuántas personas demandan estas viviendas ni cuáles son los criterios que se han considerado para ordenarlas, también exigimos que se nos de información clara y actualizada de cuántas viviendas sociales hay ahora mismo en Granada y cuál es la situación de las mismas”.

La formación asegura que así se darían pasos claros y justos para acabar con el caos en la gestión de las viviendas sociales de Granada que está generando desamparo en situaciones como la de Nati y problemas muy serios en los barrios de nuestra ciudad por los usos ilegales que se les están dando en algunos casos.