El PP trató de regular en TG7 los 'ingresos b' de publicidad
Desde enero de 2013, CBM ingresó directamente dinero por publicidad que no quedó registrado en la contabilidad municipal. Lo ha reconocido la propia productora en la documentación que ha remitido al Ayuntamiento y que este lunes se analizará en la comisión de control de TG7.
Lo hizo, además, a pesar de que no había regulado esa práctica en ningún documento con el gobierno local. No fue hasta julio de 2015 cuando ese modo de actuar quedó recogido en un convenio firmado por los representantes de la productora y el concejal del PP Juan Antonio Fuentes, en esa fecha aún al frente de la televisión. Un documento cuya validez está ahora en cuestión pues tampoco pasó por los órganos de fiscalización y control municipales y ni siquiera tiene sello del Ayuntamiento.
Durante ese periodo, CBM facturó sin control municipal un total de 381.568,49 euros, IVA incluido, aunque el PP lo permitió, como prueba el intento de legalizar esta práctica anómala con el contrato firmado por el entonces consejero delegado de TG7, el concejal popular José Antonio Fuentes.
Emasagra e Inagra acaparan el montante de los contratos publicitarios que se escaparon de la fiscalización del Ayuntamiento durante este periodo.
En 2013, según la documentación aportada por la productora a requerimiento del Ayuntamiento, CBM ingresó 42.550 euros, por un contrato con Emasagra por importe de 25.000 euros y siete con Inagra, que suman un total de 20.550 euros. Las tres cantidades sin IVA.
En 2014, los ingresos ascendieron a 137.409,95 euros por dos contratos con Emasagra que alcanzan los 80.000 euros. Uno de ellos, de 40.000 euros, por los programas del Corpus. Y a Inagra, por otros 16 contratos publicitarios, 36.000 euros. Todas estas cantidades sin IVA.
A ello se suma en el año récord de ingresos publicitarios de 2014 por esta vía, otros 5.000 euros que factura a la Fundación Pública Local Granada Educa por un certamen villancicos y otros 17.272 euros a Ecoembes por una Campaña de comunicación para el fomento de la recogida selectiva de residuos del contenedor amarillo, junto a la Diputación de Granada. En 2015, el importe global llegó a 55.390,91 euros. La mayor cuantía llegó de Inagra con 30.300 euros, por 12 contratos, mientras que Emasagra invirtió en anunciarse ese año 16.000 euros. También facturó a Ecoembes por 9.091,91 euros.
La justificación que productora y PP dan para esos ingresos es que iban destinados a pagar los servicios extraordinarios prestados para TG7 fuera de contrato. Los que dieron lugar a la deuda de más de medio millón de euros que el Ayuntamiento se resiste a pagar. El propio gobierno popular se negó a reconocerla tras haber apartado a Fuentes de la televisión, dejando entonces en evidencia la gestión económica que había llevado a cabo. No había expedientes municipales que la avalaran, ni estaba presupuestada. De hecho, los informes jurídicos que se han ido solicitando para aclarar el agujero que ha generado la televisión han confirmado que, para pagarla, será necesario un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito.
La reclamación de esa deuda ha llegado a los tribunales -al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada-. Junto a las facturas y el convenio, el escrito remitido por la productora vuelve a hacer referencia a su disponibilidad para llegar a un acuerdo que ponga fin al procedimiento. En insiste en reclamar que se reconozca esas cantidades pendientes. Alega que hubo "actas de recepción" de los trabajos y cita que la coordinadora de la televisión ha confirmado que se prestaron los trabajos.
CBM explica en su escrito que los ingresos publicitarios aminoraron la deuda.
Lo que más llama la atención de toda esa documentación incorporada a la investigación sobre TG7 es que no fue hasta julio de 2015 cuando el concejal Fuentes trató de formalizar tanto la publicidad como los propios servicios complementarios.
IU ve "un escándalo" que llegará a la Fiscalía
Para el concejal de IU, Francisco Puentedura, el convenio "no tiene validez" y su contenido es "un escándalo". El concejal resalta que los ingresos cobrados a cuenta por la productora no tienen soporte alguno en el Ayuntamiento y no figuran en la contabilidad. Además se regulan en 2015 cuando las facturas se emiten a partir de enero de 2013.
En la próxima reunión de la comisión de control de TG7, convocada para el próximo lunes, pedirá un informe jurídico. "Si el Ayuntamiento no va a la Fiscalía, iremos nosotros", señala en declaraciones a este diario.
