Dinero para arreglarse los dientes, gafas y material escolar. Hasta ocho días de asuntos propios. Seis días libres para hacer mudanza. Jornada reducida en verano y Navidad...Y al otro lado, nada de asuntos propios, mudanza en un día, jornadas interminables, incluidos fines de semana, y 15 minutos para el bocadillo que ni cuentan como tiempo laboral.

Es la diferencia que existe entre trabajar en buena parte del sector público o en cada vez más empresas del sector privado, que, con la excusa de la crisis y bajo el paraguas de la reforma laboral, imponen condiciones de trabajo que rozan la explotación. O lo tomas o lo dejas. Y si lo dejas, la cola de aspirantes es larga.

Pese a que la crisis también llegó al sector público, con congelación o reducción de salarios, eliminación de pagas extras o suspensión de mejoras en las condiciones de trabajo, los funcionarios y personal laboral de la mayoría de instituciones públicas mantienen o han recuperado unas ventajas laborales que son una quimera hoy día para el resto de asalariados o para los autónomos, a juzgar por los convenios colectivos firmados este año.

Un largo horario de verano

Empezando por el horario. Jornadas de 35 o, en el peor de los casos, 37,5 horas semanales, frente a las 40 teóricas de la empresa privada, que fácilmente se superan. Al cabo de un año, son muchas horas de diferencia. Horarios de 8 a 15 h. de lunes a viernes, que permiten la conciliación, frente a turnos de mañana y tarde, o intensivos de nueve o más horas y que se extienden al fin de semana, según la tipología de la empresa.

Horario reducido de verano, una estación que, por ejemplo, para la Diputación empieza el 1 de junio y termina el 30 de septiembre. En esos tres meses se sale una hora antes, a lo que hay sumar los 15 minutos de "cortesía" a la entrada y salida del trabajo, y la media hora para el desayuno, que forma parte del tiempo laboral. En las pequeñas empresas privadas no existe el horario de verano y hay casos, como el de Juncadiésel, del sector de gasolineras, donde el trabajador “cuando preste servicio en jornada continuada superior a 6 horas tendrá derecho a disfrutar de un periodo de descanso de 15 minutos, que no se considerará como tiempo de trabajo efectivo”. Es decir, si quiere comerse un bocadillo, tendrá que trabajar 15 minutos más.

Días libres hasta para divorciarse

Las ventajas de trabajar en el sector público continúan a la hora de los permisos y días libres. Los 15 días de permiso reglamentario por matrimonio se amplían a 20 en la mayoría de instituciones públicas. En la Diputación dan facilidades hasta para divorciarse: tres días libres para los trámites, ampliables hasta siete, “previo informe del facultativo correspondiente o justificación de la circunstancia que así lo aconseje”, dice su reglamento que regula el tiempo de trabajo.

El tiempo concedido para cambiar de domicilio llega hasta los seis días en la Diputación, también en este caso a la cabeza en prebendas para sus empleados. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Otura son tres días para mudanza y en el de Almuñécar dos, o tres si es fuera de la localidad. En las empresas privadas, tanto pequeñas como grandes, la norma es un día para cambiar de domicilio (Transportes Rober, por ejemplo) o a lo sumo dos si es en otra ciudad (Cervezas Alhambra), según recogen sus convenios colectivos firmados este año.

También varían mucho los permisos por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar. La Diputación concede siete días libres, que se convierten en nueve si el suceso ocurre “en localidad distinta”, sea Maracena o Vigo. Y es que los convenios públicos suelen ampliar los días de permiso sin distinguir si esa otra ciudad requiere un largo desplazamiento o no. En la empresa privada sí se matiza. Por ejemplo, en Panaderías San Juan (con centros de trabajo en Granada, Alfacar y Polígono Juncaril), hay dos días por fallecimiento o enfermedad de familiar, ampliables a cuatro si hay que trasladarse a más de 200 kilómetros. En ayuntamientos como Huétor Vega, Almuñécar y otros, esos días pasan de 3 a 5 aunque el suceso haya ocurrido en Cájar o Salobreña, respectivamente.

Ocho días de asuntos propios

Los asuntos propios son otra de las ventajas envidiada por la mayoría de trabajadores de la empresa privada. Llegan a ocho días en la Diputación y el Ayuntamiento de Armilla, por ejemplo, frente a los tres que concede el Ayuntamiento de Granada. En los convenios de pequeñas empresas no aparecen por ningún lado.

Más ventajas: el nacimiento de un hijo supone, tanto para el padre como la madre, muchos más días de permiso retribuido si se trabaja en una administración pública. En el caso de la maternidad, a las 16 semanas de rigor se suman cuatro adicionales tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de Granada. Para el padre, los 15 días reglamentados en el sector público se convierten en cinco semanas en el caso de la Diputación. En las empresas privadas, el padre solo puede ausentarse para estar con su hijo recién nacido un periodo que suele oscilar entre dos días (por ejemplo, Transportes Rober) y cinco (Almacenes Barragán Espinar), aunque hay convenios en que ni figura este permiso.

Horas extra que valen por tres

Cuando se trata de echar horas de más, las diferencias que puede haber entre lo público y lo privado son abismales. Por cada hora extra se acumulan dos horas libres en el Ayuntamiento de Granada, o tres si se ha realizado en domingos o festivos. Si se abonan, en el Consistorio de Otura las pagan un 100% por encima de su valor cuando se ha trabajado en horario nocturno. En el sector privado, Cervezas Alhambra paga la hora extra un 30% más en horario normal y un 40% en domingos y festivos, pero sus empleados son unos privilegiados comparados con los de Juncadiésel, que abona las horas extra al mismo valor que las ordinarias, si no se cambian por descansos. Si se trabajan entre las 23.00 y las 6.00 horas, se pagan solo un 5% más. Nada extraño en una empresa que compensa a los empleados que trabajan un festivo con 15 euros más en su nómina.

Dientes y gafas gratis

A todas estas ventajas se suman otra serie de prebendas incluidas en lo que se llaman fondos de acción social, que en algunas administraciones se suspendieron durante los últimos años de la crisis, pero que han vuelto a estar vigentes, mientras que en la empresa privada, o bien han desaparecido de sus convenios -las pocas que incluían ayudas de este tipo-, o nunca las han conocido, que es el caso mayoritario.

Se trata de ayudas, por ejemplo, para pagar al dentista o comprarse unas gafas graduadas nuevas. El Ayuntamiento de Armilla abona hasta 600 euros por servicios de odontología (en función de la clasificación profesional del empleado). El de Granada, 325 euros; el de Otura, 150 euros. Y la Diputación, según el IRPF del trabajador, entre el 10% y el 50% del tratamiento odontológico, cueste lo que cueste, sea un empaste, un implante completo o una ortodoncia.

Las ayudas para gafas o lentillas varían entre los 80 euros del Ayuntamiento de de Otura, por ejemplo, y los 300 del de Armilla. En Almuñécar dan 100 euros por cristales y otros 100 para la montura. También hay dinero para audífonos: hasta el 50% de lo que valgan en la Diputación; 300 euros en Almuñécar y 365 en la capital. Y hasta para tratamientos ortopédicos, como los 600 euros que puede llegar a abonar el Ayuntamieto de Almuñécar y otros 600 euros para operarse de la vista y dejar de llevar gafas o lentillas. Por supuesto, los convenios colectivos de las empresas privadas no suelen ni mencionar estos capítulos de ayudas sociales.

También casarse y tener niños tiene su premio en metálico en las instituciones públicas. El Consistorio de Armilla abona 180 euros a cada empleado que se casa y otros 180 por tener un hijo, dinero que se eleva a 250 euros en Almuñécar. El de Granada entrega 432 euros por los cuidados que necesita un hijo.

Y aunque los libros en la enseñanza pública son gratis, los hijos de los empleados públicos también necesitan libretas y bolígrafos, y para eso está el Ayuntamiento, que es de todos, pero de sus trabajadores un poco más. El de Almuñécar da 150 euros de ayuda a los estudios en Infantil o Primaria, 250 euros para Secundaria y 400 euros si está en la Universidad. Ayudas que se encuentran en los convenios públicos en diversa cantidad, pero de las que no hay ni rastro en las empresas privadas.

"No son razonables", dice la CGE

Para el secretario general de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Luis Aribayos, todo este rosario de ventajas en horarios, ayudas económicas y demás prebendas “no son razonables” y demuestran que en el sector público “no ha habido el ajuste tan duro que ha sufrido la empresa privada”, y que ha faltado “sensibilidad y solidaridad con el resto de trabajadores”, aunque “tampoco se puede generalizar”. Pero Aribayos echa de menos “una adaptación a la crisis de nuestro sector público como lo ha hecho el privado”.

No lo ve así, lógicamente, la secretaria provincial de UGT, Manuela Martínez, para quien “al final, los ajustes llegan también al sector público, aunque más tarde”, aunque reconoce que recortar o eliminar derechos en la administración pública resulta mucho más difícil que en la empresa privada porque “sería un escándalo” y los sindicatos no lo permitirían, algo que sí está sucediendo en las pequeñas empresas “donde no hay representación sindical” y los trabajadores “tragan con lo que sea”.

"Explotación laboral", afirma UGT

La representante de UGT critica las condiciones “de explotación laboral” que están padeciendo cada vez más empresas bajo el paraguas de la reforma laboral, el descuelgue de los convenios de sector -que garantiza unos mínimos de condiciones laborales- y la imposición de regímenes de trabajo “que no respetan la dignidad humana”, con la impunidad del “esto es lo que hay”.

Los sindicatos “hacemos lo que podemos, pero si los trabajadores no quieren denunciar ni dar el primer paso, tenemos las manos atadas”, lamenta Martínez.

Las históricas diferencias salariales entre trabajar en el sector público y el privado se han acentuado tras la crisis por la caída general de sueldos en las empresas, especialmente las pequeñas. En algunos convenios colectivos publicados este año resulta difícil o casi imposible encontrar puestos y categorías que superen los 1.000 euros de salario mensual.

Por ejemplo, en Panaderías y Pastelerías San Juan solo el encargado general supera los 1.000 euros de sueldo al mes (1.500 euros). Los remuneraciones mensuales oscilan entre los 675 euros de un peón y los 960 de un encargado de sección, a los que solo se suman 25 euros al mes por plus de transporte, según recogen las tablas salariales de su convenio.

En Juncadiésel, más de lo mismo. Un titulado cobra 1.228 euros al mes, y el resto de categorías varía entre los 767 euros del personal de limpieza o 785 euros del expendedor de gasolinera, a los 928 euros del jefe administrativo. Salarios que apenas se ven aumentados por antigüedad (10 euros por cuatrienio), por festivos (15 euros por día trabajado) o plus de distancia (5 euros). Eso sí, tienen tres pagas extras frente a las dos habituales y los que quieran jubilarse anticipadamente recibirán una compensación... en gasolina. 8.000 litros de combustible a quien quiera jubilarse con 60 años, que le vendrán muy bien, siempre el sueldo le haya dado para tener coche.