El principal objetivo es que "no haya acoso en la universidad", proclama Miguel Lorente

La UGR abandera la prevención y lucha contra el acoso sexual y laboral con un protocolo pionero

E+I+D+i - M.A. - Lunes, 21 de Noviembre de 2016
Entre otras novedades, el protocolo incluye la creación de una Oficina para la Prevención y Respuesta ante los casos de Acoso (OPRA), similar a la que dispone la de Harvard y que la convierte en la primera universidad pública española con este tipo de instrumentos para hacer frente a estas conductas.

La vicerrectora de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión con el director del Secretariado de Igualdad. ugr

Solo un uno por ciento de los casos de acoso, de carácter sexual o laboral, en el seno de la universidad salen a la luz, frente a un 99 que se suceden "con invisibilidad e impunidad". Son los datos que maneja la Secretaría de Igualdad y Conciliación, cuyo director, Miguel Lorente, ha presentado este lunes el protocolo de la Universidad de Granada para la prevención y respuesta ante estos casos, un documento pionero que sitúa a la institución granadina a la vanguardia en España por medidas como la creación de una oficina específica para promover una "cultura de la prevención" y para dar respuesta en aquellas situaciones que se denucien.

El objetivo es "que no haya acoso en la universidad", ha manifestado Miguel Lorente, que fue delegado del Gobierno contra la Violencia de Género y que dirige el Secretariado de Igualdad y Conciliación de la UGR. Desde su departamento se ha coordinado la elaboración del documento aprobado en el último consejo de gobierno de la institución. 

El protocolo se basa en tres grandes ejes basados en la prevención:

  • Primaria: Para concienciar a la comunidad universitaria de que acepten como normalidad ni tampoco como parte del espacio de libertad estas conductas.
  • Secundaria: Cuando ya se den esas conductas, actuar sobre las circunstancias que la provocan para deshacerlas.
  • Terciaria: Respuesta ante los casos de acoso y atención integral a las víctimas que lo puedan sufrir.

En esta estrategia se implicarán la Unidad de Igualdad de la UGR, el Defensor del Universitario y la Inspección de Servicios.

Y entre las principales novedades, la creación de una Oficina de Prevención y Respuesta ante los casos de Acoso (OPRA), que depende de la unidad de Igualdad y que es similar a la que funciona en la Universidad de Harvard. Con su puesta en funcionamiento la UGR se convierte en la primera institución universitaria pública con este tipo de respuesta. Y el hecho de que esta estrategia incida no en los casos que se denuncian, para los que recoge la intervención correspondiente, sino buscar una respuesta para ese 99 por ciento de casos, que son la inmensa mayoría, que no se denuncian, en una línea similar al protocolo del Consejo General del Poder Judicial.

Es necesario "cambiar la desigualdad"  y esa situación solo se puede romper con igualdad, "y esto no se aprende si no se enseña", ha reflexionado Lorente para añadir que no es como la libertad, de la que tenemos conciencia. "Nuestra sociedad es desigual y machista; no tenemos referencias válidas para aprender igualdad si no la enseñamos". Y la universidad, ha destacado, debe desempeñar un papel crucial en esa enseñanza, la de la igualdad; no solo como conocimiento, sino para añadirla a la vida. 

Sin datos específicos sobre estos casos en la UGR, la institución calcula que desde el año pasado se han registrado entre siete y diez, muchos de ellos conocidos a través de conversaciones informales y no por denuncias. Respecto a los casos de acoso, según los estudios que existen al respecto -de carácter general no en el ámbito de la UGR- el acoso sexual suele darse, mayoritariamente, de hombre a mujer y el laboral de profesor a alumno. 

Preguntado por el caso que trascendió en marzo relativo al abuso sexual que habría sufrido supuestamente una alumna por parte de un profesor de la UGR, Lorente ha indicado que "se está haciendo todo el trabajo desde Inspección de Servicios" en un "procedimiento abierto" que "no se ha resuelto" pues la investigación está detenida ya que ha habido una denuncia judicial.

Cuando el protocolo se active por denuncias de víctimas o de cualquier miembro de la comunidad universitaria que, según establece el documento, "tiene la obligación" de poner estos casos en conocimiento de la institución, esta se compromete a actuar con la mayor celeridad. En ese camino se incluye la intervención de la Inspección que es la autorizada para tramitar cualquier expediente disciplinario al que diera lugar la denuncia. Si además de este cauce administrativo existe otro judicial, el expediente de la UGR se suspende a la espera de la resolución del caso en el ámbito de los juzgados. 

Según los cálculos de Lorente, la Oficina funcionará en el plazo de tres meses.