La subida salarial del 2,25% para los funcionarios beneficiará a 57.415 empleados públicos de la provincia de Granada
Subdelegación del Gobierno en Granada. google maps
La aprobación por parte del Gobierno central de un Real Decreto-Ley de medidas urgentes sobre retribuciones en el sector público implicará la subida salarial para los 57.415 empleados públicos de las distintas administraciones que hay en la provincia de Granada, según informa la Subdelegación del Gobierno.
Del total del personal de Granada beneficiado por la subida salarial, que se hará efectiva el 1 de enero, 7.753 pertenecen a la Administración General del Estado; 29.457 son de la Junta de Andalucía, 14.837 de la Administración Local y 5.368 de la Universidad. Granada es la cuarta provincia andaluza en número de empleados públicos, por detrás de Sevilla (116.375), Málaga (76.732) y Cádiz (73.510).
Este Real Decreto-Ley de medidas urgentes sobre retribuciones en el sector público, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 21 de diciembre, establece una subida fija del 2,25% para todos los empleados públicos, a la que se podría sumar hasta otro 0,25% de retribución variable, porcentaje que se determinará exactamente por la evolución del PIB. Además, se destina otro 0,25% de fondos adicionales para la mejora de la productividad, cuyo reparto está sujeto a la negociación de las organizaciones sindicales de cada Administración.
La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, ha señalado que, con esta subida salarial, el Gobierno de España reconoce “el gran esfuerzo” que hicieron los empleados públicos durante la crisis, además de “su dedicación, su profesionalidad y su vocación de servicio público”. El Ejecutivo “quiere impulsar el sector público y las instituciones públicas”, ha subrayado la subdelegada.
La aprobación de estos incrementos cumple, según la Subdelegación, con el compromiso contraído con los sindicatos para mejorar las condiciones laborales y retributivas de todos los trabajadores públicos, que en los últimos años han soportado congelaciones e, incluso, reducciones salariales.
Esta medida salarial se une, igualmente, al acuerdo ya adoptado en el Gobierno de promoción de la mayor oferta de empleo público de la última década, con más de 30.000 nuevas plazas, y con la reversión de recortes en materia de incapacidad temporal de los empleados públicos, así como a la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la celebración de la Mesa de Retribuciones de las carreras judicial y fiscal, que no se reunía desde hacía 15 años.
