Los sindicatos de la educación pública CSIF, ANPE, CCOO y UGT han hecho hoy jueves balance de la situación de la educación pública en la provincia tras el primer año de la pandemia. Las cuatro fuerzas sindicales coinciden en el reconocimiento público a todos los docentes de la provincia de Granada, agradeciendo la labor que están realizando en sus centros, como "pilar esencial e imprescindible" del sistema educativo. Asimismo, recuerdan que "desde que en marzo de 2020 se declaró el estado de alarma, el profesorado ha tenido que enfrentarse a una situación excepcional nunca antes vivida: ejercer la docencia fuera de las aulas".

Los representantes de las cuatro organizaciones han coincidido al cuestionar el papel de la delegada territorial de Educación, Ana Berrocal, "ausente" y que ha puesto "barreras" al diálogo. Por ello, reclaman su cese.

María José Romero Morell, responsable de Enseñanza Pública de UGT, señala que "los docentes han vivido una incertidumbre y una sobrecarga de trabajo extra desde el primer minuto, no siempre bien reconocida. La enseñanza telemática fue un reto al que hubo que enfrentarse de un día para otro, con pocos medios, en algunos casos una brecha digital importante, y casi siempre poco apoyo. En este curso 2020-2021 la vuelta a las aulas en septiembre ha vuelto a enfrentar al docente con problemas no resueltos del curso pasado y además con el miedo a una pandemia que se extiende en oleadas". Sin embargo, añade, "el compromiso y la ilusión de los docentes ha sido el único revulsivo para ir superando esta situación, muchas veces en soledad sin el apoyo de la Administración, y además con nota haciendo que los centros educativos funcionen con calidad".

Por su parte, el responsable de Educación de CSIF Granada, Manuel Pérez, considera que "la gestión de la Consejería de Educación durante este último año ha sido lenta y poco afortunada". En una situación excepcional y difícil, añade, "no la hemos visto centrada en el manejo de la situación, las instrucciones y protocolos que se han ido enviando a los centros educativos, ya desde el pasado marzo, han sido escasas y ambiguas y muchas veces tardías, generando entre los docentes y los equipos directivos incertidumbre y desamparo por parte de la Administración". 

Denunciamos que si bien se ha contratado nuevos docentes de apoyo para los centros, "este refuerzo no ha aliviado los problemas fundamentales del sistema", como el de la elevada ratio en las aulas, "especialmente peligrosa" en estos momentos. 

"La burocracia en los centros ha aumentado, lo que, más allá de mejorar la calidad de la enseñanza, la perjudica y entorpece el trabajo de los docentes". La Consejería y la Inspección "no se han mostrado sensibles ante esto". Las bajas que se producen en los centros se están cubriendo con lentitud porque el sistema habilitado por la Junta de Andalucía, denominado SIPRI, no ha funcionado de manera regular desde que empezó el confinamiento en marzo pasado, con el perjuicio que ello supone. 

Desde las cuatro organizaciones sindicales entienden que parte de estos problemas "se hubieran evitado si la Consejería hubiera apostado por un diálogo productivo con los representantes de los más de 100.000 docentes que tenemos en la comunidad".  

Por otra parte, Mercedes González, del sindicato de Enseñanza de CCOO Granada, critica la "ausencia" de la delegada territorial de Educación, Ana Berrocal, durante este su primer año en el cargo y de pandemia. "Como representantes legales de los trabajadores lamentamos la falta de diálogo y las barreras que esta d"elegada ha impuesto y denunciamos las dificultades de equipos directivos, docentes y sindicatos para comunicarnos con nuestra Administración, mientras los centros educativos permanecen abiertos y alumnado y profesorado trabajan y avanzan en muchas ocasiones con instrucciones imprecisas".

Para CSIF, ANPE, CCOO y UGT la gestión de Ana Berrocal en un año no sólo se puede calificar de “poco destacable”, sino que además no ha generado los canales de diálogo necesarios para encarar las mejoras que se necesitan en los centros educativos de la provincia. 

Por todos estos motivos expuestos, estos sindicatos de la educación pública en Granada piden la dimisión de la delegada de Educación. Al respecto, Manuel Pérez, de ANPE Granada, señala que "nuestra provincia se merece un delegado o delegada que esté accesible y gestione no sólo para que todo siga, eso ya ocurre gracias a la buena voluntad y el buen hacer del profesorado y personal laboral de los centros y a la colaboración de las familias, sino para mejorar y avanzar".