La comarca de Baza cuenta con 11 proyectos de parques eólicos que tramita tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central, pendientes se que salgan a información pública. Entre los 11 suman una potencia máxima instalada de 431 megavatios (Mw). Actualmente hay en funcionamiento en la provincia de Granada 21 parques eólicos con una potencia de 402 Mw. Es decir, de materializarse estos 11 parques en una sola comarca tendrían más capacidad que los 21 que funcionan en la actualidad, gracias a que los nuevos parques eólicos cuentan con aerogeneradores más grandes que generan más potencia. 

Según indica los datos recabados por la comunidad de regantes Siete Fuentes Negratín, a fecha de 22 de marzo los proyectos que está tramitando la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, según el Servicio de Industria, Energía y Minas, son los siguientes:

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Estos nueve parques eólicos, en los términos de Baza, Caniles, Zújar y Cúllar, suman una potencia de 322 Mw distribuidos en 83 grandes aerogeneradores. A ellos se unen otros dos parques eólicos que tramita el Gobierno central, pues superan los 50 Mw de potencia instalada (hasta 50 Mw su tramitación corresponde a la Junta). Se trata del parque eólico Atocha, entre Zújar y Freila, con 58,8 Mw y 14 aerogeneradores, y el de Jabalcones, con 50,4 Mw y 15 turbinas eólicas. De manera que estos 11 parques eólicos sumarían 431 Mw de potencia instalada.

Actualmente la provincia de Granada cuenta con los siguientes parques eólicos en funcionamiento:

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A estos proyectos eólicos se une en la comarca de Baza la megaplanta solar fotovoltaica Ququima, actualmente en fase de información pública, con una potencia total de 250 MWp de potencia pico, y una ocupación de unas 700 hectáreas.

Todos estos proyectos se han presentado al calor de nuevo eje eléctrico de alta capacidad Caparacena-Baza, la conocida como línea 400 kV que ejecuta actualmente Red Eléctrica, que permitirá evacuar la energía eléctrica de estas instalaciones. 

Por lo tanto, en esta primera fase de la línea 400 kV hasta Baza está prevista la instalación inicial de 681,2 Mw en la comarca, mientras que "está pendiente una segunda fase con la prolongación de la línea 400 kV hasta Vera y una tercera con la ampliación hasta la Puebla de Don Fadrique", indica la comunidad de regantes Siete Fuentes Negratín.

"Un verdadero infierno"

"Para los responsables públicos y las empresas promotoras se trata de desarrollo y del cambio de modelo energético, sin embargo, para quien realmente sufre estos proyectos en el medio rural, lo que se avecina es un verdadero infierno para los habitantes de los pueblos, los agricultores y ganaderos", estima la comunidad de regantes. 

El presidente de Siete Fuentes Negratín, José Antonio Azor, asegura que está “alucinando” con la avalancha de proyectos, pues las futuras afecciones de las plantas eólicas y fotovoltaicas "van a comprometer la ejecución de los regadíos de las comunidades de regantes".

Para José Antonio Azor, "este es el resultado de hacer las cosas de espaldas a la ciudadanía" y ha indicado que “nuestros políticos han vendido nuestros pueblos en beneficio de las grandes empresas privadas, a los agricultores nos expropian, nos privan de nuestro medio de vida, nos abocan a emigrar y abandonar todo por lo que llevamos luchando desde generaciones”. 

Alegaciones al proyecto solar Ququima

La Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes ha aprobado realizar alegaciones en contra de la primera instalación de renovables que ha salido a información pública, es decir la central solar Ququima. Consideran que la planta energética no es compatible con los regadíos ni con la actividad agrícola ni ganadera y el proyecto "no contempla ningún estudio económico sobre los impactos sociales en las actividades actuales y futuras sobre los terrenos que la empresa privada quiere expropiar".

La megaplanta solar ocupa 99,7 hectáreas de esta comunidad de regantes, además de una de sus balsas de impulsión, tuberías y resto de infraestructuras de riego. A esta superficie afectada hay que sumar la pérdida de valor de las fincas. En palabras de Azor, “no se trata de una expropiación forzosa, sino del destierro de nuestros habitantes durante 25 años”, se lamenta. 

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