Una sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Granada establece una indemnización de 2.550 euros para un funcionario de prisiones –educador de la cárcel de Albolote- que sufrió una agresión física por parte de un recluso en diciembre de 2015, según informa el sindicato CSIF. Asimismo, la sentencia establece el internamiento del agresor durante 2 años y 8 meses en un centro adecuado a la “alteración psíquica” que padece.

Según explica CSIF, el juez califica los hechos como constitutivos de un delito de atentado a un funcionario público y de delito leve de lesiones y declara responsable civil subsidiaria a la Administración, ya que las lesiones se produjeron en el despacho del educador del centro penitenciario por un interno que no está en pleno uso de sus facultades mentales. Además, y de acuerdo a la sentencia, el Estado -como titular del centro penitenciario - deberá responder ahora ante esta indemnización por no proporcionar al funcionario medidas de seguridad para evitar la agresión.

En concreto, el juez detalla que los responsables de la prisión de Albolote no han considerado al interno como enfermo mental y no adoptaron medidas de seguridad oportunas para proteger al funcionario de prisiones, que recibió un fuerte golpe en el cuello, causándole una contusión de primer grado en la región cervical y tendinitis en el hombro izquierdo, necesitando un mes de baja laboral para su recuperación.

Por ello, el juez considera que los responsables de la prisión granadina han vulnerado el artículo 16 de la Ley General Penitenciaria, “que establece el deber de separar a los internos que presenten enfermedad o deficiencias mentales de los que puedan seguir el régimen normal del establecimiento”.

El responsable del Sector de Administración General del Estado de CSIF Granada, Francisco Amaya, ha mostrado su satisfacción “porque esta sentencia defiende los derechos y la dignidad de los trabajadores del centro penitenciario”. A su vez, pone énfasis en la necesidad de considerar a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad, “para no tener que depender de los tribunales en caso de agresión en el ejercicio de su actividad profesional y ante la insolvencia de los reclusos agresores”.

Al respecto, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el ámbito de la Administración General del Estado, ha promovido una iniciativa por la que los presos que agredan a un funcionario de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, en virtud de una proposición para modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria, registrada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso el pasado mes de abril. Con ella, se reconocerá a este colectivo la condición de agentes de la autoridad, de manera similar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.