Así, Fiscal ha recordado que la administración autonómica va a apelar el auto de 13 de julio del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Granada, que la condena al pago de 157,4 millones de euros al promotor de dicho centro, ubicado en el municipio de Armilla..

 

En este sentido, Fiscal ha aclarado, en el Pleno del Parlamento, que la empresa reclama por una suspensión que sólo fue efectiva cuando lo ordenó un juzgado de instrucción en un procedimiento en el que la Junta ni siquiera participaba, además de requerir "conceptos económicos que, como se demostrará, no están vinculados a la paralización".

 

El consejero ha explicado que la administración autonómica siempre entendió que el Ayuntamiento debía revisar la licencia municipal. Por ello, decidió acudir a los tribunales en un procedimiento que llevó dicho juzgado, el mismo que ordenó como medida cautelar la suspensión de las obras y que dictó el 23 de abril de 2009 una sentencia favorable a la administración autonómica.

 

Este tribunal es también el que en el auto del pasado 13 de julio fija la indemnización, en razón de una suspensión que la Junta solicitó y que fue acordada por el propio juzgado, reclamada por la empresa cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anula el 28 de abril de 2014 la sentencia mencionada del Juzgado nº1 de Granada de abril de 2009.

 

Para Fiscal, "hay cuestiones que no se pueden olvidar". Por ejemplo, que es el propio Ayuntamiento el que para las obras porque "no se estaba ajustando a la licencia otorgada"; que el 26 de abril de 2007 el Juzgado de Instrucción nº6 de Granada también acuerda la suspensión de las mismas, y que en este procedimiento penal "la Junta no era parte".

 

Así, ha destacado que las obras "no se paralizan de verdad" hasta que no lo ordena dicho juzgado de instrucción. Antes, cuando lo hizo el Ayuntamiento y el Juzgado n.º1 de lo Contencioso Administrativo, "el promotor incumplió y siguió con los trabajos". Esto es lo que dice la sentencia de 28 de julio de 2008 de la Audiencia Provincial de Granada, que también declara la construcción ilegal y acuerda su demolición parcial.

 

Por su parte, el diputado de Ciudadanos José Antonio Funes Arjona ha dudado sobre la diligencia de la Junta, ya que, a esta sentencia de 157,4 millones de condena a la Junta de Andalucía, ha sumado otras en las que la Administración andaluza ha perdido el juicio contra algún administrado.

 

De esta manera, ha exigido "máximo rigor" para evitar situaciones similares. "Los administrador pueden ir a la justicia, pero la Administración andaluza debe ser especialmente diligente", ha advertido Arjona, quien ha reclamado "un esfuerzo para gestionar mejor el dinero de los andaluces".

 

Además, el diputado de C's ha criticado que la Junta no se presentara a la última vista oral en el caso Nevada, aunque el Centro Comercial sólo ratificara su escrito en ese acto. En este punto, el consejero ha respondido que la Administración andaluza, aunque no acudió, sí remitió un escrito. "Si la Administración hubiera ido, no se habría cambiado nada", ha subrayado.