La Policía Nacional de Granada ha llevado a cabo la “Operación Brácula” en la que han detenido a cinco personas, dos españolas y tres marroquíes, todos ellos sin antecedentes policiales, como presuntos autores de explotar laboralmente a ciudadanos extranjeros aprovechándose de su situación administrativa irregular y manteniéndolos en condiciones laborales de esclavitud y condiciones de vida inhumanas. 

La investigación se inició el pasado mes de mayo, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo de ciudadanos marroquíes con estancia ilegal en España, que estaban siendo empadronados en un mismo domicilio de Loja, propiedad de otro compatriota quien ya había adquirido la nacionalidad española, el cual les ofrecía trabajar con él en labores agrícolas, principalmente en la recogida del espárrago, por las que realizaban jornadas de 11 o 12 horas a cambio de cobrar seis euros la hora, cuenta la Policía.

Las pesquisas policiales hicieron posible la ubicación del lugar donde se realizaban las tareas agrícolas y la del domicilio donde eran empadronados los ciudadanos extranjeros. Tras estas gestiones los agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, junto con la Inspección de Trabajo, quienes contaron con la colaboración de agentes de la Policía Local de Loja, se dirigieron a las fincas objeto de investigación, donde identificaron a diez trabajadores marroquíes, ocho de los cuales estaban en situación irregular.

A partir de ese momento, tuvieron conocimiento de que el propietario de la vivienda, además de explotarlos laboralmente, les cobraba 450 euros por empadronarlos allí, trámite que por otro lado, es completamente gratuito. También les hacía pagar 100 euros mensuales por un colchón en una habitación en la que podían dormir hasta siete u ocho personas.

Los agentes detuvieron a los presuntos implicados en el delito contra los derechos de los trabajadores: la persona que se encargaba de los empadronamientos y de buscarles trabajo, dos empresarios españoles que tenían las fincas arrendadas y contrataban a los ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular y dos capataces.

"Con esta intervención, los agentes pretenden acabar con el efecto llamada que se está produciendo en ciertas poblaciones de Granada, hasta donde llegan los ciudadanos extranjeros, se empadronan y comienzan a trabajar en condiciones muy desfavorables durante el tiempo necesario hasta que pueden demostrar su arraigo. Mientras tanto, padecen condiciones infrahumanas en su entorno laboral, favoreciendo el lucro de sus explotadores", afirma la Policía.