El Ayuntamiento de Granada ha reducido su periodo medio de pago a proveedores a 44 días. Así lo ha comunicado el concejal de Recursos Humanos y alcalde en funciones Vito Epíscopo.

El periodo medio de pago a proveedores estaba a final de 2022 en 44 días, según la última información facilitada por el anterior gobierno local del PSOE. 

Sin embargo, Vito Epíscopo ha señalado que “el nuevo equipo de gobierno ha revertido la situación heredada del periodo anterior, con una tendencia creciente en el plazo de pago a proveedores en los primeros meses del año, donde se llegó a alcanzar los 91,67 días en marzo”. Un hecho que, según el edil, “obligó a Intervención a comunicar informe de alerta a la Junta de Andalucía”.

Vito Epíscopo ha asegurado que “este equipo de gobierno seguirá trabajando para que, a finales de 2023, el Ayuntamiento pueda cumplir con los plazos señalados en la normativa de morosidad” y pagar a sus proveedores en menos de 30 días, “facilitando la sostenibilidad económica de nuestras empresas”.

El periodo medio de pago a proveedores (PMP) mide el retraso en el pago de la deuda comercial y su reducción, dice el Consistorio, "es uno de los principales retos a los que se enfrenta el Ayuntamiento de Granada, sometido en su gestión económica a un plan de ajuste, aprobado el pasado mes de abril, que impone la obligación de alcanzar los 30 días en el plazo de pago a proveedores en diciembre de este año".

Bajo ese criterio, “en el mes de julio se han pagado un total de 15.610.618,40 € en facturas a proveedores lo que ha permitido que el pago a proveedores del Ayuntamiento de Granada quede en 44,8 días”. De este modo, “hemos reducido los 70,18 días que se tardaban en pagar a proveedores en mayo de este ejercicio y que obligó a Intervención Municipal a comunicar informe de alerta a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, administración que tiene atribuida la tutela financiera de las Corporaciones Locales andaluzas”. Dicha alerta se comunicó, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ya que el período medio de pago del Ayuntamiento con la anterior Corporación superó entonces en más de 30 días el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad, durante dos meses consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería.