El Ayuntamiento de Granada cierra el ejercicio económico de 2022 con una "cifra histórica", dice en un comunicado, en relación al periodo medio de pago a proveedores que, con 56,25 días alcanzados en diciembre, sitúa a la institución municipal fuera del plan de ajuste impuesto por el Gobierno central “tras la pésima gestión del Partido Popular, por lo que nos encontramos en condiciones de poder abordar proyectos e iniciativas para que Granada pueda competir con otras ciudades de primera que no están sometidas a estas limitaciones económicas”, afirma el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Mantenimiento, Medio Ambiente y Educación, Jacobo Calvo.

El cnocejal ha calificado este dato de “bastante positivo” ya que permite al Ayuntamiento cumplir uno de los requisitos establecidos para “salir del Plan de Ajuste en 2023”, que, entre otras exigencias, “ha lastrado la capacidad de endeudamiento y con ello la posibilidad de impulsar nuevos proyectos de futuros para la ciudad”.

Se ha referido también al hecho de que “mientras el PP dejó a esta ciudad tiritando, en bancarrota, en poco menos de dos años este equipo de gobierno ha puesto las mimbres para que Granada salga de ese Plan de Ajuste y pueda trabajar al mismo nivel que otros ayuntamientos, que sí tienen ese capacidad de maniobra desde el punto de visto económico”.

Según ha informado, los datos del periodo medio de pago a proveedores en el Ayuntamiento de Granada han pasado de 120 días en 2020  a 87 en 2021, “hasta llegar a la cifra histórica en este Ayuntamiento de 56,25 en 2022”.

“Está claro que cuando el PSOE gobierna esta ciudad, como fue en el periodo de 2016 a 2019, y ahora, de 2021 a 2023, se demuestra que con rigor, compromiso y responsabilidad, y no con la pésima gestión económica que caracterizan los gobiernos del PP, la ciudad sigue avanzando para competir con el resto de ciudades que no están sujetas a este lastre”, opina Calvo.

El concejal ha explicado que, entre otras limitaciones, el Plan de Ajuste limita al Ayuntamiento de Granada en su capacidad de endeudamiento, con lo que no se pueden abordar nuevos proyectos de futuro, a la vez que obliga a “amortizar las jubilaciones, por lo que a partir de que se salga del mismo se podrán cubrir plazas fundamentales para la prestación de servicios dirigidas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas”.