El grupo municipal de Unidas Podemos ha presentado hoy su propuesta para las ordenanzas fiscales, aprobadas inicialmente el pasado mes de octubre y que se encuentran ahora en periodo de alegaciones y exposición pública. Las sugerencias del grupo supondrán una ampliación de las bonificaciones de alrededor de 1,8 millones de euros para las familias vulnerables y pequeños negocios. Estas se basan en tres modificaciones, la del callejero fiscal, la del IBI social (Impuesto de Bienes Inmuebles), y una bajada de la factura del agua que está aprobada por el Pleno.

Como elemento previo, ha dicho, “estas ordenanzas han sido posibles gracias a nuestro acuerdo en el presupuesto municipal, que de no haber cristalizado, las cuentas del Ayuntamiento no permitirían hablar de una reducción de impuestos de la que se van a beneficiar la inmensa mayoría de la población”

El concejal de la formación Paco Puentedura ha recordado que UP votó a favor del proyecto de ordenanzas del equipo de gobierno de Granada “tras acordar la baja del IBI, además de otra serie de bonificaciones como en la de licencias de actividad”, aunque ha mencionado, “creemos que el documento se puede mejorar y ofrecer cobertura a más personas”.

Como elemento previo, ha dicho, “estas ordenanzas han sido posibles gracias a nuestro acuerdo en el presupuesto municipal, que de no haber cristalizado, las cuentas del Ayuntamiento no permitirían hablar de una reducción de impuestos de la que se van a beneficiar la inmensa mayoría de la población”.

Tras el preámbulo, Puentedura ha remarcado que las alegaciones de UP “van a ampliar los conceptos del texto que consideramos insuficientes”. El edil ha manifestado que “esta ampliación de 1,8 millones se sustenta en base a dos criterios: la progresividad fiscal, es decir, que aporte más quien más tiene y, en segundo lugar, que estas bonificaciones vayan a las familias más vulnerables y pequeños negocios de la ciudad, que dinamizan el empleo y la economía de la ciudad”.

 

Alegaciones en tres bloques

Las alegaciones de UP están divididas en tres bloques, el primero de ellos es la modificación del callejero fiscal para la que “planteamos tres propuestas, muy claras y sencillas”, ha agregado el concejal. El primero es que los indicadores socioeconómicos que regulan las categorías de calles atiendan a criterios donde se tengan en cuenta a las rentas bajas”, ha explicado. A día de hoy el criterio es la declaración de la renta, IRPF o el Impuesto de actividades económicas, y “lo que queremos es que se incluyan los indicadores de número desempleados en estas calles, pensionistas y familias con rentas más bajas”. Esto, ha incidido, “aplicará criterios de justicia en los impuestos que cobre el Ayuntamiento”.

 “Si esto no cambia, se hace una media entre ambas y se beneficia a quien más capacidad económica tiene. Queremos un callejero fiscal ponderado según las realidades sociales de cada calle”, ha enfatizado

Dentro de este primer bloque, ha adelantado, “también proponemos que las calles largas se dividan en segmentos, para evitar lo que sucede en Camino de Ronda, por ejemplo, donde en una misma vía conviven muchas realidades sociales y económicas”. Desde UP, además, se ha planteado que se excluyan del callejero fiscal lo que en estadística se llama “desviación típica”, es decir, “que convivan los valores más altos y los más bajos”. Ocurre, por ejemplo, en el Albaicín, ha dicho Puentedura, donde en una calle pequeña existen casas con un valor catastral de medio millón de euros y otra, con un valor de apenas 50.000 euros. “Si esto no cambia, se hace una media entre ambas y se beneficia a quien más capacidad económica tiene. Queremos un callejero fiscal ponderado según las realidades sociales de cada calle”, ha enfatizado.

Puentedura ha comunicado que el segundo bloque trata sobre el IBI. “La bajada del 2% del IBI ya aprobada junto a UP”, ha continuado, “es una bajada lineal que afecta tanto a valores catastrales de más de 1 millón de euros, como a otros de 50.000 euros, por lo que proponemos que haya una ampliación de la bonificación y, por tanto, que se mejore a las economías más frágiles”. La vía para conseguirlo, ha añadido, es la ampliación de los márgenes de aplicación del IBI social porque, ha argumentado, “si hoy por hoy cualquier primera vivienda con un valor catastral de alrededor de 60.000 euros puede beneficiarse de hasta una bonificación de un 90% del impuesto, nosotros planteamos que ese valor pase a 65.000 euros como mínimo”. Se trata de ampliar el margen de viviendas y, por tanto, el margen de familias que puedan acogerse al IBI social, ha subrayado. Esto supone un avance a lo pactado en las actuales ordenanzas año con el equipo de gobierno, que ya mejoraba la cobertura del impuesto, y viene a ampliarlo aún más hasta llegar a alrededor de 2.000 familias, el doble de lo actual.

El tercer capítulo de las alegaciones de UP tratan sobre la reducción de las tarifas del agua, iniciativa, ha recordado Puentedura “que además de estar dentro de los acuerdos con el PSOE para las 55 medidas, también fue una moción aprobada por el Pleno municipal”. Esta bajada, ha anunciado, “tiene que dirigirse también a las economías más débiles de Granada, aquellas familias que no superan el 1,5 del salario mínimo interprofesional de ingresos de todos sus miembros y, también, bonificaciones para el pequeño comercio y a los mercados municipales”.