La Asociación de Agricultores, Ganaderos y Productores Agapro, de la comarca de Baza, han remitido un comunicado en el que culpan a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) de la escasez de agua, que convierte a sus regadíos en insostenibles, como sucede en buena parte de la provincia granadina, la que más ha incrementado en España el peso del regaío en sus tierras de cultivo en lo que va de siglo XXI, pese a que las lluvias son cada vez más escasas y la sobreexplotación de acuíferos no deja de aumentar. 

Según Agapro, la "política hidráulica de la CHG está llevando a la destrucción de la agricultura y a la despoblación de la Comarca de Baza", cuando el organismo de cuenca se limita a administrar un recurso escaso, y en ocasiones incluso con menos celo del que debería, de acuerdo con la constantes quejas de asociaciones ecologistas y conservacionistas. 

La declaración de riesgo para la masa de agua subterránea Baza-Freila-Zújar -que lo único que significa es constatar la insuficiente capacidad del acuífero para regenerarse, por la escasez de lluvia y la sobreexplotación, con numerosas pozos y extracciones ilegales que esquilman los recursos de todos- supondrá, dice Agapro, pérdidas millonarias para el sector agrícola "sin ninguna contraprestación".

"Mientras que la declaración de sobreexplotación de los acuíferos de Doñana ha resultado en una inyección de 1.400 millones de euros en medidas socioeconómicas y ambientales, en la Comarca de Baza no se contempla ninguna acción compensatoria. Solo se imponen restricciones al riego y al abastecimiento de agua potable, llegando al extremo de obligar a los usuarios a costear al hidrogeólogo residente", afirma la asociación agraria y ganadera.

"Que el agua fluya hacia el Guadalquivir"

Y lanza una grave acusación: "Los agricultores se preguntan por qué este doble rasero. La realidad es evidente: la Comarca de Baza no interesa ni a la Junta ni al Gobierno Central, salvo para garantizar que el agua fluya hacia el Guadalquivir y, en última instancia, hasta Doñana". Una acusación como la que se suele escuchar a menudo sobre que "el agua de los ríos se tira al mar", obviando lo que es el caudal ecológico de un río, que debe llevar agua suficiente para la supervivencia de su ecosistema desde el nacimiento hasta la desembocadura, como así lo recoge la Ley de Aguas. 

Agapro afirma que "llevamos 40 años esperando las infraestructuras hidráulicas que consoliden nuestros regadíos con aguas superficiales. Sin embargo, la CHG optó por otorgar concesiones de pozos y ahora pretende corregir su error con restricciones drásticas".

Según explican, "gracias a nuestras reivindicaciones, conseguimos una reserva de 18,5 hm3 de agua superficial desde el embalse del Negratín para consolidar nuestros regadíos. Esta reserva figura en los planes hidrológicos desde 2013, pero la CHG no ha otorgado ni una sola concesión a las cinco comunidades de regantes que la solicitaron en Zújar, Freila, Baza y Caniles. Llevamos 12 años esperando, mientras nuestras fuentes se secan y nuestros municipios dependen exclusivamente de concesiones de pozos". El embalse del Negratín está al 32% de su capacidad, lleva ya al menos seis años sin superar el 35% en ninguna época del año y durante 2023 estuvo por debajo del 20%. 

"En lugar de aplicar las soluciones previstas en los planes hidrológicos —sustituir los pozos por aguas superficiales para aliviar el acuífero—, ahora proponen cerrar el acuífero sin ofrecer alternativas, poniendo en peligro el futuro de la comarca", continúa Agapro con sus quejas. 

Según Agapro, "el propio Plan Hidrológico vigente advierte de las graves consecuencias socioeconómicas de estas restricciones: Pérdidas en la producción agraria y destrucción de empleo, con efectos en servicios y economía local. Un impacto económico negativo de 4.178.800 € anuales (equivalente a 25.072.800 € en todo el Tercer Ciclo de Planificación). Un cambio de actividad económica que requeriría inversiones millonarias y un largo periodo de adaptación". 

Desertificación mal entendida

Los agricultores y ganaderos reconocen que la reducción de extracciones mejoraría los niveles piezométricos y los caudales de los manantiales, pero "esto no puede lograrse a costa de la desaparición de la agricultura y la desertificación de la comarca", cuando se trata de un proceso, el de la desertificación, cuya causa hay que buscarla en el cambio climático y, precisamente, en el abuso del agua para unos regadíos insostenibles. 

"Desde AGAPRO exigimos que se cumpla el plan hidrológico en su totalidad, incluyendo la construcción de las infraestructuras necesarias para sustituir los pozos por aguas superficiales del embalse del Negratín para riego y del embalse del Portillo para abastecimiento. Pero esto debe hacerse antes de imponer restricciones que arruinen nuestra economía", estima la asociación. 

"Si se destruye el tejido empresarial agrícola cerrando el acuífero, como pretende la administración hidráulica, después ya no hará falta construir infraestructuras: no quedarán agricultores a quienes suministrar agua", según Agapro. 

Para esta asociación empresarial, la Comarca de Baza "se ha convertido en una tierra de sacrificio, donde sus recursos hídricos se destinan a otros territorios en detrimento de su propia supervivencia".

Agapro finaliza su comunicado con un llamamiento a todos los agricultores, comunidades de regantes, ayuntamientos y entidades de la comarca para sumarse a las movilizaciones previstas para marzo en Sevilla en las que exigirán "el cumplimiento del plan hidrológico en lo relativo a concesiones e infraestructuras necesarias para la supervivencia de nuestra agricultura".