El pleno de la Diputación de Granada ha aprobado por unanimidad instar a las entidades financieras que operan en la provincia a que busquen soluciones para los municipios que están sufriendo el cierre de estas oficinas, que impide la prestación de servicios a los ciudadanos.

Todos los grupos políticos con representación en la Diputación han votado este miércoles a favor de una iniciativa presentada por el PSOE, y expuesta por el portavoz del gobierno provincial, Pedro Fernández, y que manifiesta el apoyo de la institución a los alcaldes y que se están movilizando para pedir "el mantenimiento de los servicios financieros para sus vecinos".

Pedro Fernández ha insistido en que "la Diputación no puede permitir que, poco a poco, se vayan desmantelando los servicios en los territorios rurales y que ello suponga que muchos granadinos tengan que abandonar sus pueblos".

Asimismo, la moción insta al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a que se involucren en la búsqueda de una salida a esta situación.

Por otro lado, a propuesta del grupo Vamos Granada y con la abstención del PP se ha acordado reforzar la red de Oficinas Municipales de Información al Consumidor de la provincia, y promover "un pacto provincial por la economía social, solidaria y del bien común".

El grupo de IU-Para la Gente ha sacado adelante una moción que propone que los trabajadores del sector turístico estén representados en el Patronato Provincial de Turismo; y otra "en defensa de una política energética basada en la sostenibilidad para la Diputación Provincial", que incluye un estudio de eficiencia de las instalaciones, la adquisición de vehículos no contaminantes y la instalación de placas fotovoltaicas.

Por su parte, con la iniciativa del grupo Ciudadanos, el pleno ha aprobado una propuesta en defensa de una mayor accesibilidad para las personas con movilidad reducida en el ámbito de los edificios de la Diputación en el conjunto de los municipios; y una relativa a la elaboración de un plan especial de emergencia sísmica en la provincia que incluya un protocolo de actuación ante este tipo de situaciones, la inspección de todos los edificios públicos que no están adaptados a la norma sísmico-resistente y la puesta en marcha de campañas divulgativas dirigidas a la ciudadanía, con especial atención a la población escolar.