Subdelegación pide a la Guardia Civil que investigue el movimiento de tierras en El Carrizal
La Subdelegación del Gobierno en Granada ha pedido a la Guardia Civil que investigue el movimiento de tierra en el Barranco del Carrizal, declarado Lugar de Memoria Histórica de Andalucía al albergar fosas de víctimas del franquismo.
Según han informado a El Independiente de Granada fuentes de la Subdelegación, se ha solicitado oficialmente a la Guardia Civil que compruebe si los trabajos que se ejecutan en los terrenos, de titularidad privada, cuentan con los permisos pertinentes.
Este paso se da una vez que la Subdelegación del Gobierno recibió este martes un escrito de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH) en el que el colectivo memorialista alertaba del movimiento de tierra y solicitaba que se comprobara la legalidad de la actuación.
Como informó este diario, en ese escrito, el presidente de la asociación, el profesor Rafael Gil Bracero, expone: "De acuerdo a la normativa vigente consideramos que no se ha respetado los condicionantes que obligan tanto el artículo 8.4 así como el art. 28.3 de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en cuanto a la remoción o cambio de uso en ámbitos de terrenos sometidos a información y autorizaciones por las instituciones competentes (Consejería de Cultura y Comisionado de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía), autorizaciones que son previas a cualquier intervención de facto sobre el terreno sometido legalmente a la salvaguardia de los valores históricos, ambientales, paisajísticos, pedagógicos, etnográficos, antropológicos u otros singulares previstos en los artículos 21 y 22 que motivaron su inscripción en el Inventario".
La asociación solicitaba la paralización cautelar de las obras para garantizar que la intervención sigue los protocolos establecidos por ley y cuenta con las autorizaciones preceptivas.
Además de la intervención de la Guardia Civil, la Subdelegación del Gobierno ha dado traslado del escrito a la Delegación del Gobierno en Andalucía y a la Secretaría de Estado de Memoria Histórica.
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