La Coordinadora Andaluza por la Memoria exige a la Junta que cumpla la ley y paralice las obras en el Barranco del Carrizal
La Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática denuncia "un nuevo incumplimiento deliberado de la Ley por parte de la Consejería de Cultura", esta vez en relación a los movimientos de tierra en el Barranco del Carrizal de Órgiva, donde "después de más de una semana sigue mirando para otro lado mientras continúan las remociones de tierra" en este enclave declarado Lugar. "Es por ello que instamos a la Consejería de Cultura a que atienda cuanto antes las reclamaciones del Gobierno de España o la Diputación de Granada y paralice las obras".
En un comunicado, la Coordinadora Andaluza informa de que ha solicitado una reunión urgente con el Comisionado para la Concordia para plantearle este y otros asuntos, "habida cuenta de la falta de diligencia en las actuaciones y la falta de interlocución con las entidades memorialistas". "Esta dejadez se hace evidente también en el presidente de la Junta, al que solicitamos hace ocho meses una reunión de la que aún no hemos obtenido respuesta".
Tras la denuncia de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH), uno de los colectivos memorialistas integrante de la coordinadora, así como las reclamaciones de la Delegación del Gobierno en Andalucía y la Diputación de Granada, "instamos a la Junta de Andalucía a que aplique la Ley de Memoria Histórica y Democrática y paralice las obras en el Barranco del Carrizal, puesto que los trabajos continúan con maquinaria pesada y sin autorización para intervenir en un Lugar de Memoria". El Paraje del Barranco El Carrizal, señalizado en el Mapa de Fosas, podría contener hasta 5.000 víctimas de la represión franquista.
Como ha venido informando El Independiente de Granada, los trabajos no cuentan con el preceptivo permiso de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, con competencias en Memoria Democrática. Los trabajos continuaban esta semana, a pesar de la denuncia formalada por la AGRMH, que motivó un informe de la Guardia Civil con el que la Delegación del Gobierno de España en Andalucía solicitó a la Junta que aplicara la Ley de Memoria.
Críticas a las "excusas" para "seguir sin hacer nada" para la retirada de símbolos contrarios a la Memoria
Igualmente, la Coordinadora reclamará al Comisionado las respuestas solicitadas por escrito en el último Consejo Andaluz de la Memoria del 26 de junio sobre la Orden de Simbología, de la que solo se ha publicado una parte y que no recoge los criterios de actuación del artículo 32 de la Ley, "por lo que no es más que una excusa para seguir sin hacer nada en materia de símbolos contrarios a la Memoria, como viene siendo habitual en el gobierno de PP y Ciudadanos". La Orden publicada en BOJA solo regula el Comité técnico, incluye básicamente las funciones y composición que ya estaban recogidas en el Decreto heredado del Gobierno anterior, "es decir se podía haber aprobado en dos semanas, y no con 20 meses de retraso".
También se ha solicitado información sobre "el recorte presupuestario y balance de actuaciones de 2019, habida cuenta que todo lo que se ha llevado a cabo estaba planificado en 2018, así como de los planes anuales de 2019 y 2020 de los que seguimos sin obtener respuesta por parte de la Consejería". En materia de fosas, todas las actuaciones que se han realizado según el informe de actuación de 10 de marzo de 2020 en Alcalá del Río, Benacazón, Almadén de la Plata, Salteras, Higuera de la Sierra, Cortegana y Berrocal estaban previstas, presupuestadas y licitadas en 2018. "Ninguna actuación ni iniciativa nueva en más de un año y medio pese a la tan cacareada “prioridad” de la consejera Patricia del Pozo, y además han paralizado los trabajos de las comisiones como la de Archivo o las de Educación y sigue sin resolverse la convocatoria de subvenciones", apunta el colectivo memorialista, que reclama también información sobre los 36 Lugares de Memoria de los que existe informe preceptivo desde octubre de 2018, por lo que cuentan ya con 21 meses de retraso.