Según ha informado su abogado, Eduardo Ranz, el recurso de amparo presentado, tras la negativa de un juzgado de Granada y la Audiencia Provincial a activar esta búsqueda, está basado, conforme a lo adelantado por el diario 'El País', en la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

En el recurso, presentado este pasado lunes en el marco de los 20 días hábiles estipulados tras la inadmisión de la Audiencia Provincial, se opone a los argumentos esgrimidos para el archivo remitiendo a la vía civil, ya denegada en 2016, y al tiempo transcurrido desde que tuvieron lugar los hechos, más de 80 años

En el recurso, presentado este pasado lunes en el marco de los 20 días hábiles estipulados tras la inadmisión de la Audiencia Provincial, se opone a los argumentos esgrimidos para el archivo remitiendo a la vía civil, ya denegada en 2016, y al tiempo transcurrido desde que tuvieron lugar los hechos, más de 80 años.

A este respecto, Ranz ha expuesto que el recurso no busca "enjuiciar a nadie" sino investigar para que se pudiera, en última instancia, exhumar los restos, además de que la Audiencia Provincial de Barcelona ya tiene jurisprudencia contra el argumento para el archivo de que los supuestos autores de los hechos pudieran haber muerto.

Agotada la vía del Constitucional, en caso de una nueva inadmisión o archivo, esta parte tiene previsto recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha indicado también el letrado de García Catalán.

En enero de 2020, García Catalán, que es nieta adoptiva de Galindo, y que fue acogida desde muy pequeña en la familia, presentó, junto con allegados, una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Granada en la que se solicitaba que se siguiera investigando el lugar donde se encuentra enterrado el célebre poeta tras la aparición, en 1986, de "huesos humanos" en el lugar en el que el autor de 'La casa de Bernarda Alba' "fue asesinado", en el municipio granadino de Alfacar.

La denuncia, presentada por el abogado Eduardo Ranz, subrayaba que "la sociedad española no ha tenido aún la oportunidad de dar sepultura digna a su andaluz más internacional en las letras españolas y andaluzas".

En un comunicado, el letrado explicó que, además de dicha denuncia, se procedió a la presentación de dos instancias, a la Subdelegación del Gobierno de España, así como en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, "referidos a las circunstancias de la ejecución del poeta".

En dicha denuncia se aludía a una entrevista realizada este pasado año 2019 por el periodista Víctor Fernández Puertas, investigador de la figura de García Lorca, con José Antonio Valdivia, que en 1986 era diputado de Obras y Servicios de la Diputación de Granada, en la que éste señalaba que, en unas obras realizadas aquel año en el parque Federico García Lorca apareció "un fémur completo".

Por ello, en la denuncia se proponían como pruebas los testimonios del citado Víctor Fernández Puertas, y del hispanista y experto en la vida de García Lorca Ian Gibson, así como que tome declaración a José Antonio Valdivia.

Igualmente, se proponían una serie de pruebas documentales como "las hojas de servicio de la Guardia Civil en las zonas afectadas --Granada y Alfacar-- los días 18 a 20 de agosto de 1936 --cuando se habría producido la ejecución del poeta--, así como, en los archivos de la Guardia Civil, las posibles órdenes de ejecución o similares".

También se pedía que "se investiguen las órdenes de puesta a disposición de Guardia Civil y Falange dadas por la autoridad militar golpista y se averigüe si fueron únicas, o bien si fueron sistemáticas", así como que "se investigue si éstas tenían su origen en el comandante militar o bien partían de instancias superiores", y "que se consulte a la Cruz Roja si existe, como en otros lugares, un posible listado de los asesinados que vaya acompañado de información complementaria"

De esta manera, la denuncia solicitaba "la exhumación de García Lorca" y "la debida inscripción de traslado de cuerpo, de desaparecido durante el golpe de estado, la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura posterior", así como que se procediera "a la reparación que hubiere en Derecho".

Y es que, según argumenta la denuncia, "hasta la fecha, los familiares de las víctimas que se encuentran en la fosa sita en el Parque Federico García Lorca (...) no han tenido oportunidad alguna de ser compensados por el daño sufrido", y, "tal y como estipula la norma, para conceder la exhumación, se hace necesario que lo haya solicitado al menos una persona con legitimidad para ello, como es el caso que nos ocupa".

La denuncia también recordaba que la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía incluyó en julio de 2018, entre el listado de actuaciones propuestas en materia de recuperación de memoria histórica en diferentes municipios de la comunidad, tareas de "indagación-localización, delimitación, exhumación, estudio antropológico e identificación genética, si procediera", en Alfacar, tal como apareció publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 2 de agosto de 2018.

Búsqueda infructuosa

Al respecto, cabe recordar que, en enero de 2019, se conoció un informe realizado por expertos del Área de Geofísica Aplicada del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada en el entorno de la fuente situada en la placeta principal del Parque Federico García Lorca en Alfacar, que descartaba la existencia de restos humanos enterrados en su subsuelo.

La investigación, realizada con un radar de subsuelo en diciembre de 2018, fue entregado a la Dirección General para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, que lo había solicitado, en coordinación con la Junta de Andalucía, a raíz de las informaciones que apuntaban a que, en esta zona, podría haber estado la fosa común con los restos de Federico García Lorca, algo que entonces quedaba descartado tras no haber detectado los expertos "anomalías" en el terreno.

Según informó el Ministerio de Justicia en una nota de prensa, este extremo aparece reflejado en el informe que los cuatro integrantes del equipo del Instituto Andaluz de Geofísica encargados del análisis del terreno remitieron a la Dirección General para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia.