La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha denunciado “la opacidad, el oscurantismo y el descontrol administrativo" que rigen el área de Movilidad dirigida por la concejala Ana Agudo, quien, “20 días después de volver a solicitarle los datos reales sobre las sanciones impuestas, sigue negando a la ciudadanía transparencia y luz sobre la medida implantada por el gobierno de Carazo que está afectando a tantas familias”. Momentos antes del inicio de la Comisión de Movilidad, Ruz ha alertado sobre el “oscurantismo” con el que el equipo de gobierno del Partido Popular está gestionando la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), tratando de tapar con un tupido velo la realidad de las sanciones impuestas a la ciudadanía. A juicio de la edil, “a esta falta de transparencia se suma el colapso de una concejalía completamente sobrepasada, que está generando un sobrecoste superior a los 150.000 euros mensuales en horas extras y obligando a derivar personal de otras áreas municipales para intentar desatascar una situación que empeora cada día”.

Para el PSOE, el intento de ocultar esta nefasta gestión es evidente, continuado y roza la falta de respeto institucional. En este sentido, la líder de la oposición ha recordado que el gobierno local llegó a ofrecer información absolutamente contradictoria en el Pleno municipal, “donde un mes reconocieron la existencia de 11.000 multas y al mes siguiente aseguraron a la misma pregunta que la cifra era de cero sanciones”

Para el PSOE, el intento de ocultar esta nefasta gestión es evidente, continuado y roza la falta de respeto institucional. En este sentido, la líder de la oposición ha recordado que el gobierno local llegó a ofrecer información absolutamente contradictoria en el Pleno municipal, “donde un mes reconocieron la existencia de 11.000 multas y al mes siguiente aseguraron a la misma pregunta que la cifra era de cero sanciones”. Ante este escenario, que desde las filas socialistas tildan de posible falsedad documental, el grupo registró hace veinte días una solicitud formal para que la alcaldesa, Marifrán Carazo, y la propia Ana Agudo aclarasen los hechos, sin que hasta la fecha se hayan pronunciado, “confirmando la intención de meter los datos en un cajón para que los ciudadanos no conozcan la magnitud del problema”.

Esta voluntad de esconder las cifras contrasta dramáticamente con la cruda realidad que están sufriendo muchas familias, expuestas a un escenario de total indefensión jurídica y económica por el caos que impera en el área. Al respecto, la portavoz socialista ha detallado que las multas por acceder a la zona restringida sin autorización se están notificando con hasta cinco meses de retraso, “por lo que, al no recibir estos avisos a tiempo, los conductores desconocen que están cometiendo una infracción de manera reiterada, lo que desencadena una acumulación diaria de sanciones que ya ha llevado a varios ciudadanos a enfrentarse a multas conjuntas que superan los 8.000 euros”.

Para Ruz, “está claro que la negativa sistemática a facilitar la información responde a un intento deliberado de esconder a los granadinos el verdadero objetivo de la Zona de Bajas Emisiones, que es puramente recaudatorio y nada tiene que ver con la mejora de la calidad del aire”.