Desde noviembre de 2021 a diciembre de 2022, un total de 81 personas solicitaron en Andalucía la eutanasia para poner fin con dignidad a su vida. En esos meses, 29 personas, aquejadas por procesos oncológicos, neurodegenerativos o pluripatologías crónicos, recibieron ayuda para morir, bien en el hospital o en sus hogares. 

Así se recoge en el primer informe elaborado por la Junta de Andalucía sobre la aplicación de la Ley de Eutanasia en la comunidad, que desde la entrada en vigor de la norma aprobada en España, que supuso un avance en derechos para garantizar una muerte digna a personas con largos y graves padecimientos, se resistió a su aplicación y ha dado muestras de lo que expertos en salud pública, pacientes y entorno de estas personas han considerado un 'ensañamiento administrativo'. En esos meses evaluados por el informe, que la Junta llevó a Consejo de Gobierno en marzo de este año -la reunión celebrada en Sierra Nevada para lanzar como candidata a la Alcaldía a Marifrán Carazo- y que la Consejería de Salud y Consumo difundió este martes coincidiendo con la reunión número 40 de la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir que constituyó para analizar y autorizar los casos. 

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La Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir es, según detalla la Consejería, un órgano colegiado asesor, de carácter multidisciplinar, decisorio y de control, que actúa con autonomía funcional e independencia en el ejercicio de sus funciones, y que está adscrito orgánicamente a la Consejería competente en materia de salud. Está compuesto por trece profesionales de las áreas de medicina, enfermería y derecho, todos ellos expertos en bioética, y cuenta con una presidencia, una vicepresidencia y once vocales

17 personas murieron mientras esperaban a que se evaluara su caso

No todas las 81 solicitudes presentadas en este periodo lograron pasar la primera evaluación. Solo 52 casos -32 hombres y 20 mujeres- se reflejaron en expedientes para estudiarlos y autorizar, si se ajustaba a la ley, la aplicación de la eutanasia. Los otros 29 no llegaron a materializarse en expedientes. Corresponden a desestimientos tras cursar la petición, fallecimientos sin haber recibido respuesta o casos con informes médicos desfavorables para aplicar la eutanasia.

Es importante detenerse, en esos 29 casos que ni siquiera se convirtieron en expedientes porque 17 de ellos corresponden a personas que murieron antes de que se evaluaran sus casos y la comisión iniciara un expediente al respecto. Hubo tres que desistieron; otros tres que no habían completado la información para tramitar sus casos y 6 que contaron con informes médicos desfavorables a la eutanasia y que no fueron recurridas por el paciente. 

Hay otro dato más a tener en cuenta, otros 5 pacientes murieron cuando ya se estaba evaluando su petición. Cuatro de ellos por la enfermedad que padecían y que les llevó a pedir la aplicación de la eutanasia y otro por suicidio.

Desde que la persona que pide poner fin con dignidad a su vida presenta la primera solicitud hasta que se autoriza, por parte de la comisión, la prestación de la ayuda para morir, transcurren de media 81,96 días (70,70 días es la menor espera). 

La media de espera desde que se presenta la primera solicitud hasta que se presta ayuda para morir dignamente es de cerca de 82 días y la Junta espera que "se reduzca" en los próximos años

Este tiempo, apunta la Consejería, "está condicionado por los plazos que se impone el propio paciente y la necesidad de deliberación entre paciente/familia/médico responsable, teniendo en cuenta que los plazos marcados por la LORE -Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia- lo son para los profesionales y sin que exista plazo para los solicitantes de la prestación al momento de presentar la segunda solicitud. También este tiempo depende de la agilidad del propio médico responsable; se trata de una nueva prestación en la que no había precedentes ni hábito de gestión. Es de esperar que en los próximos años este tiempo se reduzca en cuanto al factor dependiente del mMédico responsable". 

Al respecto, la Junta añade que desde que la comisión emite un informe favorable hasta que se ayuda a morir al paciente discurren, de media, 23,83 días (13 de mediana).

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Como se observa en el cuadro sobre estas líneas, incluido en el informe distribuido por Salud, de los 52 casos evaluados, 8 corresponden a la provincia de Granada. Este documento no detalla cuántas de las 29 personas que sí recibieron ayuda para morir en Andalucía lo hicieron en Granada. Sí apunta algún dato más, como que de esos 8 expedientes analizados en la provincia, dos eran personas con nacionalidad extranjera residentes en Granada -Bélgica y Colombia-.

Y, como se ha indicado, tampoco esos 52 casos culminaron con eutanasia. Fueron 29, 15 de ellos se materializaron en el domicilio de los pacientes y 14 en el hospital. La modalidad aplicada fue la eutanasia en 28 de ellos -administrada directamente por el equipo médico-, mientras que el otro correspondió con autoadministración, lo que se denomina, según precisa el informe, suicidio asistido.

Según la Consejería de Ssalud y Consumo, en Andalucía se ha instaurado como "herramienta adicional" en el proceso de evaluacióon de los casos, el "documento deliberativo social para los solicitantes de la prestación de ayuda para morir". Este documento, según explica, es elaborado por trabajadores sociales. "Se hace una valoración de la situación familiar, económica, habitacional y de prestaciones sociales que recibe el ciudadano solicitante" y se trata de un documento "de gran ayuda para identificar la situación socioeconómica de los solicitantes, permitiendo identificar situaciones potenciales de abandono o precariedad social". El informe ha sido, asegura la Junta, "de gran ayuda para los procesos de verificación y reclamaciones que han llegado a la comisión". 

"De forma muy mayoritaria", detalla el informe consultado por El Independiente de Granada, las solicitudes se inician en el ámbito de Atención Primaria por la proximidad al paciente, la familia y el hogar familiar. Otro dato de interés que aporta este documento es que la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir recibió 21 reclamaciones de las que 4 se resolvieron favorablemente, mientras que 16 se rechazaron. El otro caso -el que suma el número 21- corresponde a un paciente que murió antes de que se resolviera su reclamación.

Según los datos de la Consejería de Salud y Consumo, 803 profesionales de la medicina se han acogido a la objeción de conciencia: 468 (58,28%) en Atención Primaria y 335 (41,72%) en el ámbito hospitalario.

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