La Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática (CoAndMHD) ha presentado el balance del año 2020 sobre políticas de Memoria en Andalucía, que constata lo que “venimos advirtiendo desde 2019; se consolida el grave desmantelamiento de estas políticas, el abandono de la Ley y, en consecuencia, la ausencia de actuaciones”. El ejemplo más flagrante está en la ejecución del presupuesto en 2020, que apenas alcanza el 17% (a 30 de septiembre).

Las partidas presupuestarias para Memoria se han recortado a la mitad, un 50% menos si atendemos al Plan Cuatrienal. Este año, a esos recortes se han añadido otros 470.000 euros menos, por las modificaciones de crédito por la pandemia. “Con esta involución presupuestaria y de ejecución, Andalucía ha pasado de ser una comunidad a la vanguardia en la Recuperación de la Memoria Histórica y Democrática al abandono y desamparo de las víctimas”, señala el portavoz Antonio Manuel Mateos.

El Comité Técnico de Exhumaciones, órgano que aprueba las intervenciones, “se ha reunido por primera vez en esta legislatura el pasado mes de noviembre y no ha aprobado ninguna intervención”, ha remarcado el portavoz memorialista

Exhumaciones. En materia de exhumaciones el gobierno andaluz no ha tenido ninguna iniciativa propia en dos años de legislatura y tres presupuestos. Solo se están abordando en Andalucía las 18 actuaciones aprobadas ya en 2018 y que tenían financiación de sus ayuntamientos, diputaciones provinciales o del propio Gobierno de España. “La Junta solo actúa en 9 fosas, previamente resuelta la financiación de las mismas en 2018”, destacó.

El único presupuesto aprobado por la Junta para exhumaciones en 2020, y previsto para 2021, son los 265.000 euros comprometidos desde 2017 por convenio para la fosa de Pico Reja en el cementerio de Sevilla. De hecho, el Comité Técnico de Exhumaciones, órgano que aprueba las intervenciones, “se ha reunido por primera vez en esta legislatura el pasado mes de noviembre y no ha aprobado ninguna intervención”, ha remarcado el portavoz memorialista.

Mateos reprocha además la falta de actuaciones, pero también la omisión del gobierno de Andalucía, que en dos ocasiones “ha obviado sus obligaciones de cumplimiento de la Ley: en agosto de 2020, al no intervenir de oficio ante remociones de terreno que el Ayuntamiento de Órgiva estaba realizando sobre los terrenos de la fosa de El Carrizal sin supervisión arqueológica; o en Almadén de la Plata, donde el alcalde intentó suplantar a los técnicos en los trabajos de indagación y localización de la fosa común del municipio”.

Simbología. Sobre la regulación de símbolos contrarios a la memoria democrática de Andalucía, el portavoz de la Coordinadora ha señalado que “la política de brazos caídos de la Consejería de Cultura ha provocado, no solo que no se haya abordado aún la salida del genocida Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena, sino que, de haber desarrollado la Ley, se habría evitado revertir la nomenclatura del callejero de Córdoba a terminología fascista y la intencionada polémica ocasionada por la extrema derecha con el silencio cómplice de la Junta por la retirada de la cruz de Aguilar de la Frontera (Córdoba). De contar con el desarrollo normativo, como compete a la administración autonómica, no se hubieran convertido en motivos de confrontación entre la ciudadanía”.

La CoAndMHD registró en noviembre de 2020 una petición para la valoración y retirada, si procediese, de casi un centenar de símbolos y vestigios franquistas que aún permanecen en el callejero de las diferentes ciudades y pueblos andaluces.

El balance arroja también unas cifras negativas en declaración de Lugares de Memoria, ninguna aprobación, ni inscripción de las 36 pendientes en el Inventario, lo que ha motivado la petición de la Coordinadora de “información por escrito sobre el estado de los expedientes, y que se aceleren los trámites”. Entre ellas, La Colonia de Víznar

Lugares de Memoria. El balance arroja también unas cifras negativas en declaración de Lugares de Memoria, ninguna aprobación, ni inscripción de las 36 pendientes en el Inventario, lo que ha motivado la petición de la Coordinadora de “información por escrito sobre el estado de los expedientes, y que se aceleren los trámites”. Entre ellas, La Colonia de Víznar (Granada), El Campo de Concentración de Santiago e Higuera de Calatrava (Jaén), El Convento de Santa Úrsula (Jaén) la vieja cárcel de Úbeda(Jaén), La antigua Capitanía General de la Gavidia (Sevilla) o El Palacio de la Aduana (Málaga), estos dos últimos propiedad de la Junta. “Ni de simbología, ni de lugares de Memoria, hemos recibido respuesta alguna, como tampoco de la solicitud al presidente de la Junta de una petición de reunión a comienzos del año pasado”, informó Mateos.

En lo que respecta a subvenciones para difusión, divulgación e investigación científica, “se ha perdido el presupuesto de 2019, por no resolver la convocatoria en tiempo y forma, y en 2020 se ha recortado a 75.000 euros, de los 260.000 previstos, de manera que sólo 7 asociaciones, 9 ayuntamientos y 4 universidades pueden contar con financiación”, ha detallado Antonio Manuel Mateos. Han quedado fuera proyectos de 46 ayuntamientos, 7 asociaciones y los de la Universidad de Cádiz.

En otro orden de cosas, la CoAndMHD, aparte de organizar y participar en actos propios por toda la geografía andaluza, también ha realizado aportaciones al anteproyecto de Ley estatal de Memoria Democrática. Pese a la pandemia, que ha reducido o modificado muchas de las actuaciones de las entidades memorialistas, “hemos seguido defendiendo el deber de Memoria, no solo como una manera de conocer nuestro pasado colectivo, sino como la mejor fórmula de construir el futuro de un país sobre la base de unos valores y principios democráticos sólidamente consolidados”.