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En un inédito auto da un plazo de tres meses para que ejecuten las obras como medida cautelar

Un juez ordena a la CHG y a Instituciones Penitenciarias que construyan un colector para evitar los vertidos de la Prisión de Albolote

Ciudadanía - IndeGranada - Miércoles, 9 de Septiembre de 2015
El titular del juzgado de instrucción número 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, ha ordenado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior la “inmediata” construcción de "una tubería o colector" para evitar los continuos vertidos tóxicos sobre una finca particular por los que el magistrado abrió la causa, tras la denuncia de los afectados.
Prisión Provincial de Granada, en Albolote.
E.P.
Prisión Provincial de Granada, en Albolote.
La orden del juez Del Arco, que da un plazo máximo de ejecución a la CHG y a Instituciones Penitenciarias de tres meses, concreta que el colector debe habilitarse “entre el puente situado bajo la carretera del Centro Penitenciario hasta la desembocadura en el río Colomera, con soterramiento ulterior del mismo”, según el auto de medidas cautelares al que tuvo acceso El Independiente de Granada.
 
El juez, que con el auto acepta parcialmente las medidas cautelares solicitadas por la representación de la afectada, precisa, incluso, cómo deber ser la construcción del canal. Así, señala que la construcción del entubado “deberá tener en cuenta los términos expuestos” por un perito que, entre otras conclusiones, determina que el canal entubado debe tener una “sección suficiente para asumir las grandes avenidas” y que debe ser  instalado “desde el puente de la carretera nueva de Colomera hasta el río del mismo nombre, el cual dispone de mayor capacidad de caudal y de autodepuración, con lo que se evitarían más procesos erosivos y de contaminación”.
 
El caso, en el que están también imputados, entre otros, responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el administrador del centro penitenciario, cargos de Instituciones Penitenciarias y varios técnicos encargados del mantenimiento de la depuradora, fue denunciado por una particular en marzo de 2010, que señalaba que desde 1997, cuando se construyó la prisión, se han causado "graves y reiterados daños" en una finca de su propiedad, concretamente el Cortijo Las Torres, donde se encuentra el cauce del arroyo El Juncal.
 
En la exposición argumental del representante de la afectada para solicitar medidas cautelares, recoge el auto hasta una decena de nuevos vertidos desde la instalación de una nueva depuradora en la Prisión Provincial de Albolote, a los que total credibilidad.
 
“Todo lo anterior es prueba inequívoca de que la nueva EDAR que entró en funcionamiento en julio de 2014, no ha solucionado los problemas de vertidos, siendo ya indudable que van a seguir produciéndose graves riesgos para la salud de las personas, así como peligro evidente de daños medioambientales, en el suelo, subsuelo, flora y fauna de la zona”, dice la demandante que añade: "Todo ello hace ya imprescindible que por parte de la autoridad judicial se ordene el cese de cualquier vertido mientras no se solucione el sistema de depuración de la Prisión”.
 
"Si la razón esgrimida hasta ahora por la Abogacía del Estado era que la remodelación de la EDAR hacía innecesaria la adopción de la medida cautelar solicitada, todos estos datos tan contundentes justifican sobradamente la petición ahora reiterada”.
 
La parte afectada, incluso, llega a aportar el dictamen de la responsable del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla que determina que "un vertido de estas características continuado en el tiempo altera el equilibrio del ecosistema acuático del arroyo Juncal favoreciendo la aparición de fenómenos de eutrofización  y limitando algunos usos del agua para consumo aguas abajo“. 
 
"La conclusión de dicho estudio es que no está garantizada la depuración de las aguas procedentes de la Prisión, pudiendo aparecer microorganismos patógenos”, señala la representación legal de la parte afectada.
 

Conclusiones de la denunciante

Por ello, señala la afectada que “el análisis de los resultados analíticos del conjunto de vertidos históricos de aguas residuales sin depurar procedentes del Centro Penitenciario que, de modo rutinario, se han producido sobre el arroyo Juncal; suponen un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas expuestas, cuyos daños sobre la integridad del ecosistema acuático y sobre los cultivos expuestos han quedado acreditados”.
 
Además, que “pese a la reforma y mejora evidentes llevadas a cabo recientemente sobre las instalaciones de la EDAR del Centro Penitenciario de Albolote, que viene a paliar la ausencia de control sobre la calidad de los vertidos demostrada por dicha infraestructura desde su instalación, se aprecian deficiencias en el proceso de depuración que afectan a la calidad de sus vertidos y, consecuentemente, en la calidad del ecosistema que alberga el Arroyo Juncal, contribuyendo al deterioro apreciado en la calidad biótica de las aguas del rio Colomera”.
 
Y respecto a los daños medioambientales, añade: “La modificación de la escorrentía superficial generada por la construcción de la prisión de Albolote supone una modificación sustancial del funcionamiento hídrico de su área de influencia contribuyendo de modo simultáneo a la erosión hídrica acelerada e irreversible de la cuenca del arroyo Juncal y a la desecación del sistema lagunar situado al sur de Centro Penitenciario".
 

Fundamentos del juez

El juez Del Arco, a la luz de la argumentación, admite en el auto que “se imponen medidas para evitar y que cese la actual y futura contaminación del cauce del arroyo Juncal, así como los suelos, los acuíferos y nacimientos de agua existentes en la zona del arroyo Juncal y en el cortijo las Torres, y por derivación de ello, el arbolado y los cultivos existentes o futuros. Hay indicios de que los riesgos de contaminación pueden seguir existiendo, a la vista del contenido de los más recientes informes periciales recibidos en el Juzgado”.
 

Declaraciones previas

El juez llegó a citar como imputados a varios ex delegados de Medio Ambiente de Medio Ambiente de la Junta, entre ellos la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García y la actual delegada de Medio Ambiente, Inmaculada Oria, que declararon en sede judicial. También procedió contra Javier Aragón, ahora parlamentario. Por su condición de aforado pidió al TSJA que procediera contra él y abriera diligencias, si bien el Alto Tribunal archivó finalmente la actuación.
 
Oria señaló a los periodistas el día que compareció ante el juez que acudía con “total tranquilidad" y con el "total convencimiento" de que ni ella ni ningún miembro de la Delegación de Medio Ambiente ha llevado a cabo una actuación que "no sea ajustada a derecho" y subrayó que las cuestiones de aguas y del dominio público hidráulico son "competencia exclusiva" del Estado desde 2011. 
 
Asimismo, afirmó que a ella no le consta informe alguno sobre esos posibles vertidos de la cárcel, cuyo seguimiento y control correspondía al organismo de cuenca, en este caso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Por ello, concluyó que está "totalmente convencida" de que en el Estado de Derecho, "como no puede ser de otra forma", "imperará la justicia y se archivará la causa".
 
Su comparecencia se produjo  días después de que declarara ante el instructor, el magistrado Miguel Ángel del Arco, la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, que también defendió su actuación en este asunto y negó que existiera competencia autonómica en este caso, con lo que confió igualmente en el archivo de las diligencias.
 

Imputados

Entre los imputados también figuran el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y el subdirector general de servicios penitenciarios y ex director de la Prisión de Albolote, Enrique Caracuel, que declararon ante la Guardia Civil. A los dos les atribuye la posible comisión de los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente. También apuntó a la ex secretaria general de Instituciones Penitenciarias , Mercedes Gallizo, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, por lo que el aforamiento le impidió declarar ante el juez. No obstante, en el caso de que el juez considerara que existen indicios de criminalidad en su actuación enviará exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, si así lo estima oportuno.