La Fiscalía ve presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación
El juez investiga ya la venta de la Casa Ágreda: pide un informe pericial y fija las primeras declaraciones de los investigados
El Juzgado de Instrucción número 9 ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía y ha acordado las primeras diligencias.
M.Rodríguez
El juez ha incoado las primeras diligencias.
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Granada, el magistrado José Luis Ruiz Martínez, en el que recayó la denuncia presentada por la Fiscalía por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la venta de la Casa Ágreda ha incoado ya las primeras diligencias una vez que ha admitido formalmente a trámite el escrito del Ministerio Público.
Así, el juez ha pedido un informe pericial sobre el inmueble que debe determinar el valor de este palacete del siglo XVI. Las tasaciones y las condiciones de la operación acordada por el anterior equipo de gobierno del PP han sido puestas en duda por la Fiscalía, que en su denuncia considera que gobierno de José Torres Hurtado hizo una convocatoria a la medida de la ONG internacional que resultó adjudicataria, AIDE.
Según han informado a El Independiente de Granada fuentes judiciales, es una de las primeras diligencias acordadas por el Juzgado, que también ha fijado las primeras declaraciones de los investigados en este caso, que comenzarán a partir de finales de septiembre en un calendario que está siendo ya notificado.
La Fiscalía señala al exalcalde José Torres Hurtado, a su exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto, y a técnicos municipales, entre ellos Manuel Lorente, y a los concejales del PP que participaron en las juntas de gobierno local que aprobaron la operación como supuestos responsables de los delitos que se investigan en el caso.
El gobierno del PP hizo una cesión por 40 años -del uso del derecho de superficie- por 200.00 euros más IVA, incluyendo además una opción a compra, en los 10 primeros años, por algo menos de 1,6 millones de euros. Esa opción a compra con la condición de que se rehabilitara el palacete del siglo XVI en una intervención calculada en cerca de 5 millones de euros.
La denuncia de la Fiscalía
Cree el Ministerio Público, según se recoge en la denuncia a la que tuvo acceso El Independiente de Granada, que, tras recibir una oferta de AIDE, la convocatoria pública para formalizar la adjudicación se hizo recogiendo condiciones "similares" a las planteadas previamente por la entidad, "de modo que se deduce racionalmente que se han consensuado previamente, originándose un procedimiento administrativo al efecto (ad hoc)".
Relata que Torres Hurtado "influyó" para que la tramitación la llevara a cabo la Concejalía de Urbanismo -de la que era responsable una persona "de máxima confianza" como Isabel Nieto-, y no la de Patrimonio, como hubiera correspondido y "para que la oferta saliera adelante".
Y censura la modalidad contractual elegida para la operación -el derecho de superficie con opción a compra-, al considerar que, en las condiciones fijadas, si se ejercitara el derecho a compra, finalmente el Ayuntamiento solo recibiría 1,9 millones por el inmueble, una cantidad "muy por debajo" de las tasaciones que obran en el Ayuntamiento por la Casa Ágreda: de 6 y de 4 millones. Como indica la Fiscalía, "esta manera de administrar el patrimonio municipal en perjucio del mismo es lo que constituye el delito de malversación de caudales públicos".
La investigación de la enajenación del inmueble comenzó a raíz de las denuncias presentadas ante la Fiscalía por los grupos municipales de Vamos Granada, Izquierda Unida y PSOE -hoy en la Alcaldía- haciéndose eco de la movilización vecinal en contra de la pérdida del inmueble para el patrimonio municipal. También formuló denuncia ante la Fiscalía el empresario Ramón Arenas.
Más información:
