La Fiscalía presenta una denuncia que recae en el Juzgado de Instrucción 9
Casa Ágreda: La Fiscalía cree que el gobierno del PP hizo una convocatoria a la medida de la ONG adjudicataria
Presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias son los que la Fiscalía aprecia en la cesión de la Casa Ágreda a una ONG internacional.
Miguel Rodríguez
El Juzgado 9 debe ahora abrir diligencias.
'La Casa Ágreda no se vende'. Ese fue el mensaje que lanzaron muchos de los vecinos y vecinas del Albaicín al entonces alcalde, José Torres Hurtado, cuando ya se daban los últimos pasos para dar por formalizada la cesión del inmueble a la ONG llamada Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE).
Una cesión por 40 años -del uso del derecho de superficie-, por 200.00 euros más IVA, que incluía además una opción a compra, en los 10 primeros años, por algo menos de 1,6 millones de euros, siempre que se rehabilitara el palacete del siglo XVI en una intervención calculada en cerca de 5 millones de euros.
Todos los pasos dados para concretar esa operación son cuestionados por la Fiscalía de Granada que, tras finalizar las diligencias de investigación penal que abrió tras recibir denuncia de los grupos municipales y también del empresario Ramón Arenas, ha trasladado el caso a los juzgados. La denuncia ha recaído en el Juzgado de Instrucción 9, que deberá ahora decidir sobre la apertura de diligencias.
Imagen de una protesta a las puertas del Ayuntamiento contra la enajenación del inmueble. m.rodríguez
El otro frente, administrativo
La investigación judicial abre otro frente para recuperar el inmueble mientras el gobierno local socialista ya había dado pasos en el terreno administrativo para revertir la cesión. En Junta de Gobierno Local puso en marcha los trámites, alegando que la ONG había incumplido los plazos establecidos en la adjudicación. AIDE ha formulado alegaciones.
El equipo de gobierno ha pedido incluso un informe al Consejo Consultivo de Andalucía.
Queda ahor por ver cómo afectará la investigación penal al procedimiento administrativo en marcha.
La investigación judicial abre otro frente para recuperar el inmueble mientras el gobierno local socialista ya había dado pasos en el terreno administrativo para revertir la cesión. En Junta de Gobierno Local puso en marcha los trámites, alegando que la ONG había incumplido los plazos establecidos en la adjudicación. AIDE ha formulado alegaciones.
El equipo de gobierno ha pedido incluso un informe al Consejo Consultivo de Andalucía.
Queda ahor por ver cómo afectará la investigación penal al procedimiento administrativo en marcha.
La Fiscalía ve indicios de supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la operación impulsada por el anterior gobierno de Torres Hurtado.
Señalados por la Fiscalía como posibles responsables: el exalcalde; su exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto; técnicos municipales que participaron en la tramitación del expediente, entre ellos Manuel Lorente; y los concejales del PP que participaron en las juntas de gobierno local que autorizaron la operación. La investigación judicial deberá determinar las responsabilidades individuales de cada uno.
La denuncia ha recaído en el Juzgado de Instrucción 9.
Cree el Ministerio Público, según se recoge en la denuncia a la que ha tenido acceso El Independiente de Granada, que, tras recibir una oferta de AIDE, la convocatoria pública para formalizar la adjudicación se hizo recogiendo condiciones "similares" a las planteadas previamente por la entidad, "de modo que se deduce racionalmente que se han consensuado previamente, originándose un procedimiento administrativo al efecto (ad hoc)".
Relata que Torres Hurtado "influyó" para que la tramitación la llevara a cabo la Concejalía de Urbanismo -de la que era responsable una persona "de máxima confianza" como Isabel Nieto-, y no la de Patrimonio, como hubiera correspondido y "para que la oferta saliera adelante".
Y censura la modalidad contractual elegida para la operación -el derecho de superficie con opción a compra-, al considerar que, en las condiciones fijadas, si se ejercitara el derecho a compra, finalmente el Ayuntamiento solo recibiría 1,9 millones por el inmueble, una cantidad "muy por debajo" de las tasaciones que obran en el Ayuntamiento por la Casa Ágreda: de 6 y de 4 millones. Como indica la Fiscalía, "esta manera de administrar el patrimonio municipal en perjucio del mismo es lo que constituye el delito de malversación de caudales públicos".
La Fiscalía aprecia posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación.
¿Qué pone en duda la Fiscalía?
Cuestiona que la solvencia de la ONG quedara acreditada
La Fiscalía llama la atención sobre deficiencias en la documentación presentada por AIDE :
- Para acreditar que la asociación está inscrita en un registro profesional o comercial aporta un documento que indica que ha sido declarada asociación en la Prefectura de Policía de París. Pero el documento que entrega tiene fecha posterior al de presentación de su solicitud para optar a la Casa Ágreda y no aparece traducido. La entidad se registra en España con fecha también posterior a la fecha límite para concurrir.
- Para acreditar su solvencia presenta un documento traducido, sin que conste el original, de un banco marroquí, que la califica como "un cliente serio". Ese certificado, recuerda la Fiscalía, no se ajusta a las exigencias legales.
- El hecho de que utilice un banco distinto al que acreditó su solvencia para llevar a cabo la transferencia de la garantía provisional. Y que en el expediente no figure el documento de ingreso, sino la justificación del Ayuntamiento que lo ha recibido.
El precio establecido en la operación por el inmueble y su rehabilitación
Antes de que Manuel Lorente, como director de Obras Municipales, hiciera una valoración de la Casa Ágreda, en el Ayuntamiento ya constaban otras:
- Una efectuada en 2007 por el subdirector de Arquitectura por 5 millones.
- Otra elaborada por una mercantil externa con un valor final de tasación de 6,1 millones.
- Y una tercera también de Urbanismo por 4 millones.
Para este expediente, Lorente fija finalmente las condiciones ya conocidas: los 200.000 euros por el derecho de superficie; 1,6 millones por la opción a compra con los casi 5 de rehabilitación.
La modalidad de contrato elegida
"No llegamos a comprender la modalidad contractual elegida por los responsables municipales y las precisiones realizadas a la misma (dercho de superficie con opción a compra)", dice la Fiscalía que cita en su denuncia que el propio registrador de la Propiedad -como informó en su día El Independiente de Granada- solo inscribiera el derecho de superficie y denegara hacerlo respecto al de compra.
La modalidad, según argumenta, va "en perjuicio de las arcas municipales". Por "el precio bajo" fijado y porque ni siquiera se fijan requisitos u obligaciones para que, ejercido el derecho a compra, el inmueble siguiera destinándose a uso social o incluso que AIDE no pudiera venderlo.
El viaje de dos concejales del PP a Marruecos pagado por AIDE
A finales del pasado año, en plena movilización contra la venta del palacete, se suscitó una polémica al conocerse la invitación que la ONG adjudicataria había hecho al gobierno local para participar, en Marruecos, en unas jornadas donde se presentaría el proyecto para Granada.
Ante ese revuelo Torres Hurtado declinó ir y acudieron Francisco Ledesma y Fernando Egea. Ahora el Ministerio Público cuestiona esos viajes y que los gastos de desplazamiento y alojamiento los pagara la asociación.
El PP trata de distanciarse del anterior gobierno mientras le piden explicaciones
El grupo municipal del PP evitó este viernes pronunciarse oficialmente respecto a la denuncia de la que había informado Ideal. En declaraciones a Radio Granada, su coordinador, Juan Antonio Fuentes, señaló a Torres Hurtado y Nieto, destacando que ya abandonaron el Consistorio y están suspendidos de militancia por su partido. También expresó su deseo de que la Justicia aclare cuante antes los hechos.
Mientras tanto, el gobierno socialista le pedía explicaciones por esta nueva investigación que arroja más sospechas a la gestión del PP. Lo hizo la alcaldesa en funciones, Ana Muñoz, quien recordó que la Fiscalía también señala a los ediles de la Junta de Gobierno y al respecto precisó que entre ellos estarían Juan Antonio Fuentes y ediles como María Francés, Fernando Egea, Francisco Ledesma, Telesfora Ruiz y Juan García Montero.
Por su parte, Vamos Granada se atribuyó el impulso de la denuncia ante la Fiscalía y su portavoz, Marta Gutiérrez, fue contundente al asegurar que esta nueva investigación evidencia "una causa de corrupción generalizada" en el Ayuntamiento bajo la anterior gestión del PP.
El grupo municipal del PP evitó este viernes pronunciarse oficialmente respecto a la denuncia de la que había informado Ideal. En declaraciones a Radio Granada, su coordinador, Juan Antonio Fuentes, señaló a Torres Hurtado y Nieto, destacando que ya abandonaron el Consistorio y están suspendidos de militancia por su partido. También expresó su deseo de que la Justicia aclare cuante antes los hechos.
Mientras tanto, el gobierno socialista le pedía explicaciones por esta nueva investigación que arroja más sospechas a la gestión del PP. Lo hizo la alcaldesa en funciones, Ana Muñoz, quien recordó que la Fiscalía también señala a los ediles de la Junta de Gobierno y al respecto precisó que entre ellos estarían Juan Antonio Fuentes y ediles como María Francés, Fernando Egea, Francisco Ledesma, Telesfora Ruiz y Juan García Montero.
Por su parte, Vamos Granada se atribuyó el impulso de la denuncia ante la Fiscalía y su portavoz, Marta Gutiérrez, fue contundente al asegurar que esta nueva investigación evidencia "una causa de corrupción generalizada" en el Ayuntamiento bajo la anterior gestión del PP.
Imagen de la fachada de la Casa Ágreda. miguel rodríguez
Desde la ONG AIDE se hizo hincapié en que la entidad se presentó "de buena fe" y con argumentos "fundamentados en derecho" a una convocatoria y que dio los pasos que se le pidieron en la misma. Fuentes próximas a la entidad recordaron que fue un procedimiento público y que llegaron a comparecer en rueda de prensa para explicar el proyecto.
Tras recordar que en su día la Junta de Andalucía renunció a ejercer el derecho sobre el inmueble, destacaron que a día de hoy el derecho de superficie de la Casa Ágreda está inscrito en el Registro a nombre de la entidad, lo que como mínimo incluso le daría opción a desarrollar actividades. "No queremos enfrentamientos", indicaron para añadir que la entidad ha presentado alegaciones tras la decisión del actual gobierno local de revertir la operación. Confían al respecto en no tener que acudir al contencioso, aunque advierten de que si es necesario en su día, reclamarán por lesividad administrativa el lucro cesante, recordando que ya han aportado dinero para el inmueble.
