El pasado 28 de diciembre se aprobó por parte del Consejo de Gobierno andaluz el Plan Anual de Memoria Democrática (MD) para 2021. Sí, digo bien: se aprobó tres días antes de que finalizase el año un Plan que tenía prevista su ejecución durante el mismo 2021.

Puede que la coincidencia con la efeméride de “los Santos Inocentes” nos lleve a pensar que estuviésemos ante una “inocentada” del Gobierno Andaluz a las víctimas del franquismo y sus familias. Me hubiera parecido poco serio e inapropiado de ser así y prefiero quedarme con que no fue más que una caprichosa coincidencia que se produce en medio de una permanente insensibilidad y abandono del Gobierno Andaluz con las víctimas según demuestran de forma reiterada con su desinterés y su falta de políticas reparadoras de éstas. 

Pero la cosa no queda aquí. Las políticas de Memoria Democrática en Andalucía vienen determinadas por el marco legal que las sustentan y regulan que no es otro que la Ley 2/17 de 28 de marzo de MD para Andalucía y las competencias para implementarlas han sido atribuidas a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de Andalucía, y a la Viceconsejería las funciones de planificación, dirección, coordinación, control técnico y propuesta de actuaciones de éstas (Decreto 108/2019).

Estas actuaciones se articularán mediante un “Plan Cuatrienal” que contiene los objetivos y prioridades que deben regir estas políticas durante los 4 años de vigencia estableciendo medidas específicas respecto a los trabajos de indagación, localización, exhumación e identificación de las víctimas determinando a su vez los recursos financieros para su ejecución.

Resulta grotesco que se publique en BOJA un Plan de actuación el último día del año para el que se aprueba su ejecución

Resulta grotesco que se publique en BOJA un Plan de actuación el último día del año para el que se aprueba su ejecución; como también ofrece poca seriedad el escueto desarrollo en la descripción de sus objetivos y actuaciones (una página y media). Pero lo que verdaderamente escandaliza es su ausencia de referencia a las inversiones de recursos para su ejecución. ¿O es que no se pretende otra cosa que dar por bueno a posteriori su falta de implementación? Aunque lleve en uno de sus puntos, y de forma burda, “eficacia” ¿Eficacia? 

Analizando los objetivos y actuaciones en especificados en el plan, y lo comparamos con su ejecución real del año transcurrido, lo grotesco pasa a convertirse en una burla más del Gobierno Andaluz a las víctimas del franquismo, denotando a su vez una flagrante descortesía institucional con otras entidades implicadas en las políticas de Memoria Democrática.

Se atribuyen como propios, logros en políticas de Memoria que son actuaciones y financiación de otras administraciones o de reservar partidas en los presupuestos autonómicos que luego no ejecutan

Se atribuyen como propios, logros en políticas de Memoria que son actuaciones y financiación de otras administraciones (Ayuntamientos, Diputaciones, Gobierno de España) o de reservar partidas en los presupuestos  autonómicos para políticas de MD que luego no ejecutan. Esta circunstancia ha venido repitiéndose año tras año durante la presente legislatura.  

Los objetivos previstos en el citado Plan para 2021 son favorecer mecanismos de cooperación y coordinación y el fortalecimiento del tejido asociativo e institucional y el desarrollo de medidas reparadoras para las víctimas, establecimiento de medidas de reconocimiento a éstas e impulso del reconocimiento de Lugares de Memoria.

El balance elaborado por la Coordinadora Andaluza de Memoria Histórica y Democrática (COAND-MHD) sobre 2021 recoge el recorte del 13% con respecto al año anterior y un 44,7% previsto para esta anualidad en el I Plan Cuatrienal aprobado la legislatura anterior. El año 2021 terminó con una ejecución presupuestaria del 15,38%. 

Las ayudas a investigación y divulgación de instituciones y entidades sin ánimo de lucro en 2021 se saldó con una ejecución del 0,64%. Los fondos destinados para estos fines en el año 2019 (260.000 €) no se resolvieron hasta dos años después y con una merma del 71%. Se financiaron 20 proyectos (9 ayuntamientos, 4 Universidades y 7 entidades sin ánimo de lucro), pero se dejaron fuera 46 proyectos.

Salvo la colaboración financiera por convenio comprometido desde 2017, que hace que la Junta de Andalucía aporte 265.000 € a los trabajos de exhumación de la fosa de “Pico Reja” (Sevilla), no se conoce otra colaboración de la Junta en proyectos interinstitucionales de similar naturaleza. A la publicación del Plan Anual de MD 2021 aún aguardaban la firma de la Junta los convenios para las fosas de Córdoba, Huelva, Jaén. De 49 proyectos en fosas en 2021 la Junta sólo participa en el citado “Pico Reja”, los 48 restantes han sido promovidos y financiados por otras administraciones.

Sobre los “compromisos” reparadores con las víctimas, el citado informe de la Coordinadora los vuelve a dejar en evidencia: sólo se ejecutó el 4,48% de la financiación prevista para gastos corrientes y estudios previos para exhumaciones. 

No se ha llevado a cabo ningún proyecto de exhumación por iniciativa propia de la Junta, sólo los ya iniciados o adjudicados desde la anterior Legislatura o aquellos promovidos y financiados por otras Administraciones. El Gobierno de España en los dos últimos años ha financiado un 35% más para exhumaciones (96 proyectos) que lo que ha presupuestado la Junta, que no ejecutado, en toda la legislatura.

Sobre el compromiso de reconocimiento de Lugares de Memoria, el Comité Técnico de Simbología y Lugares de MD creado por Orden de 27/07/20 aún no se ha reunido por primera vez. No se ha completado ninguna tramitación (declaración, señalización, registro y protección), y hay aguardando 34 solicitudes de inscripción en el Inventario de Lugares de Memoria, a pesar de que algunos son de titularidad de la propia Juntade Andalucía. De lo presupuestado para 2021 para este apartado, se ha invertido el 0,40%.

El Ejecutivo andaluz aprueba un plan anual que ya nace incumplido, lo que demuestra su desinterés por las víctimas y la ausencias de políticas reparadoras de Memoria Democrática

En definitiva, el Ejecutivo andaluz aprueba un plan anual que ya nace incumplido, lo que demuestra su desinterés por las víctimas y la ausencia de políticas reparadoras de Memoria Democrática. Todo lo cual provoca un grave y continuado incumplimiento de la Ley Andaluza por parte de éste y con ello una derogación “de facto” agravada por una persistente inanición presupuestaria.

Desgraciadamente no ha sido una “inocentada”, sino una nueva burla del Gobierno Andaluz a las víctimas, a los organismos internacionales y al cumplimiento de los derechos humanos.

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Antonio Manuel Mateos, vicepresidente y portavoz de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática

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