Reproducimos íntegramente, por su interés, el documento entregado al presidente del Gobierno por la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática: 

"ANÁLISIS Y PROPUESTAS SOBRE POLÍTICAS DE MEMORIA HISTÓRICA

Madrid, 26 de agosto de 2019.

Señor Presidente:

Hace ya más de 40 años que se reinstauró en España un sistema democrático y, a pesar de todo este tiempo y de las reiteradas recomendaciones de diferentes organismos internacionales, aún no se ha instalado en nuestro país de forma decidida y definitiva una verdadera política de Estado para la recuperación de la memoria histórica; son todavía muchas las víctimas que esperan su reparación y su dignificación; son muchas las personas cuyos cuerpos están arrojados en una fosa común o en una cuneta de las muchas que hay repartidas por todo el territorio nacional; aún queda mucho por conocer de lo que verdaderamente ocurrió durante la represión franquista; todavía convivimos con ese insoportable e injusto relato histórico pervertido por los represores.

Se hace, por tanto, urgente y necesaria la voluntad política suficiente para la construcción de nuestra memoria colectiva a través de la implementación de adecuadas políticas de recuperación de memoria histórica que permitan conocer la Verdad  de lo que ocurrió durante la represión franquista, durante la sublevación golpista, en la posguerra y en la dictadura, así como la reparación y la dignificación de sus víctimas.

"Cuando la derecha ha gobernado en nuestro país ha cortado de raíz las políticas de Memoria y su desarrollo"

Una voluntad política que sólo podemos esperar de un gobierno progresista. No son pocos los ejemplos que así lo demuestran: cuando la derecha ha gobernado en nuestro país ha cortado de raíz con estas políticas y su desarrollo, impidiendo con esto la consecución de unos objetivos que, de haberse logrado, sin duda hubiesen facilitado la consolidación democrática de nuestro país.

La paralización de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica durante los 8 años de gobierno de Rajoy a través de la eliminación de cualquier dotación económica en los presupuestos generales del Estado en este período o, más recientemente, el desmantelamiento que se está produciendo en Andalucía de las políticas memorialistas, tras la irrupción de las tres derechas en el Gobierno de la Junta, así lo demuestran.

Un modelo, el andaluz, que con gobiernos de izquierdas fue capaz de convertir a nuestra Comunidad Autónoma en un referente en nuestro país, a través de actuaciones como la aprobación -sin ningún voto parlamentario en contra- de Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

Una Ley que contó con las aportaciones de los colectivos memorialistas y de familiares de víctimas de la Comunidad y que, recogiendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU del año 2013, permitió que se pusieran en marcha planes de desarrollo de la Ley y se avanzara en los protocolos de exhumaciones de fosas  del franquismo; que se llevaran a los contenidos curriculares de la enseñanza reglada el estudio de la represión franquista.

Que se regularizara la señalización de lugares y espacios de memoria; se impulsasen proyectos de monumentalización en homenaje a las víctimas; se acometiese decididamente -a pesar de la obstaculización de muchos ayuntamientos gobernados por la derecha- la eliminación de vestigios en el callejero de los pueblos y ciudades de Andalucía; se impulsara el estudio y la investigación de la represión franquista a través de convenios con Universidades y grupos de investigación; se iniciase el proyecto de creación de un Banco de ADN o del Censo Oficial de Víctimas.

Son solo algunas de las medidas contempladas en esta Ley andaluza, muchas de las cuales ya se han venido ejecutando y otras estaban previstas en el desarrollo de ésta a través del cuatrienal I Plan Andaluz de Memoria Histórica y Democrática, que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado noviembre y cuya dotación presupuestaria era de nueve millones y medio de euros.

Previsión de actuaciones y dotaciones presupuestarias que fueron eliminadas tajantemente tras la irrupción de la derecha en el Gobierno Andaluz. En la actualidad no se tienen en consideración los procedimientos ni los protocolos oficiales ante la aparición de nuevas fosas -sirvan como ejemplos los casos reciente de Castilleja del Campo y de Carmona, en la provincia de Sevilla-; no se responde a los compromisos de cofinanciación de los trabajos en fosas ya iniciados, cuyos costes están siendo asumidos íntegramente por Ayuntamientos y/o Diputaciones -Nerva (Huelva), Pico Reja (Sevilla), Cementerio de San José (Cádiz) o Cementerio de la Salud (Córdoba).

En la actualidad, en Andalucía sólo se están ejecutando los trabajos en fosas cuyos proyectos ya estaban adjudicados desde el ejercicio anterior y por la presión de las empresas adjudicatarias.

Reiteramos, por tanto, nuestra insistencia en que solamente un gobierno progresista y sensible con las víctimas y sus familias, sabrá impulsar de manera decidida políticas de reparación y dignificación de éstas víctimas. Políticas que en su elaboración cuenten con las aportaciones de éstas y de la sociedad civil a través de sus entidades memorialistas y que no menosprecien el rigor científico en el estudio y la investigación sobre lo que verdaderamente ocurrió.

"Andalucía ejemplifica el avance en el desarrollo de las políticas memorialistas, como también son claros exponentes las experiencias llevadas a cabo en Extremadura, País Vasco, Navarra o Cataluña"

Andalucía, como se ha dicho, ejemplifica el avance en el desarrollo de las políticas memorialistas, como también son claros exponentes las experiencias llevadas a cabo en Extremadura, País Vasco, Navarra o Cataluña. Pero siempre que esto ha ocurrido ha coincidido con que han tenido gobiernos progresistas. Mientras que las involuciones que en algunos momentos han sufrido estas políticas han venido provocadas por gobiernos de una orientación política contraria.

La primera Ley de Memoria Histórica a nivel estatal se aprobó en el año 2007. Tiene una vigencia de 12 años. Sin embargo, durante dos tercios de este período, el coincidente con los gobiernos del Partido Popular, la Ley sufrió un parón en su desarrollo al tener una nula dotación presupuestaria. Mientras que en el último año de gobierno socialista, se han llevado a cabo las únicas iniciativas para la recuperación de la memoria histórica que se han producido en todo el período comprendido entre 2007 y la actualidad.

Esta evidencia nos lleva a la conclusión de que no debemos permitirnos que dejemos pasar la oportunidad para evitar que esto vuelva ocurrir, en esta ocasión, con el Gobierno de España. No se trata de una confrontación política entre partidos, no se trata de tacticismo político, se trata de la consolidación democrática en nuestro país a través de la reparación a sus víctimas. La recuperación de la memoria histórica no sólo significa consuelo, también significa futuro y convivencia democrática.

Es cierto que durante el último año se han producido importantes avances a nivel del Estado español en este ámbito: la creación de la Dirección General de Memoria Histórica, la inminente aprobación del nuevo Plan estatal de subvenciones para exhumaciones en fosas del franquismo; el inicio de la tramitación para la exhumación de los restos del dictador en el Valle de los Caídos; la interposición por parte del Gobierno de España de la demanda para la recuperación para Patrimonio Público del Pazo de Meirás; se le ha dado voz al exilio; o, lo más reciente, se han recuperado y publicado en BOE los nombres y apellidos de una gran parte de los españoles asesinados en los campos nazis de Mauthausen y Güsen.

Estos serían buenos ejemplos para evidenciar esa voluntad política de querer recuperar nuestra memoria histórica colectiva. En este sentido, conscientes de que la actuación de un gobierno responde siempre al impulso de su presidente -y es obvio que el presidente Sánchez así lo ha querido-, queremos reconocer el compromiso político y la sensibilidad demostrada por el ex Director General de Memoria Histórica, Fernando Martínez, uno de los principales artífices -bajo el mandato de la ministra de Justicia, Dolores Delgado- en la evolución de estas políticas, no sólo a nivel del Estado sino, como ya ocurrió también en su momento, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Pero aún queda mucho por hacer.

La actualización y ampliación de la Ley de Memoria Histórica Estatal que, recogiendo las recomendaciones del informe de la ONU de 2013 y con la participación de las entidades memorialistas, permita y contemple el desarrollo de políticas de recuperación de memoria histórica de manera rigurosa, científica y con todas las garantías jurídicas que marque la Ley -como ocurrió con el modelo andaluz-; también se hace imprescindible la ampliación de las partidas presupuestarias para la financiación de exhumaciones en fosas del franquismo; facilitar el acceso a los archivos públicos y privados, civiles (como los de los antiguos Gobiernos Civiles), de las FCSE (especialmente de las Comandancias de la Guardia Civil y Comisarías Generales de Información) y militares (Tribunales Territoriales y Intermedios), para garantizar el acceso a una información fundamental para la investigación de la represión franquista.

Los cambios necesarios en la legislación sobre Registros Civiles para que se facilite la inscripción oficial de las defunciones de los asesinados y desaparecidos durante el franquismo; la anulación de las sentencias condenatorias de los Consejos de Guerra; el impulso de la investigación sobre la represión franquista pero también de su divulgación en información, especialmente en el ámbito educativo a través de los contenidos curriculares; completar la exhumación de los restos del dictador y su reubicación en dependencias privadas sin exposición pública, de igual manera que el de todos aquellos genocidas que se encuentren en situaciones similares ocupando espacios en lugares públicos o de exposición pública, con especial mención al genocida Gonzalo Queipo de Llano.

En definitiva, que se impulsen políticas de Estado para la recuperación de la memoria histórica y democrática y que, siguiendo los principios del Derechos Internacional de protección a los Derechos Humanos, se sitúe a las víctimas en su eje central, desde donde deben partir y donde deben confluir todas las actuaciones públicas en este ámbito.

"Estamos en una situación política crucial, ante la cual nunca estará de más volver a advertir de que todo lo planteado aquí SOLO será posible si nos damos para España un gobierno progresista, con esta voluntad política y con la sensibilidad necesaria que las víctimas y sus familias reclaman"

Estamos en una situación política crucial, ante la cual nunca estará de más volver a advertir de que todo lo planteado aquí SOLO será posible si nos damos para España un gobierno progresista, con esta voluntad política y con la sensibilidad necesaria que las víctimas y sus familias reclaman. Como siempre, lo sabrán, lo sabremos agradecer. Entonces, sin duda alguna, contaréis con el apoyo y colaboración absoluta de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática.

No es nuestro papel pronunciarnos sobre la forma que debería revestir el nuevo Gobierno pero sí que éste debería ser estable. Retome el diálogo para alcanzar un acuerdo programático. Un acuerdo sostenido por una mayoría progresista en el Parlamento que no se limite a la investidura sino que se extienda a toda la legislatura.

Presidente, no deje pasar la oportunidad. Por la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Garantía de No Repetición, le deseamos toda la suerte del mundo en el empeño.

Madrid, 26 de agosto de 2019"