La Diputación de Granada, a través del área de Bienestar Social, destinará más de 1655.000 euros dairios en programas de protección social a través de la red de Servicios Sociales Comunitarios, que llega a todos los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Granada.

Esta red de profesionales, que cuenta con trabajadores sociales, educadores, psicólogos y personal administrativo, está estructurada en 14 centros y 211 puntos de atención, y se encarga de poner a disposición de la ciudadanía un catálogo de prestaciones, servicios, programas y recursos sociales. 

En torno al 20% de los habitantes de estos municipios utilizan cada año estos servicios (más de 100.000 personas) y se atienden más de 120.000 demandas. El impacto económico directo de los programas, servicios y prestaciones, que se gestionan a través de la red provincial de servicios sociales comunitarios, supera los 60 millones de euros, que forman parte del presupuesto para 2021 de la Diputación, y en los que nos están incluidos los gastos de personal, sino que están destinados solo a programas dirigidos a la población. 

La diputada de Bienestar Social, Olvido de la Rosa, ha indicado que se trata de “servicios de atención personal y de proximidad que tienen entre sus objetivos garantizar que cualquier persona, viva donde viva, tenga las mismas oportunidades de acceso a los recursos sociales, en condiciones de igualdad y equidad”. 

Olvido de la Rosa ha señalado que estas políticas de bienestar social “generan empleo en la provincia, pues son en su mayor parte personal de atención directa a las personas, que trabajan de forma descentralizada en los municipios, a través de los ayuntamientos, con intervención directa con la ciudadanía y especialmente en la atención a personas con dependencia y personas y familias en riesgo de exclusión social”. 

Además, en la actualidad alrededor de 2.400 personas trabajan directamente como auxiliares de ayuda a domicilio, contratadas por los ayuntamientos o bien prestando el servicio de manera indirecta a través de empresas. En total, atienden a más de 8.000 personas en situación de dependencia en la provincia. Esto, según ha afirmado la diputada, “ayuda a fijar la población en el medio rural, evitando la despoblación”.

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