Desde Montesquieu, consideramos el legislativo, el ejecutivo y el judicial como los 3 poderes del Estado. Sobre ello, existe consenso y acuerdo suficiente, y sobre ese particular realizaré algunas reflexiones, al hilo de la actuación de fondo del gobierno socialista de España, para cerrar esta serie de cinco post en los que he tratado de huir de la superficie, además ruidosa, de las cosas y esbozar razones profundas sobre el fondo de las decisiones adoptadas por el PSOE en el gobierno. Porque como dije en el primer post, se compartan o no (lo que es democráticamente impecable), el gobierno ha adoptado y está adoptando decisiones que afectan al fondo de la política y tienen incidencia sobre la vida de las personas.

El ejecutivo gobierna, y bien que lo está practicando, haciendo uso de todas (sin exclusión) las herramientas legales y constitucionales a su alcance. Lo contrario sería dejación de funciones, algo que afortunadamente ha quedado en el baúl de los recuerdos de algún Registro de la propiedad del país

En el caso de los 3 poderes del Estado, quizá la incidencia sobre la vida de las personas sea más tangencial, aunque la didáctica es muy importante, porque también la ciudadanía ha de ver actitudes y comportamientos edificantes y pedagógicos sobre el porqué y el cómo gobernar, que no es un mero ejercicio de poder, sino también una forma de comportarse en democracia. El ejecutivo gobierna, y bien que lo está practicando, haciendo uso de todas (sin exclusión) las herramientas legales y constitucionales a su alcance. Lo contrario sería dejación de funciones, algo que afortunadamente ha quedado en el baúl de los recuerdos de algún Registro de la propiedad del país. Por tanto se hace política, se influye en la toma de decisiones, se intentan crear condiciones para que otras instancias actúen y se crea un determinado clima favorecedor de unas circunstancias y no de otras, pues la neutralidad política no es ningún atributo de un Gobierno (Ejecutivo) que se precie. Se opta por algunas de entre varias posibilidades, pues no todas obedecen a los mismos intereses, y se desbrozan las dificultades que la opción elegida pueda ofrecer, en lugar de quedarse esperando observando el panorama. El poder ejecutivo ejerce y se moja y deja claro a la ciudadanía que la defensa del interés general en modo alguno está reñida con la defensa de determinadas prioridades que, a su vez, benefician a determinados sectores sociales.

Y aunque el poder legislativo es el que legisla, también el ejecutivo lo puede hacer, en circunstancias excepcionales (que no creo que nadie a estas alturas vaya a negar), y bien que lo hace, mediante la constitucional figura del Decreto-Ley. Todo dentro de la más absoluta normalidad legal. El legislativo cumple sus funciones, impulsando leyes que, obviamente, respondan a las mayorías parlamentarias que se configuren, controlando al gobierno (no siempre con la cortesía parlamentaria que sería de desear) y siendo la sede (real) de la soberanía popular, que como todas y todos sabemos, está más fragmentada que nunca en nuestra historia democrática, pero que es la que es, porque así lo decidió el pueblo español. Por tanto, el poder legislativo es fiel reflejo de la sociedad española, plural y diverso, y por ello, resulta más difícil alcanzar acuerdos, pero no por ello, deja de ser ese fiel reflejo, algo que no siempre lo fue.

Quiero, en este último post dedicado a las cuestiones de fondo que subyacen sobre la actuación política del gobierno socialista de España, y de manera muy especial, destacar la fundamental, y por ello no siempre bien entendida, labor de impulsar, defender y permitir que los 3 poderes del Estado desplieguen todas sus constitucionales potencialidades y prerrogativas, exactamente como ello ha de hacerse, "a la luz de la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas y desplegadas".

Y el legislativo también cumple con sus funciones en lo atinente a la conformación del órgano de gobierno de otro de los poderes del Estado, el judicial. Dejémoslo bien claro, aunque la rabiosa actualidad haya dejado en aparente "suspenso" esta cuestión: el legislativo no conforma al poder judicial, que es absolutamente independiente (tan absolutamente como independientes sean o se muestren sus miembros), sino que conforma al órgano de gobierno del poder judicial. Que no es lo mismo, pese a que en esta delicada cuestión, el ruido exterior pretenda confundir, y de paso, defender unos intereses muy determinados.

El poder judicial imparte justicia en los términos señalados en nuestra Constitución, que alcanzan a todos y todas. El órgano de gobierno de los jueces y las juezas no imparte justicia, y por tanto, otros poderes del Estado (el legislativo en este caso) pueden, deben y están constitucional y legalmente capacitados para conformar dicho órgano, que es el Consejo General del poder judicial. De nuevo, todo dentro de la más absoluta normalidad legal, insisto, pese a la bronca y al ruido exterior. Y pese a los tirones, incluso exageradamente escenificados, que, a nadie se le escapa, han existido, existen y existirán (por suerte y salud democrática) en todo lo relativo al funcionamiento y relaciones entre los 3 poderes del Estado.

Quiero, en este último post dedicado a las cuestiones de fondo que subyacen sobre la actuación política del gobierno socialista de España, y de manera muy especial, destacar la fundamental, y por ello no siempre bien entendida, labor de impulsar, defender y permitir que los 3 poderes del Estado desplieguen todas sus constitucionales potencialidades y prerrogativas, exactamente como ello ha de hacerse, "a la luz de la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas y desplegadas". Por tanto, sin nostalgias que no vienen a cuento en una sociedad avanzada, ni recursos al manido "cualquier tiempo pasado fue mejor", ni, por supuesto con llamamientos a experimentos no contrastados. Lisa y llanamente, a la luz de los tiempos convulsos y complejos que nos ha tocado vivir. Y que le han tocado vivir a este gobierno que, como poder ejecutivo, ejerce de tal, en buena (la perfección no existe en estas cuestiones) armonía con el poder legislativo y el judicial. Es bueno que así sea explicado y percibido.