Cuarenta años vivió nuestro país con una mordaza puesta para que ahora vengan quienes defienden la posmodernidad a colocarnos una de colores. Por ahí, el feminismo, no  va a pasar. El pasado 9 de junio, en este mismo blog, hablamos del caso de Carola López, denunciada por dos organizaciones transactivistas – la Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera (comandada por Mar Cambrollé) y la Asociación Española contra las Terapias de Conversión- que acusaban a la psicóloga sevillana de promover terapias de conversión a través de sus mensajes en la red social Twitter. Solicitaban para ella la aplicación del artículo 62e) de la Ley 8/2017 que contempla elevadas multas y el cierre de su consulta profesional.

El despropósito era mayúsculo y, como tal, la Junta de Andalucía ha resuelto el archivo de la denuncia por considerar que “no existen indicios que puedan constatar que la denunciada difunda o promueva un tipo de terapia, un procedimiento o una intervención concreta […] dirigida a modificar la orientación sexual y/o identidad de género […] que ella misma cuestiona”, según recoge la resolución

El despropósito era mayúsculo y, como tal, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad –competente en este asunto- ha resuelto el archivo de la denuncia por considerar que “no existen indicios que puedan constatar que la denunciada difunda o promueva un tipo de terapia, un procedimiento o una intervención concreta […] dirigida a modificar la orientación sexual y/o identidad de género […] que ella misma cuestiona”, según recoge la resolución. Pero, quizás, lo más importante de este documento es que la Junta de Andalucía considera que los mensajes de Carola López “no constituyen infracción administrativa, sino que los mismos manifiestan la opinión crítica realizada por una profesional contra el anteproyecto de Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que a su parecer tiene consecuencias jurídicas perjudiciales para la mujer y la infancia”. Detengámonos en este último aspecto.

No se dejen engañar, sigan siempre el rastro del dinero

Es asombroso como, en un lapsus de tiempo relativamente corto, una minoría que no alcanza ni el 1% de la población pero dispone de un gran potencial económico, ha logrado penetrar en la estructura social de las democracias occidentales –Europa, EEUU, Canadá, Australia y algunos países de América Latina- y  tejer una red, cada vez más tupida, para que nadie escape a unos postulados que, disfrazados de modernidad y libertad, sólo tienen como meta grandes beneficios económicos y un casposo tufo conservador. No se dejen engañar, sigan siempre el rastro del dinero. En esta red han atrapado a fuerzas políticas (especialmente de izquierda), profesionales de la salud que son capaces de negar los principios científicos más elementales para hablar de almas sexuadas, profesorado que han convertido en policías de género en los centros educativos encargado de observar el comportamiento del alumnado desde la infancia para determinar quién es niño y quién niña, profesionales de la psicología que aparcan lo aprendido en su carrera para dar la razón a jóvenes que necesitan ayuda, padres y madres que se han creído el cuento de los cuerpos equivocados y acompañan a sus hijas e hijas en el camino irreversible de la hormonación y mutilación de sus cuerpos sanos y a periodistas que prestan su preciado altavoz.

El derecho a la libertad de expresión quedará cercenado para quienes opinen diferente y se atrevan a decir públicamente que las mujeres no tienen pene o que una mujer es una hembra humana adulta porque los únicos titulares de tan preciado privilegio se ocuparán de señalar quienes deben disfrutar del calor de la hoguera

Bajo el paraguas de los derechos, quienes defienden a ultranza los de las personas ‘trans’ –que no exactamente transexuales- no tienen ningún problema en pisotear los del 99% de la población, entre ellos la libertad de expresión, un derecho humano fundamental contenido no sólo en la Declaración Universal sino en la Constitución Española (artículo 20). Entre esa cantidad ingente de derechos que según el transactivismo se niega a las personas de este colectivo –y que, curiosamente, nunca son capaces de enumerar- se han olvidado de señalar el que sí ejercen con vehemencia: el derecho a amordazar a quienes no defienden su credo. Es su derecho exclusivo, no extensible al resto de la sociedad, ejercido desde todos los ámbitos y que pretenden convertir en norma si el anteproyecto de la conocida como Ley Trans es aprobado. Así pues, el derecho a la libertad de expresión quedará cercenado para quienes opinen diferente y se atrevan a decir públicamente que las mujeres no tienen pene o que una mujer es una hembra humana adulta porque los únicos titulares de tan preciado privilegio se ocuparán de señalar quienes deben disfrutar del calor de la hoguera.  

España contará así con dos leyes mordaza, la impuesta en 2015 por el PP de Mariano Rajoy que el gobierno de coalición PSOE-Podemos no ha derogado a pesar de ser una promesa realizada en campaña electoral y la de este mismo ejecutivo si logra la aprobación de la Ley Trans

España contará así con dos leyes mordaza, la impuesta en 2015 por el PP de Mariano Rajoy que el gobierno de coalición PSOE-Podemos no ha derogado a pesar de ser una promesa realizada en campaña electoral y la de este mismo ejecutivo si logra la aprobación de la Ley Trans. Y, por una vez, todo cuadra. No tendría sentido derogar la primera para imponer la segunda, dos mejor que una. De un lado se contiene la movilización ciudadana y de otro a las feministas, el único movimiento que está plantando cara al transgenerismo.