La Casa Ágreda debe permanecer en el patrimonio municipal de Granada. El contrato que firmó en su día el gobierno local del PP, con José Torres Hurtado como alcalde, queda resuelto. Así lo dictó un Juzgado, el de Primera Instancia número 13 de Granada, en marzo de este año y lo acaba de ratificar la Audiencia Provincial, que desestima el recurso presentado por la ONG internacional que se iba a quedar con el inmueble. 

El portavoz socialista, Francisco Cuenca, ha informado este viernes de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, que avala la decisión que tomó en su día el gobierno socialista de dar por roto el contrato de adjudicación por los incumplimientos de la ONG. Básicamente, como vuelve a recordar la Audiencia, AIDE incumplió su obligación de presentar el proyecto de rehabilitación para el inmueble en el plazo establecido en el contrato. 

En la sentencia, consultada por El Independiente de Granada, la Audiencia reconoce que el contrato que firmó en su día el PP con esta ONG es "complejo". Lo explica así: por un lado "contempla en la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas, uno de superficie por tiempo de 40 años con opción de compra, por un precio de 248.891,29 € y otro solo de superficie por periodo de 75 años, por precio de 1.421.085,18 €. Se valora el inmueble a efecto de la opción de compra para quienes opten por el plazo de 40 años, en 1.637.638,42 €, tomando como premisa la realización de obras de rehabilitación en el inmueble por importe mínimo de 4.959.519,24 €, pero en cualquier caso como ahora se verá, el que adquiera el derecho superficie deberá realizar una rehabilitación integral del inmueble".

La Audiencia considera que el objetivo básico de ese contrato y sus complejas características era recuperar el inmueble y la obligación de hacerlo afecta tanto si se ejerce únicamente el derecho de superficie como el de la opción a compra. La conclusión del Juzgado fue "correcta", apunta la nueva sentencia que rechaza, como sostenía la ONG, que el Ayuntamiento hubiera puesto obstáculos a la inscripción de este inmueble en el Registro y que hubiera mantenido una actitud de "hostigamiento". 

La sentencia, que condena en costas a la ONG, ratifica por tanto que Casa Ágreda queda en manos municipales. El Ayuntamiento debe devolver la cantidad que abonó la entidad en concepto de precio (314.600 más los intereses legales) y la ONG, por su parte, está obligada a pagar los daños que haya sufrido en este tiempo el palacete por falta de mantenimiento.