En los años 60, Andalucía era una tierra subdesarrollada donde imperaba la pobreza, la ausencia de trabajo estable, el analfabetismo y la falta de oportunidades. Nuestra Comunidad Autónoma era un terreno abonado para que se impusiera un modelo de desarrollo basado en el consumo desaforado de recursos; porque lo importante era crear riqueza. No importaba ni cómo se hacía ni las consecuencias que, para nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales, pudieran tener.

Los ejemplos de este proceso los podemos apreciar en múltiples puntos de nuestra geografía, especialmente en la costa y en nuestras ciudades. Espacios que eran macizados y donde las zonas verdes o los equipamientos de uso público brillaban por su ausencia. Zonas industriales donde la contaminación de su entorno era un mal menor que había que pagar por conseguir los ansiados puestos de trabajo que acabaran con la miseria de sus habitantes.

Un modelo que todos hemos coincidido en calificar como una tremenda equivocación y que erar necesario corregir con una legislación que priorizara los intereses de la Comunidad y la defensa del medio ambiente. Todo ello, por encima de los intereses de empresarios desaprensivos cuyo único objetivo era ganar dinero de la forma más rápida sin importarle el resultado de sus negocios.

Por ello, los gobiernos socialistas, a través de un amplio consenso político y social, dotaron a Andalucía de una amplia legislación ambiental y urbanística. Se buscaba un cambio de tendencia para procurar un desarrollo armónico y sostenible de nuestro territorio. Leyes como la de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la Ley de Aguas o la Ley de medidas frente al Cambio Climático y para la Transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, supusieron un importante y racional avance.

Sin embargo, incompresiblemente y sin intentar buscar el mínimo consenso político o social, en pleno Estado de Alarma por la epidemia de coronavirus, la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía acaba de aprobar -con los votos del PP, VOX y C´s- la convalidación del Real Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía.

El real decreto que el PSOE recurrirá al Constitucional esconde "un brutal recorte sin precedentes de la legislación ambiental y urbanística"

Un real decreto que el PSOE recurrirá al Tribunal Constitucional, y que esconde un brutal recorte sin precedentes de la legislación ambiental y urbanística. Si nos ceñimos al ámbito del medio ambiente, cinco leyes y tres reglamentos en materia de medio ambiente, aguas y urbanismo son modificados. En general, se eliminan hasta 100 trámites burocráticos y muchos requisitos medioambientales. ¿Esto que significa? Pues, por ejemplo, que el desarrollo de campos de golf, la concesión de licencias de obras o la instalación de empresas susceptibles de contaminar y deteriorar el medio ambiente, será mucho mas sencillo y estará sometido a menos controles por parte de los técnicos de la Administración.

Bajo el falso pretexto de facilitar la creación de empresas, lo que con tanto esfuerzo, diálogo y consenso costó construir y que perseguía no repetir los errores del pasado, queda seriamente dañado.

Cuando los andaluces y andaluzas esta más concienciados en la necesidad de cuidar nuestro entorno, de adoptar medidas que luchen contra el cambio climático, de preservar nuestro rico patrimonio natural, los partidos que mantienen el Gobierno de Andalucía dan un tremendo paso atrás y apuestan por el ladrillo.

Las consecuencias de estas medidas las apreciaremos en pocos años. Lo que sí podemos afirmar es que hoy, en Andalucía, los especuladores y los falsos empresarios del pelotazo lo tienen más fácil, gracias al Gobierno de Moreno Bonilla.

Gerardo Sánchez es parlamentario andaluz socialista

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