El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este miércoles anular también la malversación a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, condenada por el 'caso de los ERE', y ha ordenado a la Audiencia Provincial de Sevilla que dicte una nueva sentencia.

El Pleno ha adoptado su decisión por siete votos a favor y cuatro votos en contra, los de los magistrados del ala conservadora. La mayoría ha determinado que se condenó a Martínez Aguayo por malversación sin precisar los hechos específicos que se le atribuyen y que se le aplicó indebidamente el delito de prevaricación porque la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva de este delito.

Cabe recordar que Martínez Aguayo, que goza del tercer grado penitenciario, fue condenada a seis años y dos días de prisión y a 15 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación.

La Audiencia de Sevilla y el Supremo consideraron que Martínez Aguayo --en su calidad de viceconsejera de Economía y Hacienda (2004-2009) y Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía (2009-2010)-- participó en la elaboración de los anteproyectos de ley de presupuestos para los años 2005 a 2009 y en la elaboración de distintas modificaciones presupuestarias. Según esas dos sentencias, la realización de tales actos conllevó que terceros sustrajeran dinero público, sin que Martínez Aguado lo evitara.

Ahora, el Constitucional constata que Martínez Aguayo, "quien solo intervenía en la fase de presupuestación y no tenía participación personal en la gestión de las ayudas realizada por la Consejería de Empleo", fue condenada por malversación "sin que los órganos judiciales hayan argumentado que los hechos imputados fueran cometidos por la recurrente", según recoge una nota informativa del tribunal.

Los magistrados, además, han recalcado que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación; y que el sistema de presupuestación utilizado fue aprobado por el Parlamento de Andalucía, por lo que no puede exigírsele a los condenados que actuaran en contra de lo previsto en las sucesivas leyes de presupuestos y en las memorias que las acompañaban.

Así, los magistrados han estimado parte de su recurso de amparo y han ordenado a la Audiencia de Sevilla a dictar una nueva sentencia al considerar que la Audiencia de Sevilla y el Supremo le aplicaron mal el delito de prevaricación y vulneraron su derecho a la presunción de inocencia al condenarle por malversación sin precisar los hechos que se le atribuyen específicamente a Martínez Aguayo.

Bajo el mismo argumento, el tribunal ha estimado parcialmente el recurso del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y del exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román. Así las cosas, ha ordenado también a la Audiencia de Sevilla que dicte dos nuevas sentencias que respeten los derechos de ambos.

Vallejo fue condenado a 7 años de prisión por un delito prevaricación con malversación por haber participado en la aprobación de los proyectos de ley de presupuestos para los años 2005 a 2009 y en la elaboración de distintas modificaciones presupuestarias por las que se incrementaban distintos programas. Como presidente del IFA/IDEA también permitió que se siguiera realizando el pago de las ayudas sociolaborales.

Jesús María Rodríguez Román fue condenado por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación a la pena de 6 años y 2 meses de prisión, con accesorias, y 15 años y 2 días de inhabilitación, con accesorias.

La decisión del tribunal tiene lugar después de que el pasado 18 y 19 de junio resolviera los primeros recursos de amparo, los de los exconsejeros José Antonio Viera y Magdalena Álvarez. Al primero le desestimó el recurso porque su argumentación era genérica; a la segunda, le estimó parcialmente el recurso al anular la condena y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dictara una nueva sentencia que rebaje la pena.

Esta misma semana, el Constitucional ha perdonado parte de la malversación al exconsejero de Empleo de Andalucía Antonio Fernández, quien permanece en la cárcel. El Pleno ha anulado su condena y ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia que rebaje su pena de prisión.

Los magistrados han declarado que se ha vulnerado en parte su derecho a la legalidad penal, pero han rechazado que se hayan lesionado sus derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva.

Esta semana, también ha anulado toda la condena de seis años y medio de cárcel que se le impuso por prevaricación en concurso con malversación al exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, que ya ha salido de prisión.

Según anunció el propio Constitucional, no será hasta el 16 de julio que el Pleno estudie los recursos de los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves contra la sentencia de los ERE por la que se les condenó a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación y 9 años de inhabilitación por prevaricación, respectivamente.

Ese día, los magistrados también deliberarán sobre los del exconsejero Gaspar Zarrías y del exviceconsejero Antonio Vicente Lozano, condenados a inhabilitación por delitos de prevaricación.