La nueva ley de gestión pública sanitaria no nace contra nadie, sino a favor de algo esencial: el derecho a una sanidad pública fuerte, universal y gestionada con criterios de interés general. En un contexto de crecientes desigualdades territoriales, aumento del gasto privado y expansión del seguro sanitario como vía de escape ante listas de espera, la norma supone un cambio de rumbo necesario.

La experiencia acumulada muestra que más privatización no equivale necesariamente a mejor eficiencia, y que en muchos casos ha ido acompañada de menor transparencia, fragmentación del sistema y mayores desigualdades entre comunidades autónomas

Reforzar lo público como garantía de equidad

La ley establece con claridad que la gestión pública directa debe ser la regla general, y la privada, una excepción justificada y evaluada. Este principio no es ideológico: es una garantía de equidad. Cuando la sanidad se gestiona desde lo público, el criterio prioritario es la necesidad sanitaria, no la rentabilidad económica ni la selección de riesgos.

El debate sobre la gestión pública y la privatización de la salud no solo es administrativo o económico, sino también ético y social, ya que impacta de manera directa en la calidad y la esperanza de vida de la población

Limitar el lucro en servicios esenciales no significa demonizar al sector privado, sino poner límites donde están en juego derechos fundamentales. La sanidad no es un mercado más: es un pilar del Estado del bienestar. Y además, cuando estos servicios se orientan hacia la privatización, esto puede traducirse en menor cobertura para sectores vulnerables, retrasos en tratamientos y limitaciones en servicios preventivos, factores que inciden directamente en el aumento de la morbilidad y la mortalidad. Por ello, el debate sobre la gestión pública y la privatización de la salud no solo es administrativo o económico, sino también ético y social, ya que impacta de manera directa en la calidad y la esperanza de vida de la población.

Transparencia y control frente a la opacidad

Uno de los avances más relevantes de la ley es la exigencia de transparencia homogénea en todo el Sistema Nacional de Salud, independientemente del modelo de gestión. Durante años, la opacidad en algunos contratos y concesiones ha dificultado evaluar costes reales, resultados en salud y calidad asistencial.

Con evaluaciones previas obligatorias, informes de sostenibilidad y la participación de profesionales y sociedad civil, la ley recupera el control público sobre decisiones estratégicas que afectan a millones de personas

Con evaluaciones previas obligatorias, informes de sostenibilidad y la participación de profesionales y sociedad civil, la ley recupera el control público sobre decisiones estratégicas que afectan a millones de personas.

Sin efectos retroactivos, pero con horizonte claro

Conviene subrayarlo con claridad: la ley no tiene efectos retroactivos. No anula contratos en vigor ni expropia servicios ya adjudicados. Lo que hace es marcar un nuevo marco de futuro, evitando que se sigan reproduciendo modelos que han demostrado límites evidentes.

Además, ofrece herramientas y asesoramiento a las comunidades autónomas que, de forma voluntaria y ordenada, decidan revertir privatizaciones cuando venzan los contratos, garantizando seguridad jurídica y estabilidad del sistema.

Menos desigualdad territorial, más cohesión

Las diferencias actuales entre comunidades autónomas —en gasto público por habitante, listas de espera o peso de la sanidad privada— no son inevitables. Son el resultado de decisiones políticas. Esta ley apuesta por reducir esas brechas, reforzando la capacidad del sistema público allí donde más se ha debilitado.

En un país donde el gasto privado y la contratación de seguros sanitarios crecen más que en muchos países europeos, blindar lo público no es ir contra la libertad de elección, sino asegurar que nadie se vea obligado a pagar dos veces para ejercer su derecho a la salud

En un país donde el gasto privado y la contratación de seguros sanitarios crecen más que en muchos países europeos, blindar lo público no es ir contra la libertad de elección, sino asegurar que nadie se vea obligado a pagar dos veces para ejercer su derecho a la salud.

Rumbo hacia más y mejor sanidad pública 

La nueva ley de gestión pública sanitaria no promete soluciones mágicas, pero sí un rumbo claro: más sanidad pública, menos dependencia de intereses privados y más igualdad entre territorios. En un momento de incertidumbre social y presión asistencial, fortalecer lo común es la opción más responsable. Porque una sanidad pública fuerte no solo cuida mejor: cohesiona, protege y garantiza derechos.