El PSOE de Andalucía ha vuelto a reclamar este lunes la información que viene solicitando al Gobierno andaluz sobre las contrataciones sanitarias de emergencia, de las que ha recordado que han ascendido a 243 millones de euros y que los gestores sanitarios autonómicos siguieron recurriendo a ella cuando la Administración del Estado había derogado la normativa que amparaba esa contratación excepcional ante la pandemia de coronavirus.

La portavoz socialista de Salud, María Ángeles Prieto, ha señalado este lunes por medio de una nota que este miércoles volverá a pedir durante la comparecencia en comisión parlamentaria de la consejera de Salud, Catalina García, el acceso inmediato a estos datos, con el reproche de que el Ejecutivo del PP se niega a entregar la documentación hasta después de las elecciones municipales.

La última petición formal fue el 14 de marzo y para denunciar que la Consejería de Salud "no permitirá hasta el día 30 de mayo, después de las elecciones municipales, al Grupo Socialista acceder a la revisión de la documentación de este caso"

La parlamentaria socialista ha recordado que su partido solicitó formalmente información detallada sobre este espinoso asunto "y hasta el momento no se ha producido", para esgrimir que la última petición formal fue el 14 de marzo y para denunciar que la Consejería de Salud "no permitirá hasta el día 30 de mayo, después de las elecciones municipales, al Grupo Socialista acceder a la revisión de la documentación de este caso".

Ha explicado que esta misma semana el PSOE de Andalucía lleva a la Comisión de Salud la situación de los contratos de emergencia del Gobierno del PP "para volver a pedir explicaciones a la consejera de Salud sobre este turbio asunto".

La representante socialista ha remarcado que se trata de contratos realizados "sin marco legal, a dedo, con la excusa de la pandemia cuando el marco legal extraordinario para hacer frente a la Covid ya había decaído".

"A través de estos contratos irregulares se desviaron a clínicas privadas 243 millones, mediante prorrogas de un contrato inicial de 70 millones que se extienden hasta junio de 2023", ha expuesto, para remarcar que las tarifas aplicadas en estas adjudicaciones sanitarias de emergencia "no se ajustaron a las tarifas vigentes y suponen precios al alza en la mayoría de procedimientos".

María Ángeles Prieto pedirá explicaciones en comisión parlamentaria a la consejera de Salud acerca de esos contratos irregulares, sobre las tarifas aplicadas y las clínicas privadas beneficiarias de ese procedimiento irregular.

También demandará, según ha asegurado, aclaraciones sobre "el escaso impacto de dichos contratos con clínicas privadas en las listas de espera, que lejos de disminuir siguen aumentando y que nos sitúan como la primera comunidad autónoma en personas esperando una consulta hospitalaria y la segunda en lista de espera quirúrgica".