La alcaldesa de Órgiva y vicepresidenta de la Diputación Provincial, María Ángeles Blanco (PSOE), declaró el pasado viernes en un juzgado de esa localidad en calidad de investigada por la posible comisión de tres delitos: prevaricación general, prevaricación urbanística y omisión del deber de perseguir un delito, según informó hoy el PP en un comunicado.

 

La causa parte de la denuncia de un particular contra la asesora jurídica del municipio, al entender que legalizaba o no parcelas rústicas sin atenerse a criterios técnicos y legales, sino de manera discrecional, para beneficiar o perjudicar a los solicitantes, señala el comunicado.

 

La jueza decidió incluir a la alcaldesa en la causa y llamarla a declarar como investigada al entender que esas presuntas irregularidades se habrían tratado en comisiones de gobierno y que por lo tanto ella tenía que estar al tanto de las mismas.

 

Raúl Orellana, portavoz del grupo municipal del PP en Órgiva, ha afirmado que el asunto es “muy grave” y desautoriza a Blanco a continuar ejerciendo como alcaldesa “porque teniendo presuntamente conocimiento de actividades irregulares, no las ha denunciado ni impedido”, por lo que ha solicitado su dimisión inmediata. El grupo popular también la exigirá en el próximo pleno.

 

Dada su condición de vicepresidenta tercera en la Diputación Provincial de Granada, el portavoz del grupo popular en la institución, José Antonio Robles, ha asegurado que “debe dejar de ejercer cuanto antes”. Robles también ha pedido al PSOE que dé explicaciones sobre el comportamiento de Blanco y a su socio de gobierno en la institución provincial, Ciudadanos, que se pronuncie y deje claro si apoya la continuidad de la diputada en su cargo o si, como hizo en el caso de Mariano Lorente, que también declaró como investigado ante un juez, exigirá su dimisión.