Tras dieciséis meses y medio de aislamiento ferroviario, PP y Gobierno central insisten en escudarse en los problemas con la adjudicataria de las obras del AVE en Loja, que ha formalizado su petición de rescisión del contrato, para tratar de justificar la situación y eludir cualquier responsabilidad, descargándola en las empresas.

Pero la delicada situación agravada ahora ya se conocía en febrero de este año cuando Ana Pastor era la responsable del Ministerio de Fomento. Entonces, en su visita a Granada, ya admitió problemas con las adjudicatarias a cuenta de los modificados que pedían de los contratos, adjudicados tan a la baja que ahora dicen no poder ejecutar en esos términos económicos.

Desde esa visita, con otras elecciones celebradas que no pasaron factura al PP, se ha confiado la solución a un problema que alcanza ya graves repercusiones económicas a lograr un acuerdo con la adjudicataria, una Unión Temporal de Empresas formada por Dragados y Tecsa. 

No ha llegado. Y cómo se pone fin entonces al aislamiento ferroviario de Granada, la única capital española que no tiene conexión por tren. 

No se barajan otras alternativas, como exigen instituciones y agentes sociales, que apuntan por ejemplo a la utilización de la vía de Moreda. Este miércoles se volvió a constatar con las declaraciones del secretario general del PP granadino, Santiago Pérez, y del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

Pérez a través de un comunicado y Sanz a preguntas de los periodistas coincidieron en dar casi por inevitable que se acabará en una nueva licitación de la obra, lo que sin duda provocará nuevos retrasos.

El PP, según dijo Santiago Pérez, ya ha solicitado formalmente a la Delegación del Gobierno en Andalucía una reunión "con quien sea el responsable de Fomento, en cuanto se constituya el nuevo Gobierno", con el objetivo de exigir que, si hay que recurrir a un nuevo proceso de licitación, "se declare por urgencia, para recuperar al máximo el tiempo perdido". 

Utilizó el condicional porque, como el propio Sanz se encargó de resaltar que aún no se ha cerrado la rescisión del contrato. De hecho, sus declaraciones, recogidas por Europa Press, fueron objeto de una matización posterior para dejar claro que en estos momentos ha de hablarse de una posibilidad porque aún no se ha tomado la decisión definitiva y que se están estudiando "diferentes alternativas". 

Y dejaron claro que ni PP ni Gobierno asumen responsabilidades, culpando directamente a las empresas. Pérez llegó a recordar que conocían perfectamente el proyecto e incluso sacó pecho por la actitud del Gobierno de Rajoy "que no se ha prestado a las componendas de otros gobiernos que pretendían arreglarlo todo despilfarrando el dinero público". 

La única novedad que llegó del PP fue una petición de disculpas a la ciudadanía granadina por lo ocurrido y por el retraso, aunque no se consideren responsables. Y, una vez más, las críticas. Esta vez centradas en el alcalde, Francisco Cuenca, reprochándolo que lidere las movilizaciones en lugar de "tender la mano". 

Mientras tanto instituciones, partidos políticos y ciudadanía ven necesaria una movilización contundente. 

Ya lo había planteado antes de conocerse este nuevo giro la plataforma ciudadana Granada en Marcha, que había hecho un llamamiento para una gran manifestación el próximo 17 de septiembre.

Y también reclamó esa movilización el portavoz de IU en la capital, Francisco Puentedura, que instó al alcalde a liderarla. "La ciudad y la provincia no pueden seguir ninguneadas por el Gobierno central", dijo a los periodistas el edil.